Imagen: Rafael Yohai.

Si el fallo de la Corte hubiera sido favorable a la reforma judicial era muy probable que la oposición mantuviera la mayoría en el Consejo de la Magistratura. Si la oposición hubiera presentado una lista única, como ya se estaba planteando, hubiera tenido muchas posibilidades de obtener la mayoría ya que en una elección de medio término como la de octubre el voto se dispersa y, a lo sumo, el oficialismo mantendrá la mayoría relativa.

Pierde fuerza así el argumento de que el oficialismo buscaba la reforma por un cálculo inmediatista para ganar la Magistratura. El Gobierno no tenía un resultado asegurado. A lo sumo iría a esas elecciones con las mismas posibilidades que la oposición. Tanto fue así que la interpretación de la Constitución que eligió la Corte para rechazar la elección popular de consejeros de la Magistratura no se basó en este tema sino que apuntó a defender el privilegio excluyente de los organismos corporativos de abogados y jueces para elegir a esos consejeros.

La propuesta de elección popular no implicaba un cambio inmediato en la correlación de fuerzas en la Magistratura porque ese resultado no estaba cantado ni mucho menos. Era un objetivo que se podía lograr o no. En cambio sí apuntaba a romper en forma inmediata ese privilegio corporativo.

El fallo de la Corte no se fue por las ramas. No se asentó en ninguno de los argumentos supuestamente democratistas de la oposición, sino que apuntó centralmente al objetivo planteado en los fundamentos de la reforma judicial. La Constitución dice que los consejeros deben ser representantes “estamentarios”, y seis de los siete jueces que integran la Corte interpretaron que si son representantes estamentarios, deben ser elegidos por esos estamentos. Sin embargo, lo único que dice la Constitución es que tiene que haber representantes abogados y jueces, que provengan de esos estamentos. Si los constituyentes hubieran querido que esos consejeros fueran elegidos por los estamentos, lo hubieran puesto en la letra de la Constitución. Al no hacerlo, dejaron abierto el mecanismo de elección. Esto no es una interpretación, es un hecho. Lo de la Corte es una interpretación.

Los fundamentos de esta ley de reforma de la Magistratura señalaban que se buscaba una democratización de ese organismo, haciéndolo menos corporativo. En oposición, el fallo de la Corte la declara inconstitucional y lo hace en defensa de la potestad de las corporaciones para elegir a los representantes. El tema central fueron en todo momento las corporaciones y no la independencia del Poder Judicial, que si bien también aparece planteada en el fallo, no desplaza del centro de la cuestión al otro aspecto.

El eje estuvo todo el tiempo más en el ámbito judicial que en el republicano. Los organismos corporativos se hubieran debilitado en su interna si perdían esa función electiva y la Corte habría tenido que afrontar una reacción furiosa si declaraba constitucional la ley de reforma de la Magistratura. Con su fallo, la Corte no elige ser opositora al Gobierno, sino evitar la andanada que se le anunciaba. Aunque también es un mensaje al Gobierno de que no se meta en la realidad judicial que debe gestionar la Corte Suprema.

El Gobierno conocía este escenario cuando lanzó las seis leyes de “Democratización judicial”. Sabía que provocaría la reacción furiosa de los organismos corporativos que tienen mucha fuerza en el ámbito judicial y que, tratándose de abogados y jueces, esta fuerza se proyecta al resto de la sociedad. También sabía que la Corte sería muy sensible a esa reacción.

Este carácter conservador y corporativo ha sido histórico en el ámbito judicial. Pero el Gobierno advirtió un aspecto nuevo en esa realidad, a partir de la ley de medios. En general, el fallo de la Corte e incluso el impulso de la reforma judicial tienen como telón de fondo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

El hecho tan impactante de que la ley de medios fuera frenada por más de tres años por una cautelar aceptada por un juez subrogante jubilado cuya designación había sido irregular, hecha manualmente por un juez, representante en la Magistratura, ex funcionario de un gobierno radical, fuerza que se oponía a esa ley, despertó una ola de indignación en el mismo ámbito judicial.

