EL PAíS › KIRCHNER RESPONSABILIZO A LAS TRANSPORTADORAS POR LA FALTA DE GAS

El Estado, con el poder de policía

El presidente de la Nación se metió de lleno en la polémica sobre la falta de gas, acusando directamente a las concesionarias del transporte, TGN y TGS. Las firmas que encabezan Techint y Petrobras eluden el debate, pero miran con desconfianza a los productores.

 Por Raúl Dellatorre

La polémica en torno del abastecimiento del gas amenaza con ir calentándose a medida que avanza el invierno. La oferta será insuficiente para abastecer al mismo tiempo a consumidores residenciales, industrias, usinas térmicas y rodados alimentados a GNC. En la semana que pasó, las protestas de quienes cargan dicho combustible pareció poner un límite a los cortes selectivos que practica el Gobierno a través de un Comité de Emergencia, en el ámbito de la Secretaría de Energía. Y ayer el presidente de la Nación se metió de lleno en el debate sobre las responsabilidades de cada actor. “Las empresas de transporte de gas se tienen que poner a tono. TGS y TGN tienen que estar a la altura de las circunstancias, porque en estos días ellos tenían gas suficiente y si tuvimos algún problema fue por culpa del transporte”, disparó desde Rosario, donde viajó para conmemorar el Día de la Bandera y participar de un acto en la Bolsa de Comercio de esa ciudad. “El Estado va a actuar y ejercer el poder de policía como corresponde, porque ellos obtienen rentabilidades interesantes y tienen que prestarnos un servicio como corresponde.”

La inculpación al transporte recoge, en parte, el argumento de las productoras de gas, que de ese modo buscan quitarse responsabilidad sobre el tema. En los últimos días, se escucharon múltiples acusaciones cruzadas entre transportistas y productores, en tanto que desde fuentes oficiales se dejó trascender, el último fin de semana, que las concesiones de TGS y TGN –dos consorcios que encabezan, respectivamente, Petrobras y Techint– estaban en la mira y sujetas a rescisión si se comprobaba incumplimiento de obligaciones. Ayer, Kirchner reforzó la presión sobre las concesionarias.

Una copia de los partes operativos diarios de transporte de los últimos días, que emite el Enargas, circuló ayer profusamente por las redacciones, buscando poner en evidencia que al sistema de gasoductos le sobraban no menos de tres millones de metros cúbicos de capacidad de transporte (sobre un total de 130 millones) no utilizados. En este dato se habría basado el comentario de ayer del presidente.

Sin embargo, según una fuente cercana a las transportistas, “la capacidad de transporte disponible corresponde a Neuquén, pero no es responsabilidad de la transportista si las productoras no inyectan el gas”. No fue esta la única información controvertida: el martes había trascendido, con fuente en una empresa petrolera, que una turbina de una planta de compresión de TGS en el sur del país había salido de servicio a principios de esta semana, reduciendo la capacidad de transporte en unos dos millones de metros cúbicos diarios. Fuentes técnicas de la concesionaria desmintieron ayer esa versión, asegurando que el problema técnico no se originó en sus instalaciones, sino en los equipos bombeadores del consorcio que extrae el fluido, Total-Pan American Energy.

En un clima caldeado, los cruces de versiones no cruzaban como piedras sólo sobre el paredón que separa las propiedades de productores, de un lado, y transportistas, del otro. También entre las propias empresas con yacimientos en producción hay opiniones encontradas. Una fuente de Pan American Energy (PAE), que tiene en explotación uno de los yacimientos gasíferos más ricos del país, Cerro Dragón, en Chubut, aseguraba ante este diario que mientras esta empresa mantiene un esfuerzo exploratorio importante en esa zona, con resultados exitosos, “en las áreas circundantes prácticamente no se hacen perforaciones”. La explicación, sostienen, es que la mayor parte de las empresas concesionarias busca encontrar reservas petroleras, pero cuando hallan yacimientos gasíferos la mayor parte de las veces desisten de seguir adelante, porque su extracción requiere de inversiones mucho más onerosas, en plantas de tratamiento, instalaciones de compresión y ductos hasta llegar a la red troncal de transporte. De paso, la justificación es un buen argumento para defender la cuestionada extensión del contrato de PAE con la provincia por la concesión de dicho yacimiento, que extendió su explotación en forma directa hasta el año 2027 y por otros 20 años (hasta 2047) en forma asociada a la estatal provincial Petrominera Chubut.

“A estos precios del gas, a nadie le cierran los números”, es la repetida conclusión de los empresarios del sector. En realidad, del gas que se extrae en territorio nacional tan sólo un 30 por ciento (según las proporciones de mercado publicadas por Enargas), que tiene como destino el uso residencial y su venta como GNC, tiene el precio congelado a las tarifas pesificadas en 2002. El precio que pagan las centrales térmicas a los productores (otro 30 por ciento del gas disponible) está parcialmente compensado por Cammesa, de forma que el mayor costo de las usinas (y mayor precio que reciben los productores) no se traslade a la tarifa eléctrica. El restante 40 por ciento, que tiene principalmente uso industrial, se vende en su mayor parte por contrato directo entre productor e industria, a una tarifa en boca de pozo que fue ajustándose semestralmente a partir de mayo de 2004. Una porción menor se vende en el mercado de contado o “spot”, a precios libres (2,50 dólares por millón de BTU, aproximadamente).

El precio promedio resultante es altamente atractivo en términos de costos locales, aunque resulten muy inferiores a los valores internacionales. Por ello es que casi todo el esfuerzo de inversión en gasoductos hecho por iniciativa de las empresas privadas, desde 1995 en adelante, fue en tendidos con destino a la exportación. Las inversiones en ampliación de la capacidad de transporte interno corrió por cuenta del Estado a partir de 2004 (2,9 millones de metros cúbicos diarios en el Gasoducto San Martín y 1,8 millones en el Norte), tras el fracaso del modelo privatizador de los ‘90.

Ayer el presidente de la Nación insistió en este punto: las inversiones que va a encarar el gobierno nacional. Las concesionarias se escudan en que esto las exime de obligaciones en materia de expansión de la capacidad de transporte. Es uno de los tantos puntos oscuros de un cuadro de situación en el que las viejas reglas de los ’90 ya no están plenamente vigentes, pero no termina de alumbrar un modelo que las reemplace. En el medio, siguen las culpas cruzadas y las obras que se demoran. Y el invierno ya está entre nosotros.

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La capacidad de transporte no estaría siendo utilizada a pleno, según se sospecha.
 
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