EL PAíS › EL PRESIDENTE RESOLVIO CONVOCAR AL CONSEJO DE GUERRA POR LOS DICHOS DE LOS MILITARES

Kirchner va a decidir la sanción de represores

La reivindicación de la tortura y la desaparición forzada que realizaron los generales Ramón Díaz Bessone, Reynaldo Bignone y –en menor medida– Albano Harguindeguy será analizada por un Consejo de Guerra. Las revelaciones fueron realizadas a la televisión francesa y publicadas en Página/12.

 Por Raúl Kollmann

El gobierno nacional tiene decidido emitir un decreto convocando un Consejo de Guerra para que juzgue a los ex generales Reynaldo Bignone, Ramón Díaz Bessone y Albano Harguindeguy por haber reconocido el asesinato clandestino de los detenidos-desaparecidos y admitir que utilizaron en forma sistemática la tortura para obtener información. El titular del Ejército, Roberto Bendini, instruyó un sumario que se inicia con las copias de Página/12 del domingo, lunes y martes pasados, donde se transcriben los dichos de los ex integrantes de las cúpulas militares. Los tres imputados declararon en ese sumario argumentando que fueron sorprendidos en su buena fe con cámaras ocultas, pero el caso es que la imputación en su contra no es por hablar sino por actuar en contra de las leyes y los reglamentos a los que están sometidos los militares. Como se trata de generales, el presidente Néstor Kirchner no los puede dar de baja con un decreto y ordenó seguir los pasos previstos en los códigos militares: la sanción debe ser impuesta por un Consejo de Guerra. A pedido del general Bendini será convocado el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para que proceda al juzgamiento. Se calcula que el proceso hasta la sentencia puede tardar entre quince días y un mes.
El periodista Horacio Verbitsky dio a conocer las confesiones de Díaz Bessone filmadas para el telefilm Escuadrones de la Muerte, dirigido por la francesa Marie-Monique Robin. Entre otras cosas, Díaz Bessone dijo:
- “¿Cómo puede sacar usted información a un detenido si no lo aprieta, si no tortura?”
- “Lo de los 30.000 desaparecidos es propaganda. La verdad es que no llegan a 7000. ¿Usted cree que hubiéramos podido fusilar a 7000? Al fusilar tres nomás, mire el lío que el Papa le armó a Franco con tres. Se nos viene el mundo encima. Usted no puede fusilar 7000 personas.”
- “¿Y si los metíamos en la cárcel, qué? Ya pasó acá. Venía un gobierno constitucional y los ponía en libertad.”
Semejantes dichos, grabados en el marco de una entrevista a los militares argentinos sobre la influencia francesa en la represión, significaron que por primera vez un alto mando justificó la tortura y admitió que se asesinó en forma secreta a los detenidos-desaparecidos.
El lunes, este diario dio a conocer las manifestaciones del ex presidente de facto Reynaldo Bignone.
- “Nuestro Presidente habla de 30.000, pero sólo fueron 8000.”
- Aseguró que en una reunión con tres obispos, éstos le manifestaron su acuerdo con el uso de la tortura para sacar información importante.
- Bignone argumentó también que “el delincuente tiene que saber que en la comisaría por lo menos una pateadura se va a ligar”.
El martes, llegó el turno del general de división Albano Harguindeguy, quien se diferenció levemente de sus colegas.
- Admitió que las Fuerzas Armadas secuestraron, torturaron y asesinaron detenidos.
- Dijo que ese método fue aprendido de los militares franceses que lo usaron en Argelia e Indochina.
- “De todas maneras constituyó una violación de los derechos humanos reconocidos por las Naciones Unidas.”
- “Fue un error político.”
El titular del Ejército, Roberto Bendini, tomó los tres ejemplares de Página/12 e instruyó un sumario al que fueron convocados a declarar los tres militares. El instructor partió de la base que incluso hacer manifestaciones públicas, sin permiso del jefe de la fuerza, constituye una falta militar, pero esto se trató de algo de mayor gravedad: un delito militar. Bendini le pidió entonces al ministro de Defensa, José Pampuro, autorización para seguir adelante con el proceso.
Los tres militares argumentaron que se los filmó con cámara oculta y que fueron sorprendidos en su buena fe. Además, señalaron que ya fueron juzgados en su momento por los eventuales delitos de los que hablaron. Aquí es donde surge un punto que los hombres del Gobierno consideran clave: en las causas judiciales anteriores, todos negaron la existencia de ejecuciones clandestinas o aplicación de torturas para conseguir información. Ahora, en cambio, aparecen confesos.
Además, hay un punto que diferencia la situación de los tres ex generales con el caso anterior, parecido al actual, que tuvo como protagonista al ex capitán Alfredo Astiz. Ante la revista trespuntos el Angel Rubio aseguró que “la Armada me enseñó a destruir. Soy el mejor para matar a un político o a un periodista”. El entonces presidente Carlos Menem, en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, dictó un decreto en el que destituyó a Astiz por “provocar con su actitud inconsulta e irresponsable una situación de gravísima repercusión social y política, que afecta seriamente el prestigio de la Armada y otras instituciones”. La diferencia es que Díaz Bessone, Bignone y Harguindeguy tienen el grado de general y el Código Militar indica que no pueden ser sancionados directamente por un decreto presidencial sino que corresponde hacerles un Consejo de Guerra. Kirchner entonces le pidió opinión al secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zanini, y trascartón ordenó que se siguieran estrictamente los pasos ordenados por las leyes, códigos y reglamentos.
De acuerdo con las normas, el comandante en jefe, o sea Kirchner, está obligado a ejercer su autoridad disciplinaria, por lo tanto castigar no es una decisión que ponga en marcha voluntariamente el Presidente sino que constituye una obligación. Por ello, el siguiente capítulo de esta historia es el pedido, ya realizado, del general Bendini al ministro Pampuro para que se dicte un decreto, firmado por el Presidente, convocando al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Allí habrá un fiscal que acuse a los tres, éstos tendrán defensores y el Consejo de Guerra tomará la decisión que corresponda. Según trascendió, no se juzga sólo lo que dijeron, sino el hecho fundamental de que “un militar no puede tener la doctrina de la tortura” o “no puede reivindicar como modus operandi las ejecuciones clandestinas”.
Los cálculos que se hacían ayer en la Casa Rosada indicaban que en menos de una semana estaría convocado el Consejo Supremo y que en dos semanas o un mes se leerá la sentencia. Según los primeros análisis puede haber diferencias en las penas, de acuerdo con las distintas actitudes que mantuvieron los tres ante la televisión francesa. Pero indudablemente en el horizonte aparece la destitución y la baja, lo que significa dejar de ser militar y no cobrar más el sueldo de retirado.

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El ministro de Defensa, José Pampuro, es el nexo con la fuerza para impulsar las sanciones.
Los generales Díaz Bessone (arriba), Reynaldo Bignone y Albano Harguindeguy temen la baja.
 
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