La intervención política a partir de la manipulación de la Justicia fue tan evidente en ese proceso, que provocó la indignación de jueces y fiscales de las generaciones más jóvenes, junto con abogados, funcionarios judiciales y estudiantes. El descontento con una estructura judicial esclerosada y conservadora venía de antes, pero hizo eclosión a partir de ese proceso que desnudó la injerencia que tenían en esa estructura las grandes corporaciones económicas y las roscas de poder.

El malestar se cristalizó en un debate, en numerosas reuniones, en declaraciones y seminarios. Este fenómeno fue el que advirtió el Gobierno cuando envió la reforma judicial sabiendo la reacción que produciría y las posibilidades de que fuera rechazada. Advirtió lo que podía ser el comienzo de un proceso de transformación similar al de la Reforma Universitaria, como lo indicó Cristina Kirchner en el discurso del Día de la Bandera. También se trataba de una institución conservadora y corporativa que parecía inmutable. Pero no hay nada inmutable en el tiempo. Por el contrario, la norma es el cambio. Como cambió la universidad, cambiará la Justicia. El Gobierno advirtió lo que podría ser el comienzo de ese proceso y plantó un mojón con las leyes de reforma judicial.

Por eso, no se puede decir que la Corte tuviera un solo camino. Tenía opción. Y decidió por el statu quo, no quiso ser parte de ese proceso de cambio que tendrá lugar en el debate en todas las facultades de Derecho a partir de ahora. Los nuevos profesionales se formarán en esa discusión que se plasmará más tarde o más temprano.

La ley que provocó el terremoto todavía está en proceso judicial. La Corte anunció que decidirá sobre ella antes de las elecciones. En la próxima acordada de la Corte no estarán todos los magistrados, así que se espera que haya un fallo para el 2 de julio. Más tarde empezarían las campañas de las primarias y luego las campañas para las elecciones de octubre. Si se demora hasta después de las elecciones, habrán pasado casi cuatro años desde que la ley fue aprobada por el Congreso.

La ley transitó un proceso previo de discusión en universidades, barrios, sindicatos y asociaciones profesionales en todo el país antes de llegar al Parlamento, donde fue discutida otra vez y aprobada con el voto de oficialistas y sectores de la oposición. No hubo mayoría automática ni celeridad de tratamiento. El trámite de su aprobación fue transparente y democrático. Sin embargo, el poderoso grupo empresario que sería el más afectado por su aplicación, el Grupo Clarín, junto a sectores minoritarios que se opusieron a la ley, encontraron la complicidad de una estructura judicial para frenarla.

La travesía escandalosa de la ley por la Cámara Civil y Comercial, algunos de cuyos jueces son representantes en el Consejo de la Magistratura, donde se operó para designar a jueces que aceptaran las cautelares, o han encabezado la Asociación de Magistrados que es el vértice del poder corporativo, y otros han sido acusados de recibir regalos y prebendas del Grupo Clarín, puso en la vidriera de la sociedad una imagen apolillada y decrépita de la Justicia. Una imagen que profundiza la desconfianza. Y si en la sociedad no hay confianza en la Justicia, la institución pierde sentido.

La Corte decidirá sobre este escenario donde ya debió intervenir contra la reforma de la Magistratura para apagar las consecuencias del malestar generado por la protección judicial que se le dio a un poderoso grupo empresario de medios. Pero ahora no decidirá sobre consecuencias sino sobre la ley que las causó, una ley que pone en juego fortunas millonarias, que confronta con jugadores de mucho poder que han cooptado a sectores de la Justicia y que ha tensionado al máximo el mundo de la política. Tendrá que fallar en un acto que no debería haber existido, porque en este caso la Justicia fue usada como una mera coartada para impedir la aplicación de una ley que afecta poderosos intereses.