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El juez federal Sergio Torres declaró la inconstitucionalidad de los indultos con los que habían sido beneficiados en tiempos de Carlos Menem los represores Antonio Vañek y Julio Antonio Torti, en la megacausa ESMA. El magistrado accedió a un pedido formulado por los abogados Rodolfo Yanzón y Mónica González Vivero, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. “El indulto a Antonio Vañek y Julio Antonio Torti ha infringido el compromiso internacional de no hacer que fuera asumido por la Nación y que imponía la prohibición de actos estatales que impidieran la persecución de hechos considerados crímenes contra la humanidad. Y es deber de esta judicatura no convalidarlos”, expresó Torres en la resolución a la que tuvo acceso Página/12.
La declaración de inconstitucionalidad del decreto del Poder Ejecutivo 1002/89, “por ser contrario al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y violatorio de la garantía de la división de poderes”, deja sin efecto los actos que fueron su consecuencia, es decir, el sobreseimiento definitivo del que gozaban Torti y Vañek. Entonces, la decisión de Torres retrotrae la situación jurídica de los imputados al estado en que se encontraba el 27 de febrero de 1987, cuando la Cámara Federal dispuso la continuación del enjuiciamiento de los dos represores que actuaron en la ESMA. Así, el magistrado revocó el sobreseimiento que ese mismo tribunal tuvo que dictar cuando hizo lugar al indulto, en noviembre de 1989.
El abogado Yanzón destacó la resolución como “un avance” en el debate por la constitucionalidad de los indultos, pero apuntó que es “pequeño” en comparación con la batalla que están dando con la Cámara Federal de San Martín, que declaró válidas las leyes de impunidad (Obediencia Debida y Punto Final) y, en febrero, los indultos. “La impunidad continúa viva porque hoy la causa sobre el Cuarto Cuerpo de Ejército o Campo de Mayo está cerrada. En este contexto lo de Torres es positivo, pero en la discusión de la constitucionalidad de estos instrumentos la Justicia no deja de dar señales preocupantes”, opinó el letrado consultado por Página/12.
En su solicitud, Yanzón y González Vivero habían hecho referencia a la decisión del juez Rodolfo Canicoba Corral, quien adoptó idéntica medida respecto de los represores Juan Bautista Sasiaiñ, José Montes, Andrés Ferrero, Adolfo Sigwald, Carlos Olivera Rovere y Carlos Guillermo Suárez Mason. El fiscal de la causa, Eduardo Taiano, se había pronunciado en igual sentido que los letrados al remarcar la necesidad de “suprimir para siempre el alcance de la impunidad que les otorgó arbitraria e ilegítimamente el Ejecutivo a los imputados de delitos de lesa humanidad”. Ayer todos obtuvieron la aceptación del planteo.
En el comienzo de su extensa resolución, el juez Torres tomó posición. “El indulto fue decretado contraviniendo leyes federales cuya posición en la pirámide normativa resulta ser jerárquicamente superior al decreto 1002/89 del Poder Ejecutivo Nacional, a la luz de lo establecido en el artículo 31 de la Constitución” (que determina la supremacía de los tratados internacionales, por ejemplo referidos a los derechos humanos, sobre la ley interna), afirmó el magistrado. Tras realizar una reseña del origen histórico del indulto, aseguró que “parecería inadecuado que tal perdón, olvido o clemencia pudiera concederse a aquel que aún no fue declarado culpable por la Justicia”. En los últimos párrafos, Torres se pregunta si “¿será posible afirmar que existe cosa juzgada en un proceso que se vio privado de continuar en virtud de las llamadas leyes de ‘impunidad’ cuya validez constitucional se ha puesto en crisis?”. A renglón seguido se responde que “no parece apropiado” sencillamente porque “el proceso nunca finalizó”.
Las megacausas ESMA y Primer Cuerpo, al igual que otras en distintas jurisdicciones, fueron reabiertas a partir de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final ratificada por la Cámara Federal. El proceso ESMA suma 12 marinos detenidos, incluidos Alfredo Astiz y Raúl Scheller. Los defensores de este último lograron que la Cámara de Casación abriera un recurso de queja, lo cual posibilitaría que la investigación quedara congelada por la sala militar de ese tribunal.