EL PAíS › EL JUICIO CIVIL SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE MERCEDES BENZ EN DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Una cita en la Corte de Estados Unidos

La fusión de Mercedes Benz con la DaimlerChrysler habilitó la posibilidad de entablar una demanda civil en tribunales norteamericanos, ya que en ese país la compañía tiene casa matriz. El martes se realizará una audiencia para discutir la competencia del caso.

 Por Irina Hauser

Los 14 obreros desaparecidos de Mercedes Benz y los tres que fueron liberados habían participado en 1975 en una huelga.

Los familiares de los 14 obreros desaparecidos de Mercedes Benz y los tres que sobrevivieron a su cautiverio tendrán el martes próximo una audiencia en la Corte Suprema de Estados Unidos, donde llevan adelante un juicio civil para que la empresa automotriz (hoy DaimlerChrysler) los indemnice. La demanda se basa en documentos y testimonios que revelan la complicidad de la compañía en el secuestro y desaparición de sus empleados durante la última dictadura. En Argentina, donde hay una causa penal abierta desde 2002, el caso sigue impune: nunca ningún directivo de la planta automotriz fue ni siquiera llamado a indagatoria.

El relato de Héctor Ratto, uno de los sobrevivientes de la comisión interna de la fábrica de Mercedes Benz de González Catán (opositora a la conducción de Smata), ha sido bien ilustrativo acerca del papel de la empresa durante la última dictadura. El 12 de agosto de 1977 policías de civil lo fueron a buscar directamente a la planta. El se resistía a salir. Pero el gerente, Juan Tasselkraut, lo condujo en persona hacia los agentes. Ratto escuchó cómo el directivo les entregaba la dirección de uno de sus compañeros, Diego Núñez, a quien una patota fue a buscar horas más tarde. A Núñez, mecánico tornero y delegado gremial, en rigor lo secuestraron dos veces. Tras la primera fue liberado a los dos días, después de haber sido torturado. La segunda ya no volvió nunca más, y sigue desaparecido.

Los 14 obreros desaparecidos de la Mercedes Benz y los tres que fueron liberados después de haber estado cautivos en centros clandestinos habían participado en 1975 en una huelga en la fábrica, que derivó en el despido de 115 trabajadores, que luego tuvieron que ser reincorporados. La periodista alemana Gabriela Weber, quien investigó la historia y la volcó en el documental Milagros no hay, entregó en 2002 en el juicio por la verdad que se realizaba en La Plata un informe de la filial argentina de Mercedes Benz que decía que aquellos despidos habían sido un “pedido urgente del entonces ministro de Trabajo (Carlos Ruckauf) y de la dirección de Smata” para “eliminar elementos subversivos de las fábricas”.

La denuncia penal por las desapariciones se hizo en 2002. Estuvo un tiempo en la Justicia Federal porteña y luego pasó a los tribunales de San Martín, pero nunca hubo llamados a indagatoria. Sólo fue juzgado el secuestro de Ratto en el juicio por los crímenes cometidos en el centro de exterminio que funcionó en Campo de Mayo, por los que fueron condenados Santiago Omar Riveros, Reynaldo Bignone y Luis Patti.

El abogado de los familiares y las víctimas, Eduardo Fachal, volvió a pedir en agosto a la jueza Alicia Vence, que tiene la causa actualmente, que cite a indagatoria a Tasselkraut, pero aún no hubo respuesta. A la vez, parte de la pesquisa se mudó a La Plata, ya que dos de los desaparecidos de la comisión interna estuvieron detenidos en la Brigada de Lanús. Tasselkraut ha sostenido ante los tribunales argentinos que a él ya lo juzgó la Justicia alemana. Fachal dice que es cierto, pero que tiene “falta de mérito”, lo que implica que prevalecen dudas sobre su actuación. La fusión de Mercedes Benz con la Daimler Chrysler a fines de los noventa fue lo que habilitó la posibilidad de entablar una demanda civil, por daños y perjuicios, en los tribunales norteamericanos, ya que en ese país la compañía tiene casa matriz, en Michigan. La Justicia de primera instancia y la Cámara de California rechazaron el pedido de los familiares y víctimas, pero la Corte local dijo finalmente que había que admitirlo y tramitarlo. La apelación de la empresa fue lo que hizo que el caso llegara a la Corte Suprema, que puso fecha de audiencia para el 15 de octubre. Por ahora lo que se discute es una cuestión de competencia. O sea, primero la Corte debería definir si la Justicia norteamericana es competente, y recién después se verá si vuelve a los tribunales inferiores para que entren a analizar el tema.

Por lo pronto, el máximo tribunal de Estados Unidos incluyó la demanda entre los temas que tratará este semestre. En la audiencia pública, las partes tienen media hora para dar sus argumentos, y también participará el Departamento de Justicia. Como se estila en Argentina, se pueden presentar amigos del tribunal. Por lo pronto, por Mercedes Benz se presentaron cámaras y asociaciones diversas, como la Asociación de Fabricantes de Autos y la Cámara de Comercio, entre otras. Por las víctimas se presentaron algunas ONG.

Más allá del testimonio de Ratto, tanto en Estados Unidos como en los tribunales argentinos se fue incorporando documentación que permite entender cómo actuó Mercedes Benz durante el terrorismo de Estado. Hubo un informe que la propia empresa elaboró, a pedido de los accionistas críticos. Habla, por ejemplo, de la existencia de expedientes policiales secretos que señalan que “hubo contactos entre Mercedes Benz y las fuerzas de seguridad”. Por ejemplo, menciona que Reimer “era sospechado de ser agitador”, lo que estaba en “conocimiento” del Batallón de Inteligencia 601. El informe lleva el apellido de su autor, Christian Tomuschat.

También fueron presentadas como prueba actas de directorio. En una de ellas consta el resultado del operativo en la casa de uno de los obreros de la planta donde se reporta que hallaron ahí, entre otras cosas, un ejemplar del Manifiesto comunista. Un informe de uno de los directores, Pedro De Elías, que falleció, dice que se reunió con autoridades militares y que les dijo que ya dejaran de perseguir a los obreros porque en la fábrica estaba todo más tranquilo.

El abogado Fachal explicó a Página/12 que además de la indemnización “como reparación integral por las violaciones a los derechos humanos de la empresa” se aspira a que “Mercedes Benz construya un hospital en González Catán devolviéndole de ese modo algo a la sociedad”.

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