La publicación del editorial del diario La Nación al día siguiente de las elecciones, la inmediata reprobación que generó entre trabajadores del diario y en una inmensa mayoría de la sociedad y la respuesta de Mauricio Macri hablan de la consolidación del proceso de Memoria, Verdad y Justicia por fuera de las fronteras históricas marcadas por el espacio más asociado a los organismos de derechos humanos, e incluso del kirchnerismo. Verónica Torras, filósofa, especialista en comunicación y coordinadora del programa Memoria en Movimiento, entiende que esa respuesta muestra “que este proceso está en la base de nuestra democracia, que se fundó sobre la demanda de Memoria, Verdad y Justicia de los organismos, primero sostenida en soledad pero que se fue transformando en un valor para la mayoría de la sociedad, que la entiende como un umbral que no se puede trasgredir”. Señala que “quienes están hoy en el lugar de resistencia, en la trinchera, son los editoriales de La Nación, los perpetradores y quienes asumen su defensa pública”. Ella analiza aquí al PRO como espacio heterogéneo, con distintas posiciones ante este proceso. Y mira las disputas de sentidos culturales y políticas detrás de lo que entienden como derechos humanos.

–Lo primero que habría que decir es que el contenido del editorial es repudiable, y que el rechazo haya surgido de los trabajadores del diario pone en evidencia que los derechos humanos no son únicamente una bandera de las organizaciones históricas y del kirchnerismo, como les gustaría a los dueños del periódico. Por otro lado, el contenido no es nuevo. Días después de las últimas PASO, en agosto, otro editorial planteó que era imperioso reemplazar las ansias de venganza por la disposición a perdonar. Era el momento de la convocatoria realizada por la UCA, en la cual el obispo de San Isidro, Jorge Casaretto, habló de esperar que pasaran las elecciones para volver a insistir con la reconciliación. Entonces también hubo una respuesta muy interesante con el pronunciamiento de más 400 académicos e investigadores que creyeron necesario sostener una palabra pública de defensa del proceso de memoria, verdad y justicia. Y la propia Iglesia debió tomar distancia, al responder oficialmente una carta que le enviaron organismos de derechos humanos pidiéndole una aclaración pública. Pero volviendo a La Nación, si tomamos un período más largo, en muchas ocasiones el diario se posicionó respecto de este tema. Evaluando en perspectiva histórica los editoriales, se puede pensar que en relación con lo que plantearon en los primeros años de la posdictadura o durante el Juicio a las Juntas, en que reivindicaban el terrorismo de Estado e impugnaban el proceso de justicia, esta agenda es modesta respecto de sus objetivos de máxima porque también el diario ajusta su pliego efectivo a lo que considera viable, en este caso, no demanda el fin de los juicios sino memoria completa y prisión domiciliaria para los condenados y procesados mayores de 75 años, además de una defensa de los jueces investigados, que es más táctica que ideológica, porque apunta a frenar el proceso mediante el reclutamiento de jueces que funcionen como socios para la impunidad.

–Lo que sorprendió efectivamente fue el momento y el tono de ultimátum, dirigido en este caso al nuevo gobierno, que si existieran acuerdos explícitos o implícitos de impunidad, sería innecesario. Pero la respuesta al editorial permite valorizar que el proceso de Memoria, Verdad y Justicia a lo largo de toda su historia ha tenido contribuciones múltiples. De los organismos de derechos humanos, sin duda, como núcleo activo y central; también de los diferentes gobiernos constitucionales; de distintos partidos y tradiciones políticas; de todos los poderes del Estado y de amplios sectores de la sociedad. Este es un punto clave para su fortaleza futura. En este contexto, es muy importante remarcar este carácter de construcción colectiva y plural, que atraviesa todo el período posdictadura, y atraviesa también al Estado, los partidos y la sociedad.

–Quedó demostrado por la necesidad de los trabajadores de salir a tomar distancia de la posición del diario, lo que no es habitual respecto de otros temas, habla del valor que tiene para ellos, como para los 400 académicos de diferentes universidades que nombrábamos antes. Se visualiza que la defensa de este proceso está mucho más arraigada en la sociedad y en la cultura de lo que el propio diario intenta plantear.

–Creo que esto que estoy diciendo incluye por lo menos a sectores del PRO. Si uno analiza pronunciamientos del partido desde 2010, y piensa en sus aliados de la alianza Cambiemos, la mayoría han ido en el sentido de sostener el proceso de Justicia. Es importante registrarlo. Objetivamente, los juicios por delitos de lesa humanidad están en un lugar de muchísima fortaleza, y cada vez que se intenta cuestionarlos es a contrapelo de la mayoría de la sociedad. En este contexto, está bien estar atentos a cualquier riesgo de regresión y no pecar de ingenuos, pero también es importante, parafraseando el editorial, “poner las cosas en su lugar”: quienes están en la trinchera son, en todo caso, los editoriales de La Nación, los perpetradores y quienes asumen su defensa pública, que son muy pocos; porque la inmensa mayoría de la sociedad, los partidos, las instituciones, acompañan y sostienen este proceso.

