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Por Diego Schurman y Felipe Yapur

El viernes 13 en su despacho del piso 13 arranca el reportaje, por supuesto, a las 13. Es evidente que Carlos Tomada no es supersticioso. Detrás de su habitual gesto adusto, el ministro de Trabajo esconde felicidad. Y tiene motivos: sin ceder a los reclamos de los piqueteros logró que éstos levantaran la toma de su cartera. Y como si fuera poco reunió el consenso de todo el sindicalismo para dar forma a una nueva ley laboral que reemplazará a la que se aprobó a través del pago de coimas. “Esto es el principio”, advierte.
–¿A qué se refiere?
–El debate sobre la nueva institucionalidad argentina no puede terminar acá. La reforma que proponemos es un primer paso. Pero hay que seguir avanzando. Es sabido que la actual ley presenta un manto de sospecha, con un notable grado de inseguridad jurídica y de imprevisibilidad en su futuro. Por eso queremos tener una ley que sea todo lo contrario.
–En su momento la “ley Banelco” no tuvo un fuerte rechazo de la CGT oficial ni del empresariado...
–Del lado empresario había un apoyo moderado y del lado de las centrales sindicales hubo diferentes grados de rechazos.
–¿Los empresarios se quejan ahora de la propuesta laboral del Gobierno?
–Ellos creían que la lógica de la legislación laboral iba a seguir hacia la desregulación. Entonces, cuando aparece una norma que empiece a regular con moderación y prudencia ciertos aspectos de las relaciones laborales, les cuesta entenderlo. Los empresarios, con la excusa de generar empleo, impulsaron en los ’90 una legislación flexible.
–Está claro que una ley no genera empleo.
–Sí, pero quiero decirlo bien porque algunos dirán que “Tomada reconoce que no se generarán empleos con esta nueva ley porque rigidiza o porque aumentan los costos”. Y no es así, porque ninguna ley laboral crea empleo. La leyes laborales tienen que ver con la calidad del empleo. La flexibilización produce una injusta distribución del ingreso.
–En los ’90 se difundió que la reducción de los aportes patronales favorecería el empleo. No fue así y sin embargo el proyecto del gobierno insiste en esta línea. Propone reducir los aportes de las empresas con menos de 80 trabajadores que tomen nuevos empleados.
–(Silencio.) En realidad lo que hace esta ley es crear un puente de plata para que los destinatarios de planes sociales se vuelquen al trabajo formal. No es un hecho determinante en la creación de empleo. Lo que sí hacemos es tomar un conjunto de medidas para estimular la inclusión de los beneficiarios de planes sociales en el mundo del trabajo. No es solamente un menor costo para el empleador: el beneficiario continuará cobrando los 150 pesos mientras está en este trabajo. Y si pierde su empleo, recupera el plan social. Está más dirigido a un vínculo entre las políticas sociales y las laborales que a una continuidad de la política laboral de los ’90, que falló en varias oportunidades.
–También es un guiño a las pymes.
–Si el sector Pyme quiere tomarlo como un guiño a partir de la concepción que ellos tienen de que esto estimula el empleo, no tengo ningún problema. La prueba es el empleo que se crea.
–¿Cómo se equilibra la situación entre las empresas de alta y baja rentabilidad?
–La ley prevé incluir la facturación como elemento para recortar la intervención de la ley. Va a haber un decreto reglamentario que establecerá el límite de la facturación.
–Algunas empresas, que vieron esto y tienen alta facturación, habrán dicho “papita pa’l loro”.
–Yo les recomendaría que no gasten a cuenta.
Después de la ley
–Si la nueva ley laboral es el principio, ¿qué contempla la segunda etapa?
–Por ejemplo correcciones a la Ley de Quiebras
–No será tan sencillo. Esa ley era una vieja exigencia del FMI.
–Yo no me voy a meter en los temas de la Ley de Quiebras que le preocupaban al Fondo. Los artículos vinculados a la cuestión laboral al Fondo le importan poco. Esos artículos se pusieron más por impulso de los que operaban en la legislación que por reclamos del Fondo y el Banco Mundial.
–Usted no está peleado con el Fondo como Kirchner.
–Tengo mi opinión crítica sobre su rol en la cuestión laboral, de haber impuesto este pensamiento único. Nos hizo mucho daño la instalación de ese pseudoparadigma laboral, del que todavía no hemos salido. Todavía se habla de salarios o indemnización en términos de “costo laboral”, y no de “protección del trabajo” como un mecanismo de regenerar el mercado interno. Lo que genera empleo son las políticas económicas.
–Hay quienes propician aún la política del derrame.
–Se agotó la política del derrame. En verdad nunca hubo, no llegó. Además la palabra en inglés es “goteo”, pero como nosotros sobreactuamos todo decimos “derrame”. La figura del goteo es bien perversa. Acá salimos de esa política con otra, basada en inversión pública y recreación del mercado interno.
