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Durante muchos años la designación de jueces fue patrimonio de los políticos, y sin embargo la visión de la sociedad los ubicaba en un pedestal de asepsia y bronce. Había una asincronía entre el procedimiento y esa imagen. En realidad, la imagen era opuesta a lo que podía deducirse del procedimiento. Cada partido negociaba la lista de candidatos en el Senado y de allí surgían los nuevos jueces. O sea que los partidos políticos tenían la llave para designarlos, pero al mismo tiempo, tanto los políticos como los jueces coincidían en la necesidad de mantener esa imagen de Justicia ciega, imparcial, ante la sociedad.
Podría decirse que esa imagen fue una construcción cultural, más basada en el esfuerzo por generarla –preservando determinados ritos y actitudes– que en su realidad de origen. Pero fue una construcción eficaz porque durante varias décadas el sentido común fue incapaz de penetrarla y los jueces fueron aceptados como seres casi sobrehumanos.
Las dictaduras, sobre todo la última, fueron mellando esa aceptación indiscutida y en la década pasada el menemismo terminó por asimilarlos al poder político con la famosa mayoría automática en la Corte y los jueces de la servilleta de Corach. La crisis en la Corte es una manifestación de ese proceso en el que la sociedad perdió hasta la sensación de una Justicia imparcial, por lo que todos los fallos en todas las instancias pueden ser discutidos y sospechados, con lo cual deja de cumplir su función.
Ahora, cuando el procedimiento para designar a los jueces, incluso a los de la Corte, es mucho más democrático y transparente, los candidatos son mucho más examinados y discutidos que con el procedimiento anterior. Los más disconformes, los que más cuestionan y se enfurecen y participan en estos procesos son aquellos sectores que perdieron el monopolio procedimental. Antes, cualquier sugerencia al oído de un senador por parte de estos lobbistas minoritarios determinaba la suerte de los candidatos.
Que estos grupos de lobbistas son minoritarios y esencialmente reaccionarios quedó demostrado en la forma como cuestionaron a los nuevos miembros de la Corte y en sus argumentos elementales y oscurantistas que, sin embargo, sugeridos en otras épocas en los pasillos del Congreso, hubieran doblado la voluntad de cualquier senador.
La composición de la Corte que se va fue obra del menemismo y de estos lobbistas. Dolidos por las designaciones de Eugenio Zaffaroni, Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco, suelen hacer chistes para denigrarlos o descalificarlos, como si alguna de las acusaciones que intentaron esgrimir fuera la milésima parte del espectáculo patético de la Corte que ellos aceptaron y promovieron. La rocambolesca retirada de Adolfo Vázquez, con un pedido de asilo frustrado en Uruguay, un atentado indefinido y denunciado, más bravatas y advertencias, no les llama la atención. Están más preocupados por el “garantismo” de los nuevos miembros de la Corte.
Es difícil que la relación sociedad-Justicia regrese a las pautas de palabra sagrada y jueces de bronce. Más bien lo que se abre es un entendimiento menos mitificado, más racional y humano, donde los jueces son personas de carne y hueso más allá de su formación ética y profesional. Por lo menos, este último capítulo de la Corte con la renuncia de Adolfo Vázquez debería servir para demostrar que el paradigma de los jueces de bronce fue bastante engañador.