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Juan Pablo Nicolini es un economista doctorado en Chicago. Antecedentes académicos que alimentan el prejuicio de que tendrá una visión de “ajuste” en todo lo atinente al gasto social y al rol del Estado. Sin embargo, el rector de la Universidad Di Tella dirigió una investigación que muestra el alto impacto negativo que tuvo la crisis del Tequila, en 1995, sobre el sistema educativo. El centro del estudio fueron los padres que decidieron sacar a sus chicos del secundario para que entren a un precario mercado laboral. Nicolini estima que resultado de esa decisión se atrasa veinticinco años el progreso de ese chico y, a su vez, se pierden diez años en el desarrollo del país. Propone que el Estado genere un Fondo para asistir a esas familias y evitar el desgranamiento.
–¿Cómo surgió la idea de hacer esta investigación para ver qué pasa con las familias que se empobrecen en relación con la educación?
–Nuestra pregunta fue cuál puede ser el motivo por el cual, a pesar de que la economía se recupera rápidamente, hay franjas de la población que lo terminan sufriendo durante muchísimo tiempo. Juntamos las dos cosas y dijimos veamos si viene a través de la educación. Este trabajo lo hicimos con Francisco Bruera que está haciendo su doctorado en Chicago y él estaba trabajando con datos de Estados Unidos en los que se veía que cuando a la economía le va mal aumentan las tasas de escolaridad. En la Argentina, en cambio, a nivel agregado le daba al revés: cuando a la economía le iba mal bajaban las tasas de escolaridad. Nuestra primera pregunta fue por qué las cosas son distintas y una de las respuestas que parecía razonable a priori era que en los Estados Unidos hay un mercado de crédito que funciona muy bien y en la Argentina no. Entonces lo que debe estar pasando es que, cuando las cosas van mal, sacan a los chicos del colegio para que vayan a trabajar y ayuden en la casa que, obviamente, es algo que en las familias ricas no pasa y en las pobres sí. Si el mecanismo de ascenso social es la educación y la decisión de retirar al chico de la escuela, es permanente entonces este proceso de acumulación de conocimientos que después le permite a este chico tener mejor vida económica que sus padres; es un proceso que se interrumpe cuando uno tiene una crisis como la del ‘95.
–Las investigaciones que hizo María del Carmen Feijoó dentro del sistema educativo bonaerense muestran que hubo una mayor tasa de retención de los sectores más postergados, es decir que con el incremento de la obligatoriedad los chicos quedaron dentro del sistema aunque esto no quiere decir que haya mejorado la calidad...
–De todos modos, nuestra capacidad de medir cuánto aprenden tampoco la tenemos, porque nosotros vemos si lo sacan o no de la escuela. Pero hay dos cosas distintas: una, y es totalmente cierto, que el gran impacto de la reforma educativa que se hizo es que los chicos en lugar de seguir hasta séptimo grado siguen tres años más. Hemos ganado años de escolaridad por la obligatoriedad. Este es un cambio que se mide antes y después de la reforma. Uno podría decir que durante el ‘95 durante la crisis había mayor escolaridad y mayor retención que en el ‘88, pero la pregunta que nosotros nos hacemos es distinta: miramos nada más que el ‘95 y nos fijamos si el mal año económico afecta la salida a los pobres más que a los ricos. entonces lo que nos da es que más allá de que desde el punto de vista del agregado el sistema mejoró por la reforma, sigue siendo cierto que los pobres son mucho más frágiles y que cuando hay un shock que es temporario, porque a la economía le fue mal en el ‘95, pero en el ‘96, ‘97 el efecto sobre el desempleo había empezado a reducirse. En el ‘97 estábamos como en el ‘94, lo que nosotros detectamos en los datos es que las familias de ingresos más bajos son familias que sacan a sus hijos de la escuela mucho más que las de ingresos medios.
–Cuando dice “sacan a los chicos”, ¿se refiere al secundario?
–Sí, miramos el secundario porque en realidad las tasas de escolaridad nuestras en el primario son altísimas.
–¿Estos chicos no vuelven a la escuela?
–No se puede ver dentro del mismo año, pero cuando se mira la década se nota que la decisión de retirar los chicos de la escuela es casi irreversible, muy poquitos vuelven después.
–¿Cómo afecta esa decisión que responde a una coyuntura la vida futura de esos chicos y a su vez cómo repercute en la economía del país?
–Ese es el motivo por el cual un shock como el del ‘95 o lo que me imagino el shock de estos dos últimos años tiene efectos por tres décadas. No sólo en la Argentina, la evidencia en el mundo es muy clara en es sentido de que los niveles de educación aumentan la productividad y entonces aumentan los salarios. En lo que se llaman las ecuaciones de salarios: se puede mostrar cuando uno tiene 40 años, por ejemplo, cuál es el efecto sobre el salario de los años que estuvo estudiando y es muy fuerte. No cabe duda de que la educación es un motor de movilidad social. Esta decisión posterga en una generación el progreso económico de esa familia. Este derrotero de nuestros bisabuelos analfabetos, nuestros abuelos que fueron a la escuela y nuestros padres que fueron a la universidad se salta un grado escolar por generación. Acá lo que se hace es frenar una generación el progreso educativo con lo cual estás frenando una generación el progreso económico. Para estas familias es dramático, para el país es serio. La capacidad de producir de un país depende del nivel de educación que tienen sus integrantes, pero es dramático para esa familia, es postergar veinticinco años su bienestar en particular.
–Ustedes miran la franja de pobres...
–Sí, nosotros miramos el 15 por ciento más pobre y ahí se nota la diferencia con el 25 por ciento que sigue de clase media baja.
–Usted dice que es relativamente fácil de calcular la cantidad de recursos que hubiesen sido necesarios para evitar esto. Ese fácil cálculo muestra también que las decisiones sobre políticas de ajuste tienen una motivación inmediatista sin medir las consecuencias a mediano plazo. ¿Esto responde a una falta de estrategia política?
–Esto tiene que ver con la inexistencia de un plan de contención social de largo plazo: conformar un fondo cuando a la economía le va bien. Cuando uno insiste en la necesidad de una política fiscal sana y esto se identifica con una percepción de derecha, creo que en muchas dimensiones es lo contrario: uno necesita un Estado sano que genere superávit en tiempos buenos justamente para poder ahorrar y tener un fondo de asistencia en tiempos malos. Lo que uno tendría que tener es una política social con un nivel de autarquía e independencia como la tenía el Banco Central. En el sentido de que, salvo que estemos en una recesión, el 1 por ciento del presupuesto del Estado debería estar destinado a armar un fondo de contención social que se deposite en una cuenta en Zurich y el secretario de Bienestar Social pueda disponer de esa cuenta cuando a la economía le va mal sin que otras reparticiones del Estado puedan tener acceso a eso. Lo que se necesita es una institucionalidad de políticas de contención social que sea independiente de los avatares de corto plazo. En la medida que tengamos la política social atada a la discusión fiscal de corto plazo, va a ser muy difícil que el Estado pueda disponer de fondos serios para esto.