EL PAIS › JUAN MURRAY TIENE EN LA MIRA A OCHO PRODUCTORES AGROPECUARIOS

Con pedido de procesamiento

El fiscal de San Nicolás les imputa haber cortado la Ruta 9 y quemado pastizales. Entre los acusados está el titular de la Sociedad Rural de esa ciudad. La palabra la tiene ahora el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo.

El fiscal de San Nicolás, Juan Murray, pidió el procesamiento de los ocho productores rurales imputados por la quema de pastizales y el corte de la Ruta Nacional 9, a la altura de San Pedro. Entre mañana y el martes próximo vence el plazo para que el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo decida si convalida o no el procesamiento del presidente de la Sociedad Rural de San Pedro, Raúl Victores; su hijo Rufino y los productores agropecuarios Juan Kissling, Juan y Fernando Morreres, Alberto Batalla, Fabián Pascual y Reinaldo Bianchini. Fuentes del juzgado anticiparon a Página/12 que en las filmaciones presentadas en la causa no quedaría claro quién prendió el fuego y que los testimonios de los testigos serían contradictorios.

Los productores rurales fueron detenidos por personal de Prefectura Naval el viernes 30 de mayo, durante una protesta a la vera de la Ruta 9. Luego de diez horas de detención, esa misma noche prestaron declaración indagatoria ante Villafuerte Ruzo. Para realizar al pedido de procesamiento por “incendio doloso e interrupción de la circulación en una ruta”, Murray recolectó, además de los testimonios de ruralistas, grabaciones televisivas, fotografías y la cobertura periodística de una radio local. El fiscal no pidió la prisión preventiva de los productores, para quienes cabrían penas que van desde los tres a los diez años de prisión.

Murray es el mismo que imputó por otro corte de ruta realizado el 19 de mayo al mismo Victores, a los titulares de Federación Agraria (FAA), Eduardo Buzzi, y de Confederaciones Rurales (CRA), Mario Llambías, y a las opositoras Margarita Stolbizer y María del Carmen Alarcón, entre otros. El juez Villafuerte Ruzo deberá ahora decidir si los llama o no a declaración indagatoria (ver aparte).

Desde el juzgado aseguraron que el magistrado está analizando bien las filmaciones porque los ocho productores agropecuarios –a los que Murray pretende procesar– no habrían estado sobre la ruta, sino en un palco. Con respecto a los incendios, Victores le dijo a Página/12 que si bien se encontraban a la vera de la ruta, ellos estaban “muy lejos” del lugar donde se produjeron. “Tenemos documentación fotográfica de que estábamos a 200 o 300 metros de donde se inició el fuego”, afirmó el presidente de la Sociedad Rural de San Pedro. Victores denunció que el operativo en el que lo detuvieron fue una “emboscada” y relató que eran “30 personas contra 200 o 300 agentes de la Prefectura”. El ruralista relató que no recibió ninguna notificación oficial, sino que se enteró del pedido de procesamiento a través de los medios.


“No incurrieron en delito”

El abogado defensor de las referentes de la Coalición Cívica Margarita Stolbizer y de Pampa Sur María del Carmen Alarcón aseguró que el juez Carlos Villafuerte Ruzo desestimó el pedido del fiscal Juan Murray con el propósito de que ambas fueran citadas a indagatoria en la causa que investiga el corte de la Ruta 9 realizado el 19 de mayo pasado. Stolbizer y Alarcón están imputadas, entre otros, junto al intendente de San Pedro, Mario Barbieri; los titulares de Federación Agraria, Eduardo Buzzi; y de Confederaciones Rurales (CRA), Mario Llambías. El representante legal de las ex diputadas, Darío De Ciervo, aseguró: “El juez consideró que los elementos recolectados por la policía y el fiscal son insuficientes para indagar a mis defendidas”. Sin embargo, el abogado refirió que la causa seguirá adelante y que continuará la recolección de pruebas, aunque desestimó un cambio en la decisión judicial, ya que sus defendidas “no incurrieron en delito”.


El CELS se diferencia

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), criticó la presentación judicial que realizó la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, en la que acusa de terroristas a los titulares de las entidades rurales. “Aun en el contexto de este conflicto que está generando consecuencias graves para la población como el desabastecimiento y el desempleo, es inadmisible y riesgoso el uso abusivo de figuras penales como la asociación ilícita y la figura de terrorismo”, advirtió el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier.

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[HTML]Murray pidió el procesamiento por “incendio doloso e interrupción de la circulación”.
Imagen: Ana D´Angelo
 
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