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La nueva fuerza de seguridad aeroportuaria a punto de despegar

Diputados le dio media sanción a la ley que crea el nuevo sistema de seguridad aeroportuaria. Con un amplio consenso, oficialismo y oposición acordaron “desmilitarizar” el área y ponerla en la órbita de Interior.

 Por A. M.

Como un eco positivo del escándalo de las narcovalijas, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de ley que crea la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que será una fuerza especializada en prevención e investigación de delitos complejos que hacen a la seguridad aeroportuaria dentro de la órbita del Ministerio del Interior. Esto implica que “desmilitariza” la cuestión al sacarla del área de Defensa. Además, la norma establece definiciones sobre qué es la seguridad aeroportuaria y sus facultades, normatiza el uso de armas de fuego y crea un comité para la seguridad en los aeropuertos, en el que participarán organismos oficiales como la AFIP, la Dirección General de Migraciones y Seguridad Agroalimentaria.

El secretario de Seguridad Interior, Luis Tibiletti, quien asesoró a la comisión que redactó el dictamen votado ayer, calificó a la nueva policía como “la fuerza de seguridad del siglo XXI, la primera fuerza federal de la democracia”. El proyecto original había sido enviado por el Poder Ejecutivo y recibió considerables modificaciones, aunque los diputados llegaron a un amplio consenso que permitió su aprobación por unanimidad. El escándalo de las valijas con droga había provocado la disolución de la Policía Aeronáutica Nacional (PAN) y la intervención del área a cargo de Marcelo Saín, quien ayer también se llevó elogios del recinto.

El diputado Miguel Bonasso elogió la norma que ahora deberá ser tratada por el Senado para convertirse en ley. “Es una ley profundamente democrática, porque viene a revertir el concepto de los que propician la ‘mano dura’, porque plantea y ratifica la voluntad del control civil de esta nueva fuerza de seguridad, y eso es un rasgo que puede permitir que no engendremos un monstruo”, afirmó el legislador. Bonasso equiparó el caso de las valijas de Southern Winds (SW), que estalló en febrero de 2005, cuando el equipaje apareció en Madrid con 60 kilos de cocaína, con el caso Cabezas, en el sentido de que “quienes debían reprimir el delito, en realidad lo administraban”. Y destacó que la reforma haya dejado afuera a empresas de seguridad como las que posee el represor de la ESMA, Adolfo Donda Tigel.

Si bien la bancada radical apoyó la iniciativa, la diputada Silvana Giudici cuestionó que haya creado una “cuarta fuerza (de seguridad) sin reformular la Ley de Seguridad Interior y corriendo una vez más detrás de la coyuntura”. La legisladora porteña admitió que la ley “es moderna en su concepto de seguridad y bien intencionada”, pero criticó que no se haya aprovechado la oportunidad para hacer una reforma integral. Y coincidió con Bonasso en reclamar la creación de una policía para la ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, la diputada Alicia Comelli (MPN-Propuesta Federal) recordó que la empresa aérea SW estaba subsidiada por el Estado y se lamentó de que aún no haya responsabilidades claras por aquel caso. “Este hecho dio la fuerza a proyectos que ya existían en el Congreso y que hasta el momento no habían prosperado”, indicó. Y advirtió que “modificando una institución no modificamos determinadas prácticas”.

La PSA integrará el Consejo de Seguridad Interior que funciona en el Ministerio del Interior.

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La bancada oficialista defendió el proyecto enviado por el Ejecutivo luego del escándalo de SW.
 
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