–En principio, la respuesta que dio en la conferencia de prensa, que dejará actuar con libertad a los jueces, es bastante más limitada que la que se dio hasta ahora desde la cabeza del Poder Ejecutivo y los demás poderes cuando se reivindica este proceso de memoria, verdad y justicia como política de Estado. Queda claro que no es lo mismo sostener una política de Estado que decir que quedan en libertad los jueces para actuar. Incluso uno podría pensar que esa respuesta de Macri se liga con el planteo del editorial de La Nación cuando apunta a dejar en manos de los jueces este proceso, para desacelerarlo sin pagar demasiados costos. En estos juicios, como sabemos, el tiempo es vital.

–El Ejecutivo contribuyó desde muchos lugares, en principio desde una medida estructural como fue la renovación de la Corte Suprema de Justicia, que habilitó la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad; el impulso a la nulidad de esas leyes en el Congreso, aunando voluntades de distintas bancadas; y el apoyo explícito al proceso de justicia. Sin embargo, una cuestión muy importante para rescatar y marcar como diferencia en relación con momentos históricos anteriores es que es la primera vez que se logra durante 12 años casi ininterrumpidos un alineamiento institucional entre Ejecutivo, Legislativo, Judicial y la Procuración como órgano extrapoder. Este alineamiento institucional inédito explica mucho de los logros conseguidos, y de la fortaleza de este proceso.

–Es una coalición heterogénea que está construyendo su propio discurso y posicionamiento. Siempre me llamó la atención –y creo que es un matiz interesante– que no ha tenido un discurso reactivo al tema de derechos humanos, más allá de algunas declaraciones infelices. Creo que también el PRO hace una lectura de este proceso: entiende que hay una instalación muy sólida, no sólo a nivel nacional, sino regional e internacional. De mínima, entendieron que es un proceso contra el cual no es conveniente confrontar abiertamente. Además, es muy probable que un sector importante de sus votantes lo apoye. Confrontarlo no es sólo confrontar con los organismos históricos o el kirchnerismo.

–Es posible que sostengan una posición más discursiva que efectiva. También es posible que quieran avanzar con la agenda que insinuaron algunos de sus referentes, vinculada a la búsqueda de la llamada verdad completa; escuchar a todos los actores, desde una posición autoconstruida de “no revanchismo”. En esa línea, podrían verse puntos de coincidencias con los editoriales de La Nación. En principio, este planteo, tal como se formula, no afectaría a los juicios que se desarrollan actualmente, aunque está claro que se orienta a relativizar la condena al terrorismo de Estado que es el componente central de estos juicios. Ahora, si el PRO intentará avanzar con esta agenda como política pública, eso queda como interrogante. Dependerá en buena medida de lo que aparezca como respuesta social, institucional y política a esos avances si es que se producen. En términos de política de juzgamiento puede suceder que desde el Ejecutivo no haya un repudio pero tampoco un impulso a este proceso, cuya deriva actual, por otra parte, conduce al escrutinio social y judicial de la responsabilidad de los actores civiles, incluidos los empresarios. Habrá que ver cuánto lo tensionará al PRO en este punto su política de alianzas y su propia base de sustentación. La semana pasada, de hecho, no votaron en el Congreso la creación de la comisión bicameral para investigar estos hechos.

–Lo que tenemos como referencia para ver estas diferencias es lo que ya sucedió en la Ciudad que no ha tenido demasiada repercusión. Mirando la ciudad, lo que aparece como escenario de riesgo es el desfinanciamiento de las políticas vinculadas a memoria y verdad. Y por otro lado, el no acompañamiento a los juicios. Sin embargo, esta invisibilidad se termina. En lo que viene, por la responsabilidad que deberán asumir, estarán expuestos a mayores tensiones.

–En algunos planteos han mostrado un interés por ejercer un acto de inscripción de los derechos humanos en clave más “ONG”, sobre la base de nuevas agendas y actores, y de la inclusión de otras perspectivas. Pero una agenda ampliada de derechos humanos existe hace mucho tiempo en nuestro país, sólo que tiene otra densidad, que está más asociada a las luchas y preocupaciones históricas del movimiento de derechos humanos en Argentina. No son visiones incompatibles necesariamente, pero son distintas.