Amado Boudou no tuvo suerte en su intento de lograr que la Cámara de Casación Penal lo desvincule del caso Ciccone. La Sala IV de ese tribunal rechazó por “inadmisible” un recurso que había presentado el vicepresidente, donde advertía que no había en la causa ninguna definición sobre qué delito cometió. La resolución señala, con los votos de dos jueces, que la investigación penal debe completarse hasta poder esclarecer la cuestión de fondo. Es una decisión técnica, que no analiza los hechos ni las pruebas, y que lo que determina –en esencia– es que el expediente debe continuar. El abogado defensor, Diego Pirota, anunció que insistirá con su planteo ante la Corte Suprema.

Lo que se investiga respecto de Boudou es qué papel jugó en el rescate de la quiebra de la ex Ciccone, la imprenta que produce billetes; si se quiso beneficiar con la operación cuando era ministro de Economía y/o si quiso hacerlo respecto de un grupo de allegados y amigos, entre ellos su socio José María Núñez Carmona. Sus abogados recurrieron a la Cámara de Casación con un planteo de “falta de acción” que decía que después de casi dos años de trámite del expediente, ya había pasado un plazo razonable sin precisiones sobre la imputación. La presentación tuvo el aval del fiscal Javier de Luca. Pero los jueces Gustavo Hornos y Juan Gemignani consideraron que el vicepresidente debe seguir bajo la lupa judicial. Cada uno dio argumentos por separado, pero coincidieron en rechazar el pedido de la defensa.

Hornos, entre sus razones más técnicas, dijo que para que Casación acepte analizar un caso así debería estar en juego alguna decisión equivalente a una sentencia definitiva o plantearse alguna arbitrariedad muy patente, algo que no halló. Señaló que si bien para cualquier persona implica una “afectación” continuar “sometida a proceso penal” en este caso la “trascendencia o gravedad institucional de las imputaciones cursadas requieren que se culmine la investigación y se adopte una decisión fundada sobre el fondo del asunto”. Gemignani, en términos muy duros, dijo que “si verdaderamente la defensa pretende evitar dilaciones indebidas deberá, en primer lugar, elegir procedimientos legalmente pertinentes para expresar la defensa de su pupilo” y plantearlas “en los términos que la ley procesal le impone”. Además fue crítico con el fiscal De Luca, a quien atribuyó una postura contradictoria y un proceder “licencioso”.

De Luca había dictaminado a favor de hacer lugar a la presentación de Boudou y señalaba su situación de incertidumbre. Lo que se le había adjudicado, decía, era que opinó a favor de un plan de pagos de la AFIP para que Ciccone levantara la quiebra, pero no estaba claro cuál era ese delito. El fiscal decía que el ente recaudador es el que podía otorgar ese plan de pagos, no Boudou, y que de todos modos no se otorgó. El juez Mariano Borinsky fue el único de la Sala IV que avaló el planteo de De Luca. Sostuvo que “en la causa se advierte una actividad procesal importante”, pero “no se le ha dado al investigado y a la sociedad una respuesta consistente en qué hechos con relevancia jurídico-penal están siendo investigados”. Según Borinsky, la doctrina indica que cuando el fiscal pide reformular actuaciones y precisar una imputación, así debe ser.

La principal especulación en tribunales decía ayer que Boudou ya estaría en condiciones de ser citado a indagatoria. Tiene un pedido para declarar como sospechoso que hizo el fiscal Jorge Di Lello en febrero, donde le imputa “negociaciones incompatibles” con la función por “haberse interesado” en el levantamiento de la quiebra. También pidió citar al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Todavía, sin embargo, hay algunas cuestiones pendientes en la causa que pueden ser claves en determinar cómo sigue. Por lo pronto, esta semana habrá audiencias en la Sala I de la Cámara Federal por una serie de planteos de nulidad que hizo Boudou de los testimonios que brindaron Nicolás Ciccone y su yerno, Guillermo Reinwick, en las que le atribuyeron haber manejado personalmente las negociaciones para el salvataje de la imprenta.

Boudou niega haber participado de la trama que le adjudican los Ciccone. La validez que le dé la Cámara a aquellos relatos puede ser determinante cuando el juez Ariel Lijo se ponga a analizar con qué elementos de prueba cuenta en el expediente.

La quiebra de la imprenta fue levantada con la aparición del fondo de inversión The Old Fund, que encabezaba Alejandro Vandenbroele, cuya ex esposa –Laura Muñoz– declaró que era el testaferro de Boudou. Boudou siempre sostuvo que no lo conoce y jamás habló con él. El nexo conocido entre ambos es el alquiler de un departamento del vicepresidente en Puerto Madero, aunque el que aparecía como inquilino era Fabián Carosso Donatiello, quien vive en España, y esta semana declarará por viodeoconferencia. También tendrà que declarar como testigo, nuevamente, el director general de Asuntos Jurídicos del ministerio de Economía, José Guillermo Capdevilla, quien desde su funciòn habìa dictaminado que al Palacio de Hacienda no le correspondía instruir sobre un plan de pagos para Ciccone. También tiene que declarar Eduardo Romano, secretario privado de Boudou.

La defensa de Boudou seguirá intentando dar su batalla en la Corte Suprema. El abogado Pirota dijo que discrepa “totalmente” con el fallo de Casación. “Esta causa lo único que tiene es un componente político mediático, no es una causa jurídica –se quejó–; hace dos años y medio que se dejó de discutir derecho.”