EL PAíS › MUERTES Y ACCIONES VIOLENTAS QUE SE NATURALIZAN PARA QUE TODO SIGA IGUAL

El agua y el fuego

Mientras el universo mediático intentaba frustrar la reforma judicial y Macrì mostraba su respeto por las medidas cautelares, dos casos bonaerenses revelaban el funcionamiento institucional, que excede la justicia: la manipulación de las cifras de víctimas del temporal y la muerte de un buchón que desvió la investigación por el asesinato de Candela. Así quedará en pie la falsa versión apañada por Casal y Falbo, que oculta la participación policial en redes de ilegalidad vinculadas con la droga.

 Por Horacio Verbitsky

A casi un mes del temporal que devastó La Plata es imposible saber el número de víctimas. La cifra oficial quedó fijada en 52, pero el defensor de menores Julian Axat y el juez Luis Arias anunciaron otras cinco, que lograron identificar aplicando un protocolo estricto. Con el mismo método ya habían identificado a otros siete, con lo cual la suma llega a 64, pero no los difundieron porque el gobierno provincial consiguió que fueran apartados de la causa. Y además quedaron otras 300 muertes producidas en la misma semana que no llegaron a pasar por el cedazo del mismo protocolo, para saber cuántas tuvieron relación con la inundación.

El criterio oficial fue contabilizar sólo a las personas que murieron los días 2 y 3 de abril, siempre que fuera en la vía pública y si la causa de la muerte hubiera sido “asfixia por inmersión”. Este recorte tan restrictivo, excluyó otras causas también debidas al temporal, como cardiopatías, neumonías, hipotermias o electrocuciones. También ignoró las muertes producidas en los días siguientes, en el domicilio de las víctimas o en alguna institución. El protocolo de investigación aplicado por Axat y Arias consta de tres requisitos obligatorios: el testimonio de los familiares directos que describieron la forma del deceso y refirieron la cremación de los cuerpos; el análisis de los certificados de defunción y la constatación en las funerarias, donde verificaron el recorrido de los cadáveres. De este modo quedó al descubierto la operatoria irregular. Los testimonios (que refieren a muertes traumáticas, producto de la inundación) contradicen a los certificados de defunción (que consignan muerte por paro cardiorrespiratorio). Firmados por médicos policiales o por los médicos de cabecera presionados por los forenses, justificaron el recorrido inmediato de los cuerpos gestionado por las funerarias, sin pasar por la morgue y sin oficio judicial, para cremarlos después de un velorio exprés. Al analizar la documentación del Registro de las Personas en La Plata, Berisso y Ensenada, sobre los decesos ocurridos entre el 2 y el 11 de abril, observaron que en diversos casos no había tomado intervención la autoridad judicial competente y que los cuerpos fueron entregados mediante simple acta policial a sus familiares, sin la intervención de la Justicia exigida por el artículo 97 de la Ley 14.078. En otros casos el fiscal de turno dispuso la entrega de los cuerpos sin ordenar las correspondientes autopsias o se certificaron defunciones por causas no traumáticas cuando en realidad existían elementos de prueba que demostraban lo contrario.

Que no se diga

Así, se sumaron a la lista inicial cinco casos que el gobernador Scioli había desvinculado del meteoro:

- Caso 53: Juan Carlos García (62 años). Fue el primero anunciado por el juez Arias que no figuraba en el listado de Scioli. Agentes de la comisaría de Ringuelet le informaron a la familia que de acuerdo a lo ordenado por la fiscalía de turno sólo bastaba la constatación por un médico para la entrega del cuerpo a los familiares. Aunque se ahogó en la vía pública, el médico policial lo certificó como no traumático. Ese modus operandi se reiteraría.

- Caso 54: Edgardo Norberto Reguera (69 años). También ahogado en la vía pública, en la zona de 28 entre 43 y 44. Según el testimonio de su hijo, el forense adujo que no podía asistir y presionó al médico de cabecera para que registre la muerte como no traumática. Fue velado en la casa funeraria de 24 entre 45 y 46 y cremado.

- Caso 55: Hebe Oleastro Ballve de Casasco (75 años). Docente jubilada y ama de casa que murió de un paro cardíaco en el barrio La Loma en medio de la tormenta del 2 de abril, por falta de asistencia médica. La ambulancia llegó a las cinco y media de la mañana del 3, a tiempo sólo para llevarse el cuerpo. Los trámites se resolvieron sin demoras, fue velada en la casa funeraria de 56, entre 9 y 10 y cremada.

