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“Tomen las planillas y empiecen a juntar 518.000 firmas de ciudadanos porteños. Si lo logran, convocamos al plebiscito para la revocatoria del mandato de Aníbal Ibarra.” Esto mismo, pero dicho en términos judiciales, fue lo que resolvió ayer el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires, respondiéndole a un abogado Gabriel Rodríguez Vallejos, que actúa en solitario, y a un grupo que lidera el también abogado Sergio Bergenfeld, letrado de algunas víctimas de Cromañón, y que representa también a tres organizaciones no gubernamentales. Si llenan las planillas con las firmas y los datos, el TSJ convocará el plebiscito 90 días después de aprobadas las firmas. Esta mañana, la procuradora de la Ciudad, Alejandra Tadei, le hará llegar al Tribunal un escrito firmado por el propio Aníbal Ibarra en el que éste afirma que dado que existen los dos pedidos de revocatoria y ante el hecho excepcional de las muertes en Cromañón, desea someterse al voto de los ciudadanos cuanto antes. Por ello, y debido a esa excepcionalidad, pide que no se le exija el requisito de las 518.000 firmas que constituyen el 20 por ciento del padrón electoral porteño. La mayoría de quienes conocen al TSJ afirma que los jueces rechazarán el planteo de Ibarra, por lo cual alguno de sus adherentes tendrá que presentar un pedido de revocatoria –habrá que ver si el tribunal lo acepta– y tendrán que juntar las firmas.
Desde el punto de vista judicial, el plebiscito no parece sencillo de concretar y no faltan quienes afirman que nunca se va a llevar a cabo. El TSJ dio ayer el visto bueno a las dos presentaciones que se hicieron para pedir la consulta. El Tribunal se limitó en el escrito a constatar que se trata de ciudadanos porteños y que, como lo exige la Constitución, fundamentan su pedido en que existió un mal desempeño de las funciones por parte del jefe de Gobierno, “prácticamente por omisión de su ejercicio en relación al caso República de Cromañón”. El TSJ no evalúa si Ibarra actuó bien o mal, sino que simplemente le da curso al plebiscito, pero exigiendo las firmas previamente.
Parece obvio que el abogado solitario Rodríguez Vallejos no está en condiciones de conseguir las 518.000 firmas requeridas. Y tampoco le será fácil el trámite a Bergenfeld, quien está acompañado por tres ONG, una de las cuales es la Bicentenario, que hizo en su momento una feroz campaña contra la designación en la Corte de Raúl Zaffaroni, primero, y Carmen Argibay después. Para consultores y encuestadores es muy poco probable que el grupo encabezado por Bergenfeld consiga, por ejemplo, cinco mil firmas por día, lo que igualmente llevaría casi a cuatro meses de labor. A ello hay que sumarle después un mes de verificación de las planillas y hasta tres meses más, que es el plazo que tiene el TSJ para convocar después al plebiscito. El cálculo indica que la consulta se podría hacer, con viento a favor, en septiembre.
En el escrito de Ibarra que hoy se presentará ante el tribunal se señala que “las trágicas circunstancias que han desencadenado los cuestionamientos exigen premura y transparencia en la consulta ciudadana, lo que justifica que concurra por mi propia voluntad a la implementación” del plebiscito. Ibarra aduce que el requisito del 20 por ciento de las firmas tiende a proteger al jefe de Gobierno, por lo que declara que renuncia a esa protección. Al mismo tiempo, considera la situación excepcional y le pide al tribunal que convoque al plebiscito “sin que resulte necesario que tal iniciativa cuente con el aval del 20 por ciento de los inscriptos en el padrón”.
En fuentes judiciales, la absoluta mayoría coincide en que los jueces que integran el tribunal –Julio Maier, José Casás, Luis Lozano, Ana Conde y Alicia Ruiz– rechazarán el pedido de Ibarra, sosteniendo que la Constitución prevé que la revocatoria exige para la convocatoria la firma del 20 por ciento del padrón electoral. Todo indica que el TSJ recibirá hoy el escrito que le entregará la procuradora Tadei y se tomará aproximadamente una semana para contestarlo. Si, como se prevé, hay rechazo a la petición de Ibarra, éste tendrá que buscar algún adherente –tal vez una de sus legisladoras, porque no está previsto en la Constitución que el propio Ibarra busque su remoción– que presentaría también un trámite de revocatoria ante el TSJ. En caso de que el tribunal lo autorice (ver aparte), el ibarrismo deberá juntar las 518.000 firmas, algo que tampoco le resultará sencillo. Un funcionario porteño le dijo a Página/12 que “las firmas se juntan rápido”, pero parece casi imposible que semejante proceso se complete en menos de dos meses. Eso llevaría el plebiscito, en el mejor de los casos, a julio. Si es que se hace.