La Justicia investiga una estafa contra el PAMI del orden de los 800 mil pesos mediante el cobro indebido de cheques. Si bien esa suma fue recuperada en las últimas horas, la pesquisa avanza ahora sobre una presunta red de lavado de dinero que habría realizado defraudaciones por montos superiores a los 80 millones de pesos.

El juez federal Claudio Bonadío inició las investigaciones en enero, a partir de una denuncia presentada por Graciela Ocaña. La titular del PAMI basó su escrito en un informe de la Unidad Fiscal para la Investigación de delitos (UFI) de esa obra social, que encabeza el ex fiscal Carlos Stornelli.

De acuerdo con ese informe, el 31 de octubre de 2005, el tesorero general del PAMI, Fernando Lago, comunicó a la gerenciadora santafesina ACE que tenía a disposición dos cheques “no a la orden” y “no negociables”. Uno por 799.612,20 pesos y otro por 6134,18 pesos. El monto total es de 805.746,38 pesos.

Recién varios días después, el 17 de noviembre, se retiraron de la Tesorería del PAMI los dos cheques del Banco de la Nación Argentina, librados a favor de ACE, aunque con recibos ostensiblemente distintos a los que esa gerenciadora solía entregar en sus anteriores presentaciones. No sólo tenían otro formato sino que también figuraba otro domicilio.

Los dos cheques habrían sido depositados el 23 de noviembre en la caja número 2 de la sucursal Montserrat del Banco Río, y luego, aparentemente acreditados en una cuenta corriente que figuraba al dorso del cheque (000-24803/3) y que no pertenecía a ACE sino a Saversa Cereales SRL, que habría sido constituida en julio del año pasado.

El 29 de noviembre, o sea 72 horas después de depositados los cheques, ACE se comunicó telefónicamente con la Tesorería del PAMI para avisar que personal de la firma viajaría a Buenos Aires para cobrar los dos cheques. Desde la obra social le respondieron que ya habían sido retirados por una persona llamada María Cecilia Cassieri.

El informe de Stornelli sugiere algunas líneas de investigación, ya que recalca que los datos particulares de los cheques sólo eran conocidos por los responsables de la Tesorería del PAMI y por la propia firma ACE, a cargo de Carlos Vito Abraham.

“No puede soslayarse que la carta documento librada a ACE data del 31 de octubre de 2005 y que recién esta empresa habría avisado telefónicamente a la Tesorería General que concurriría a retirar los cheques el 29 de noviembre, o sea, casi un mes después de anoticiados; pero tan sólo 72 horas después de efectuados los depósitos de los cartulares en el Banco Río.”

El textual sugiera una lectura: que no sólo existen sospechas sobre algún empleado infiel del propio PAMI, sino también sobre un aparente accionar cómplice entre la gerenciadora ACE y quienes se llevaron el dinero y lo depositaron en una cuenta de la cerealera Saversa.

El episodio se produce cuando la relación del PAMI con ACE estaba llegando a su fin, ya que la obra social de los jubilados no le iba a renovar el contrato a esa gerenciadora santafesina. Aparentemente, Ocaña prefería firmar contratos directamente con las clínicas sin ninguna intermediación.

Si bien las investigaciones se iniciaron por dos cheques del PAMI, los resultados hablan de la existencia de una defraudación mayor. De acuerdo con una información surgida en fuentes vinculadas con la pesquisa, que reprodujo la agencia Télam, la firma Saversa ya habría cambiado 17 mil cheques por un total de 80 millones de pesos.

Por la causa quedaron bajo sospecha Marcelo Turelo, Gastón Vinay, Lucila Ameghino y Hugo Borda, este último titular de Saversa. Truelo habría sido a quien el presunto empleado infiel del PAMI le entregó los cheques, que luego pasaron por las manos de Vinay y Ameghino hasta llegar a Borda, quien los depositó.

Pese a la reserva con que se manejan las fuentes, trascendió que algunos sospechosos, entre ellos Ameghino, solicitaron la eximición de prisión que les fue denegada por Bonadío, lo que hace presumir que sus situaciones son complicadas.

También está bajo la lupa de los investigadores Omar Jafar, cajero del Banco Río, cuyos controles “resultaron lábiles”, según indicaron las fuentes, quienes señalaron que la misma maniobra se intentó realizar en otra entidad que advirtió sobre la existencia de “operaciones sospechosas en los términos de la ley de lavado de dinero”.

Mientras Bonadío sigue realizando allanamientos para recopilar pruebas, anoche se mencionaba que una financiera de Rosario sería parte de la red. Aparentemente, los delincuentes alquilaban departamentos “por hora” en la city para realizar las operaciones clandestinas. “Se están descubriendo maniobras de distintas cuevas por montos enormes. Esto recién empieza”, señalaron enigmáticos.