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En el Congreso suele haber más nubarrones que aguaceros. Más espuma que líquido. O, para decirlo en términos políticos, más forma que contenido. La chicharra retumbaba en el Senado llamando a sesionar. Los radicales rumiaban en silencio su oposición a la premura con la que el oficialismo llevaba al plenario los pliegos de los cinco candidatos propuestos para ocupar las vacantes de cuatro juzgados federales porteños y un asiento en la Sala I de la Cámara Federal. En el salón Arturo Illia, contiguo al recinto, el jefe de la bancada justicialista, Miguel Angel Pichetto, intentaba desactivar la oposición del catamarqueño Ramón Saadi y del pampeano Rubén Marín al pliego de Daniel Rafecas. La sesión aparecía como incierta. Finalmente, los radicales ocuparon sus bancas. Los críticos del peronismo también. Y en muy pocos minutos, con poco ruido, los pliegos fueron votados a mano alzada.
La principal duda de los legisladores se centraba en la nominación de Rafecas. El candidato había concursado en dos cargos. Como camarista de un tribunal oral y como uno de los doce jueces federales que tienen su asiento en Comodoro Py. El 25 de agosto pasado el Ejecutivo envió a la Cámara alta su pliego como camarista. Pocos días después el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, se comunicó telefónicamente con Pichetto y con el riojano Jorge Yoma, titular de la Comisión de Acuerdos. “Nos equivocamos con Rafecas. Demórenlo hasta que decidamos qué hacer”, palabras más, palabras menos, les dijo a ambos legisladores del peronismo. El concurso no había tenido objeciones y en el Orden del Día, previo a las sesiones, figuraba la candidatura de Rafecas como camarista. A la semana siguiente, tanto Yoma como Pichetto estaban ausentes del Senado. El pliego llegó al recinto y se votó. Luego el PEN retiró la nominación y envió otra con la candidatura de Rafecas a juez federal. “Yo fui víctima de esta confusión”, dijo Rafecas en la audiencia pública en la que se discutió su pliego, momentos antes de que fuera aprobado. Yoma explicó este intríngulis en el recinto y tanto los radicales como Saadi se dieron por satisfechos.
Los cuatro juzgados federales vacantes son los que oportunamente ocuparon Adolfo Bagnasco, Gustavo Literas, Carlos Liporaci y Gabriel Cavallo. El puesto de camarista le correspondía a la fallecida Luisa “Piru” Riva Aramayo. Las vacantes de los juzgados federales llevan cuatro años. Así lo puntualizó Yoma en defensa de los candidatos.
El fiscal Eduardo Freiler fue el primer ternado por el Consejo de la Magistratura tanto en el concurso para juez federal como para camarista. Entre las causas más resonantes que hasta ahora estuvieron bajo su órbita están el caso de las violaciones a los derechos humanos concretadas bajo la égida del Primer Cuerpo de Ejército y aquella en la que el ex juez Carlos Liporaci dijo tener “indicios graves y concordantes de que existió” el caso de los sobornos en el Senado. Freiler compartirá la Cámara con otro magistrado que supo estar al frente de ese caso, el ahora camarista Cavallo, con quien lleva una enemistad que a esta altura bordea lo personal.
La causa de los presuntos sobornos, que languidece luego de la falta de mérito dictada por el juez Rodolfo Canicoba Corral y de la negativa de la Cámara a la apelación de la Oficina Anticorrupción, está radicada en el Juzgado Federal 3. El que de ahora en más ocupará Rafecas. Esta causa resulta un material sensible para los radicales. Así tal vez se entiendan los recelos de la bancada de la UCR con este pliego. Recibido en 1990, en la UBA, el último destino de Rafecas fue como secretario de la fiscalía general ante los tribunales orales federales.
Julián Ercolini, que hasta ahora se desempeñaba como secretario penal de la Corte Suprema, ocupará el juzgado 10 que estaba a cargo de Gustavo Literas, quien renunció cuando asumió el gobierno aliancista. Antonio Lijo irá al Juzgado Federal 4. El que ocupó Gabriel Cavallo antes de su ascenso a camarista. Su último cargo fue el de prosecretario de Cámara en la Sala I. La que hoy ocupan Cavallo y Eduardo Luraschi.
Guillermo Montenegro ocupará el juzgado 7, el que supo tener bajo su mando, Adolfo Bagnasco. Hasta el momento se desempeñaba como fiscal federal. Este abogado recibido en la UBA en 1990 había ocupado el sexto lugar en el concurso luego del plenario del Consejo de la Magistratura. De esa nómina desertó José Barbaccia, uno de los fiscales que intervino en la investigación del atentado contra la AMIA.