- Caso 56: Dolores Felicidad Fernández (90 años). En el libro de defunciones dice “agua” al margen de “paro cardiorrespiratorio no traumático”. Además, un testimonio en el juzgado corroboró que falleció a causa del temporal.

- Caso 57: Nélida Reyes (88 años). El libro de defunciones y el certificado registran “asfixia por inmersión”, pero como murió en el interior de su casa, ubicada en 8 y 525, no fue computada en la nómina oficial.

De los otros siete casos similares, pero que no llegaron a judicializarse porque el largo brazo del gobierno provincial llegó antes para correr al juez y al defensor, uno fue difundido por la prensa peruana:

- Caso 58: Josué Gonzalo Suárez Salazar. Falleció electrocutado dentro de una obra en construcción, donde trabajaba como sereno. Su cuerpo fue encontrado el 4 de abril, día que se registró como fecha de muerte. La electrocución no fue vinculada con el temporal. El Consulado del Perú tomó el caso y asignó un abogado a la familia, quien luego de presentarse como particular damnificado y solicitar la inhumación del cuerpo, obtuvo que declaren conexa la causa iniciada por averiguación de causales de muerte a la causa por el temporal. Aun así no pudo abrirse camino hacia la lista de Scioli, que no incluye a nadie que haya muerto después del 3 de abril.

- Caso 59: N. Sufrió una hipotermia y estuvo en coma desde el día del temporal hasta el 14 de abril, cuando falleció. Un primo se presentó para solicitar que se investigue su fallecimiento.

- Casos 60 y 61: AR, de 30 años, y su hija VR, de 5. Ambas fueron arrastradas por el agua. El cuerpo de la madre fue encontrado el día 4 y el de la hija el día 5. La Comisión Provincial por la Memoria está investigando este caso. Al cierre de esta edición no había podido verificarlo con la documentación necesaria.

- Casos 62, 63 y 64: CEB, AJC y CM. Los tres fueron registrados como óbitos por paro cardiorrespiratorio no traumático. CEB murió en su casa. Su hijo llegó al hospital de Gonnet, donde le dijeron que era muerte por inmersión, pero luego certificaron paro cardiorrespiratorio no traumático, y así evitaron la autopsia. Fue cremada de inmediato. En el caso de AJC, murió por un infarto cuando el agua alcanzó un metro y medio de altura en su casa. La policía solicitó que se ocupara de certificarlo el médico de cabecera. Los vecinos de CM refirieron que falleció ahogado, pero su familia prefirió guardar silencio.

Por otro lado, existen alrededor de 300 personas que fallecieron entre el 2 y el 11 de abril, contemporáneas a las víctimas por el temporal. Arias y Axat sospechan que algunas de estas muertes hayan sido causadas por la inundación, pero como los apartaron de la investigación no llegaron a obtener elementos de prueba. También hay una lista de “Vecinos” y otra de “Desaparecidos”, que se basan en rumores y declaraciones informales, de las que no se llegó a confirmar su existencia y su relación con el temporal. Mientras el diputado Guido Lorenzino, ex Subsecretario de Relaciones Económicas con la Policía, promovió el juicio político contra Arias y Axat por cumplir con su deber, la Procuradora Falbo encomendó la remoción de Axat de la causa al Defensor General platense Omar Ozafrain (h), quien designó para reemplazarlo a su hermana Laura Ozafrain. En una semana, ni ella ni la titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 2, Ana Logar, que substituyó al juez Arias, hicieron nada con la investigación. Mañana, Laura Ozafrain y la asesora de incapaces Ida Sherman, que intervenía con ella, remitirán la papa caliente a un defensor civil, para que él se arregle y el tiempo se devore a las víctimas en forma definitiva y los ministros de Scioli no tengan que seguir amenazando con pegarles a los periodistas que preguntan por las obras que no se hicieron para prevenir el desastre.

