EL PAIS › OPINION

La casona, una carta y el plan de la dictadura

 Por Daniel Cieza *

La comprobación de que el inmueble donde se reunía el grupo de grandes empresarios y altos jefes militares, conocido como “Club Azcuénaga”, fue propiedad de Carlos Pedro Blaquier no es un dato menor. La mansión del barrio de Recoleta –sobre la que informó este diario– adquiere un fuerte simbolismo. Es allí donde, según testimonios calificados, se elaboró el plan económico de la última dictadura cívico-militar. Es allí donde se confirma que el golpe de 1976 tenía dos jefaturas: Jorge Rafael Videla y José Alfredo Martínez de Hoz.

Aparte de los datos contenidos en el importante libro de Vicente Muleiro, titulado 1976. El golpe civil, hay un testimonio irrefutable. Se trata de la carta que el Sr. Jorge Zorreguieta le envió el 3 de marzo de 2001 al historiador holandés Michiel Baud, y que éste publicó en su libro titulado El padre de la novia. La carta de Zorreguieta es una suerte de descargo ante un informe de un académico designado por la Corona holandesa para establecer su participación en la última dictadura. En base al Informe Baud, el ex secretario de Agricultura de Videla no fue invitado a la boda real en Holanda.

En su carta de descargo, Zorreguieta dice textualmente: “Estimado profesor Baud. En la reunión de Nueva York le hice verbalmente algunas observaciones o aclaraciones sobre su informe. A mi regreso a Buenos Aires considero útil hacerle llegar por escrito una ampliación o confirmación de las mismas: 1) Debo dejar aclarado que yo no participé de ninguna manera en la preparación del golpe militar de 24 de marzo de 1976. El programa económico del gobierno del Proceso fue formulado por un grupo de personas que se reunían en el llamado Club Azcuénaga, del cual yo no participaba. La parte correspondiente al Sector Agropecuario la redactó el Dr. Mario Cadenas Madariaga, cuya actuación provenía de la Confederación Rural del Litoral que formaba parte de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) que no siempre se llevaba bien con la Sociedad Rural Argentina”.

La carta de Zorreguieta es clara en el sentido de que hubo un programa económico del “Proceso” en el que participaron civiles. Sólo identifica a Cadenas Madariaga y se abstiene de hablar de dictadura en todo el texto.

La referencia a la carta de Zorreguieta está en el expediente judicial que tramita en Jujuy y Salta sobre la responsabilidad de Blaquier en delitos de lesa humanidad cometidos contra trabajadores del Ingenio Ledesma. El juez Poviña la menciona al fundamentar el procesamiento del industrial citando algunos trabajos de investigadores académicos sobre la temática. El texto completo de la carta figura como anexo en el libro ya mencionado y editado por Fondo de Cultura Económica en Buenos Aires en el año 2001.

Cabe agregar que el testimonio de Zorreguieta cobra especial relevancia porque fue y es muy allegado a Blaquier. Al finalizar la última dictadura fue designado presidente del Centro Azucarero Argentino, entidad controlada por el grupo Blaquier. Con posterioridad, el industrial fue uno de los invitados a la boda de Máxima, a la que no pudo asistir su padre.

Por último, es importante señalar que algunos de los mencionados por Muleiro como integrantes de la “mesa chica” que redactó el plan económico mantuvieron su estrecha amistad con Videla y Martínez de Hoz. Con motivo de sus respectivas exequias, en los avisos fúnebres de La Nación se pueden leer las condolencias de Carlos Pedro Blaquier, Horacio García Belsunce, Juan Etchebarne o Mario Cadenas Madariaga.

Resulta paradójico que la responsabilidad de grandes empresarios deba investigarse a través de noticias sociales como bodas y obituarios. Pero, como escribió un antiguo fiscal académico de la gran empresa capitalista, Edwin Sutherland, a los delincuentes de “guante blanco” no se los encuentra en las páginas policiales ni en los expedientes judiciales.

Los cómplices civiles, autores o instigadores de graves delitos como los de rebelión, asociación ilícita, o de prácticas genocidas, no se consideran a sí mismos, ni son habitualmente denunciados como delincuentes. Sólo se consideran transgresores o “innovadores” respecto de normas “arbitrarias” fijadas por el Estado que afectan sus negocios. Su complicidad intelectual sólo puede ser establecida por indicios. Uno de los indicios es analizar las posiciones de poder que ocuparon personalmente o a través de gerentes en gobiernos de facto. Otro indicador suelen ser los beneficios que obtuvieron los grupos económicos que dirigen a partir de procesos dictatoriales. Hay suficientes indicios en el período del terrorismo de Estado como para imputar y procesar a los que el saber popular había bautizado como “barones ladrones” a principios del siglo XX.

* Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

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