EL PAíS › ANTES DE RESOLVER SOBRE LAS ELECCIONES, LA CORTE TUCUMANA DEBE DEFINIR SU INTEGRACION

Un tribunal donde todo está por verse

Los dos jueces originales de la Corte que no se excusaron están en la mira de la oposición y ya se analizan posibles recusaciones a los tres que por sorteo fueron designados como reemplazantes. No es sencillo conseguir sustitutos.

 Por Nicolás Lantos

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán decidirá a partir de mañana si sostiene la nulidad de los comicios en esa provincia, como decidió la Cámara en lo Contencioso y Administrativo, o si por el contrario revertirá ese fallo y proclamará al oficialista Juan Manzur, el candidato más votado, como el próximo gobernador tucumano. Sin embargo, todavía se desconoce cuál será la conformación de ese tribunal. El viernes a la noche se excusaron tres de los cinco supremos y se sorteó a sus reemplazantes, pero mañana, cuando se retome la actividad judicial, puede haber nuevos cambios porque se anticipan otras recusaciones.

Muchos de los magistrados que podrían ser elegidos para efectuar los nuevos reemplazos se excusaron preventivamente. La composición de la Corte que decidirá el futuro electoral tucumano es una incógnita tan grande como resultado final del intríngulis legal y político generado por la anulación de los comicios.

De los cinco jueces que conforman el máximo tribunal provincial, tres ya se excusaron. Antonio Gandur, presidente del cuerpo, por haber intervenido en el caso como titular de la Junta Electoral Provincial (que sostuvo la validez del acto electoral); Claudia Sbdar por mantener una “enemistad manifiesta” con uno de los abogados del frente opositor Acuerdo del Bicentenario y Antonio Estofán porque se encuentra en Europa y no puede regresar a tiempo para reincorporarse.

Sólo dos vocales naturales de la Corte se declararon en condiciones para intervenir en el fallo: René Goane y Daniel Posse, pero este ya fue recusado por el Acuerdo para el Bicentenario, por tratarse del hermano del fiscal de Estado de la provincia y por ser un ex funcionario alperovichista. Desde el frente opositor evalúan intentar también el apartamiento de Goane, argumentando que sus hijos trabajan en la Junta Electoral y en la Fiscalía de Estado.

El problema es que tampoco es sencillo conseguir reemplazantes. El primer lugar donde se buscaron subrogantes fue en el ámbito Contencioso Administrativo, pero todos los candidatos se excusaron por tener distinto grado de relación con una u otra de las partes. Una hija del juez Rodolfo Novillo trabaja en el despacho de la senadora Silvia Elías de Pérez y Sergio Gandur es hijo de Antonio, presidente de la Junta Electoral y juez supremo ya excusado.

Agotado ese fuero, se debió acudir a la Cámara en lo Civil y Comercial. De allí salieron sorteados los jueces Carlos Ibáñez, Benjamín Moisá y Raúl Bejas, que, hasta ahora, conforman, junto a Goane y Posse, el tribunal que decidirá la validez o no de los comicios. Pero esta composición puede ser cuestionada aún por cualquiera de las dos partes, de forma tal que todavía hay incertidumbre en cómo quedará conformado.

Además de los titulares Posse y Goane, el subrogante Moisá está en la mira del acuerdo opositor, por ser cuñado de un legislador oficialista. En caso de que alguna de esas objeciones prospere, deberán ser reemplazados por otros camaristas civiles. Por las características endogámicas del Poder Judicial tucumano, es probable que alguno de ellos pueda ser recusados también por alguna de las dos partes intervinientes. Todos estos planteos deberán ser resueltos mañana a primerísima hora.

Los tiempos acucian (todas las autoridades tucumanas cesarán en sus cargos el 29 de octubre y, si este pleito no está resuelto para entonces, la provincia podría entrar en situación de acefalía) por lo que la Corte dará plazos muy cortos para que las partes cumplimenten cada instancia legal, además de declarar que todos los días y horas son hábiles a los efectos esta causa.

Una vez resueltas las recusaciones, la Corte deberá resolver si acepta o no el pedido de “per saltum” que formularon por separado los representantes del gobierno provincial y los apoderados del Frente para la Victoria, aunque ese paso podría devenir abstracto y evitarse si antes la Cámara en lo Contencioso Administrativo acepta la apelación presentada por el oficialismo y eleva al máximo tribunal el expediente del caso.

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