Que parezca un accidente

Quemado en un 80 por ciento de su cuerpo, el carnicero Roberto Arturo Aníbal murió el jueves, sumando escarnio al desempeño policial en la investigación del asesinato de Candela Sol Rodríguez. La Comisión Investigadora del Senado Bonaerense, que a instancias del vicegobernador Gabriel Mariotto volverá a reunirse pasado mañana, había concluido en septiembre que el caso fue armado sobre la base de testigos de identidad reservada. Por ello, pidió la destitución y enjuiciamiento del jefe de la Policía provincial y de medio centenar de sus hombres. Pero el gobernador Daniel Scioli y su superministro, alcaide mayor penitenciario Ricardo Casal, respaldaron en forma expresa a los incriminados, que siguen en funciones. Aníbal fue considerado como el testigo central por el fiscal Marcelo Tavolaro. Después de escucharlo, la Comisión concluyó que “se trata de una persona que ha sido manipulada con el objeto de vincular a los imputados con la promesa de la recompensa judicial”, para desviar la atención tanto de la vinculación del asesinato con el narcotráfico como de las bandas de policías que amparaban esos negocios ilegales. Aníbal dijo a la Comisión, que le habían indicado lo que tenía que declarar en la causa. Un integrante de la Comisión agrega: “Fue quien sirvió a la policía para anudar a Leonardo Jara, Fabián Gómez y López (quienes presuntamente se llevaron a la nena) con Helvio Bermúdez (quien presuntamente la mató). Todo basura”. Aníbal declaró cuatro veces y en cada una dio versiones diferentes. “Esto de ninguna manera puede fundar una detención como solicitó el fiscal. Es poco serio”, sostuvo la camarista Elizabet Fernández.

La recompensa era de 400.000 pesos, pero los acusados que Aníbal señaló recuperaron la libertad cuando se demostró la inconsistencia de su testimonio. Aníbal dijo a la Comisión que temía por su vida, porque sabía “demasiadas cosas”. Comenzó a reclamar en forma pública y en marzo llegó a encadenarse a la entrada de la Casa de Gobierno provincial. Muy locuaz, Aníbal fue quien contó que Scioli había pagado 800.000 pesos al cacofónico abogado Fernando Burlando, quien tiene le physique du rol exacto para un caso como este, para que defendiera a la madre de la nena, Carola Labrador. O tal vez para que lo defendiera a él de lo que la mujer pudiera decir. Al propio Aníbal lo defendió Fabián Améndola, un socio de Burlando. Según Aníbal, Burlando redactó las resoluciones que firmaba el fiscal Tavolaro. También dijo que además de la recompensa legal le habían ofrecido una casa y un trabajo. La que explotó se la habían dado los policías. Mencionó a Casal, al ex jefe Juan Carlos Paggi y al actual, Hugo Matzkin, y a otros oficiales. Scioli le encomendó a Casal que se hiciera cargo de él. Como el pago de la recompensa era discutible una vez que los que acusó quedaron en libertad y el fiscal Tavolaro fue apartado, el expediente fue sustraído del circuito administrativo por el consuegro de Casal, el Subsecretario de Justicia Carlos Enrique Cervellini. Protegido de miradas indiscretas, el alcaide mayor firmó la resolución 470/13. El Director General de Administración firmó los cheques a la orden de Aníbal, pese a que la resolución 290/07 establece en su artículo 8 que debe existir “sentencia definitiva firme” que valore la información suministrada. De todos modos, el carnicero no llegó a cobrar. “Plata o plomo”, dicen en Colombia. La versión bonaerense es “Plata y fuego”. El nuevo fiscal Mario Ferrario pidió que los imputados por Aníbal volvieran a ser detenidos, y la Procuradora Falbo lo respaldó, pese a que la Comisión Investigadora le había enviado su informe contundente. La muerte del buchón simplifica las cosas: el Código Procesal establece que las declaraciones de los muertos durante la investigación penal preparatoria se incorporan en forma directa al juicio. Nadie podrá hacerle preguntas y un tribunal complaciente podrá legitimar a la policía de Casal. De paso, cualquier otro arrepentido, queda avisado de lo que le espera si habla. Ante la Comisión, Aníbal declaró que si no le pagaban lo prometido iría “a los medios” a contar todo lo que sabía, y vaticinó: “Yo sé que me va a matar primero la policía que los chorros”. Sabía de qué hablaba: en cuanto se sentó ante la Comisión Investigadora, el 5 de julio de 2012 comenzó diciendo que no tenía ganas de vivir. “Lo único que he recibido son balazos, balazos en mi casa, balazos en una pierna, tengo tres tiros en una pierna, me han secuestrado últimamente, y cada vez que voy a ver a estos señores no me dejan ir a ningún lado. Estoy, como le puedo decir, estoy como un muerto en vida”.

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Imagen: Leandro Teysseire
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