EL PAíS › LA JUSTICIA RECHAZO SU PRETENSION DE DESPLAZAR AL GREMIO DE LA OBRA SOCIAL

Otro fallo contra un decreto de Macri

La jueza Elena Liberatori aceptó la intervención a la obra social de los municipales, pero sólo para su desregulación, y confirmó en sus funciones al directorio. Dijo que el jefe de Gobierno “se excedió” al ejercer la atribución que le confirió la Legislatura. Macri apelará el fallo.

 Por Eduardo Videla

Por segunda vez en menos de una semana, la Justicia dio por tierra con la pretensión del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, de hacerse fuerte en la obra social de los trabajadores estatales porteños y desplazar de su conducción a los gremialistas del Sutecba, el sindicato que los nuclea. Según la jueza Elena Liberatori, no bastó que la Legislatura sancionara una ley que parecía a medida de la intervención, lograda por el macrismo con el apoyo de la Coalición Cívica. Justamente esa ley –interpretó la magistrada– restringía la intervención pura y exclusivamente a promover la desregulación de la obra social y la libre elección de prestaciones médicas por parte de sus afiliados. Es decir que el interventor, Jorge Rey, tendría solo esa misión, mientras que el directorio que preside el dirigente gremial Patricio Datarmini seguiría en funciones. El procurador general de la ciudad, Pablo Tonelli, adelantó que apelará la medida judicial. “No pueden coexistir dos organismos administrativos en la obra social: el interventor y el directorio. Es un disparate”, dijo Tonelli a Página/12.

La jueza en lo contencioso administrativo Elena Liberatori resolvió en el día el recurso de amparo que habían interpuesto los abogados del Sutecba contra la ley 2637, sancionada el jueves por la Legislatura, y el decreto 20/08, firmado por Mauricio Macri al día siguiente. La ley, en su artículo primero, faculta al Poder Ejecutivo a intervenir la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires a fin de dar cumplimiento a la desregulación de ese organismo. El decreto, en tanto, dispone la intervención de la Obsba “en los términos del artículo 1º” de la mencionada ley. Y en su artículo 2º ordena “el cese de sus funciones del directorio de la obra social”.

En su resolución, la jueza Liberatori rechaza la pretensión del gremio, que había pedido la nulidad e inconstitucionalidad de la ley sancionada por la Legislatura, pero aceptó parcialmente el recurso contra el decreto de Macri: aceptó el artículo que dispone la intervención, aunque ceñida a la tarea de instrumentar la desregulación, pero dejó en suspenso el desplazamiento del directorio.

La desregulación es un antiguo reclamo de sectores que cumplen funciones en distintas áreas del gobierno porteño, como los profesionales de la salud y los docentes, que están cautivos de la obra social de los municipales. Muchos de ellos presentaron recursos judiciales y obtuvieron el traspaso en forma provisoria. Con el argumento de atender esos reclamos, la Coalición Cívica acordó el jueves con el PRO un proyecto de ley para facultar al jefe de Gobierno a intervenir la Obsba. Es la norma que aprobó la Legislatura.

Si bien el fallo judicial no dejó vencedores claros, el gremio pareció quedar más conforme, ya que no apelará la decisión. “La jueza entendió que el Ejecutivo se excedió al desplazar al directorio, ya que la ley delegaba la facultad de intervenir para desregular y no para gobernar la obra social”, explicó a Página/12 el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, uno de los abogados de la Obsba.

Es cierto que el gremio se resigna a mantener cautiva a su masa de afiliados. “La Obsba nunca estuvo en contra de la desregulación. En 2003 presentó un proyecto que la Legislatura archivó”, argumentó el abogado. “Esa es la tarea que ahora tiene el interventor: elaborar las normas para incorporar a la Obsba al Sistema Nacional de Salud”, agregó.

Los dirigentes del Sutecba respaldan este criterio. “No nos oponemos a la desregulación siempre que se aseguren las prestaciones a los jubilados y a los pacientes con enfermedades crónicas”, argumentó el secretario de Prensa del gremio, Enrique Pistoletti. Es que en el gremio temen que, si se produce la desregulación, emigren de la Obsba muchos trabajadores con sueldos altos, cuyos aportes hoy contribuyen a sostener las prestaciones a los jubilados del gremio. “Si el Estado creó este problema, debe poner los recursos para resolverlos”, sugirió el dirigente.

La pelea ente el macrismo y el gremio no es menor: además de los reclamos de los afiliados disconformes y el derecho de los jubilados, está en juego el manejo de un presupuesto importante, estimado en unos 340 millones de pesos al año. Esa caja, por ahora, quedará en manos del directorio de la Obsba que, por otra parte, no está integrado solamente por los cinco representantes del Sutecba: tiene cuatro directores y un vicepresidente designados por el jefe de Gobierno.

El directorio, según el fallo de la jueza Liberatori, continuará desempeñando todas sus atribuciones con excepción de dos: la ya mencionada desregulación, que estaría a cargo del interventor y la “reorganización de la obra social”, tarea que la ley sancionada el jueves asigna a una comisión ad hoc.

Entre los argumentos que esgrime la jueza para suspender el decreto de Macri, apela a un trabajo del propio procurador Tonelli, cuando era diputado nacional y abogaba por una interpretación restrictiva de las normas, como la que hizo ayer la jueza. “No es procedente que frente a una delegación (de facultades) el Poder Ejecutivo ejerza facultades excepcionales”. También cita en el fallo a la vicejefa de Gobierno, Gabriela Michetti, quien en un reportaje publicado el domingo sostiene: “Por más que podamos haber tenido algún director representando al gobierno (...), no existió la posibilidad de reunir los votos necesarios para lograr la desregulación”. Para la jueza, entonces, no quedaban dudas de que el objetivo de la intervención era desregular la obra social.

La respuesta del gobierno no se hizo esperar. El procurador Pablo Tonelli anunció que hoy apelará los dos fallos de la jueza Liberatori: el del jueves pasado, que suspendió el primer decreto de intervención, y el de ayer. “Es un grave desacierto jurídico –dijo el funcionario, máximo representante legal de la Ciudad ante los Tribunales–. Implica que coexistan dos organismos de administración y de gobierno en la obra social, lo cual es un disparate”, argumentó.

Para el interventor Jorge Rey, que acababa de asumir ayer, por segunda vez, como interventor, el panorama seguía siendo incierto. Hasta que el fallo quede firme, pese a su condición de especialista en recursos humanos, deberá afrontar una difícil convivencia.

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La obra social de los municipales ahora tiene un directorio y un interventor con funciones restringidas.
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