–¿Está en la agenda reducir la jornada laboral?
–Una vez impuesto nuestro proyecto de ley, el punto de partida será el cumplimiento de las 8 horas y la reducción del uso habitual y normal de las horas extras. Ahora, una vez alcanzado un cumplimiento efectivo de esta premisa, yo creo que hay otras cosas para discutir que van desde la reducción de la jornada laboral, la movilidad horaria que hay que atender en algunos casos, definir si será por ley o convenio colectivo. Pero el punto de partida son las 8 horas. Es una bandera irrenunciable.
–Hay un abuso de las horas extras, que en muchas empresas ni siquiera se pagan.
–¡Es un horror! Se trabaja mal y se hacen muchas horas extras que no se las pagan. Hora extra no es continuidad de la jornada, es hora extra.
–Pero esto sucedió porque el Estado abandonó su poder de policía.
–El trabajo de inspección que hemos vuelto a realizar es una decisión política del Gobierno y que en esta ley laboral se refuerza.
Lo que genera debate
–Con la ley Banelco se firmaron convenios flexibles. Con la vuelta de la ultraactividad (cláusula que establece que un convenio no vence hasta que se acuerda otro) ahora van a ser las empresas las que se nieguen a renovarlos para mantener la flexibilidad.
–Los convenios firmados entre 2001 y 2002 no son tantos. La ultraactividad no quiere decir inflexibilidad a la negociación.
–Sí, pero hacía las veces de una red para el trabajador que impedía negociar a la baja. Y en estos casos puntuales va a beneficiar al empleador.
–Bueno, pero aquel empleador que quiera mantener un convenio que le es favorable entonces es posible que tenga un conflicto. Esta es la forma en que se destraba la negociación colectiva en todo el mundo desarrollado. La dinámica de las relaciones laborales incluye el conflicto.
–El proyecto busca regular el trabajo privado. ¿Qué pasa con el Estado como patrón y la proliferación de los contratos en el ámbito público?
–(Ríe.) Buenooo, a verrr... El sector público está regulado por un convenio colectivo, una ley y un decreto reglamentario. Los eventuales cambios lo discutirán representantes del ministerio, de la Jefatura de Gabinete, de ATE y de UPCN.
–Esta bien que éste es tema que no provocó el gobierno de Kirchner, pero hay que resolverlo.
–El Gobierno es consciente del problema del personal contratado y lo va a ir atendiendo. Lo que no se puede hacer es cambiar todo de un día para otro porque a ellos tampoco les convendría.
–Hay sectores empresariales que plantean que esta ley será para Kirchner lo que el impuestazo fue a De la Rúa.
–No es lo mismo: el impuestazo atacó el crecimiento de la economía y el consumo. Nosotros estamos a favor del empleo y el consumo, y por lo tanto a favor del crecimiento económico y también a favor de la inversión.
–¿El Banco Mundial y el FMI siguen pidiendo desregulación?
–No. El BM se ha desdicho de lo que planteaba, por ejemplo con respecto a la negociación colectiva. La OCDE, que no puede ser tildada de reguladora, ha demostrado con investigaciones que no hay ningún vínculo entre la legislación y el empleo. Que no es cierto que las normas de flexibilización generan empleo.
–En general las tres sindicales se unen por el espanto y no por el amor, pero esta vez coincidieron en respaldar el proyecto de ley oficial.
–(Se ríe.) Sí. Yo creo en la responsabilidad de los dirigentes. Moyano planteaba una absoluta derogación de todas las normas de los ’90. De Gennaro tiene cuestionamientos profundos al sistema sindical, a ciertos aspectos de la negociación colectiva. Y también la CGT de Daer hubiera preferido agregar temas o tratar de una manera diferente algunos otros.
Ninguno quiso tirar más de la soga, pese a que podría haberlo hecho.
–¿Cuánto pesó en esto la alta adhesión con la que cuenta Kirchner?
–Pesó el 100 por ciento.
–Armando Caro Figueroa fue el ministro de Trabajo del récord de desocupación. A Flamarique se lo asocia con la “ley Banelco”. ¿A usted cómo quiere que lo recuerden?
–Tengo la suerte y el orgullo de pertenecer a un gobierno que marca un punto de inflexión en la historia reciente de los argentinos. Sólo quiero ser recordado como ministro de Trabajo de ese punto de inflexión. Yo no quiero exculpar a Caro Figueroa, pero la verdad es que los ministros de Trabajo aportan a las políticas, pero no son los dueños del desempleo. Tengo la fortuna de dar buenos índices, pero no soy el que los genera...
–Caro aceptó ser ministro de Menem...
–Bueno, es verdad. A mí me ofrecieron y yo rechacé ser funcionario en la época de Rodolfo Díaz, el ministro de Trabajo que vino después de Triaca, y también ser secretario de Trabajo de Patricia Bullrich. Nunca hubiera aceptado ser ministro de Menem.