Julio López sigue desaparecido. Ya van dos años, dos meses y ocho días desde el día de su desaparición. Eso implica que cualquier manifestación de repudio al respecto, de cualquier actor, en cualquier contexto, es legítima, porque vivimos en un Estado de derecho y la primera condición mínima de un Estado de Derecho es que las personas no desaparecen.

Otra condición mínima es la prohibición de que las fuerzas de seguridad abusen de la autoridad que el poder público les confiere, porque ese poder es nuestro, de todos los que somos este país, que renunciamos a nuestra capacidad individual de ejercer la fuerza y la delegamos a un cuerpo específico y profesionalizado que va a hacer un uso responsable de esta capacidad.

Si estas dos condiciones no se cumplen, hay una tercera, más básica, que establece que todos somos iguales ante la ley. Esta es la que sirve para contrapesar las arbitrariedades de los que piensan que, como tienen un arma reglamentaria, la ley es suya. Porque en esas arbitrariedades se muere gente. Y la gente no muere por arbitrariedades en un Estado de derecho.

Ahora, supongamos que ninguna de estas cosas se cumpliera realmente y que en nuestro país hubiese desaparecidos, la policía usara su poder de fuego en forma discrecional y el Poder Judicial le confiriera impunidad para hacerlo. Si todas esas cosas efectivamente sucedieran, aún contaríamos con el derecho a repudiarlas libremente sin que este repudio fuese considerado un hecho criminal.

Bueno, por un lado están estas condiciones y por otro está la jueza María Cristina Camiña, que en 1992 sobreseyó al comisario Miguel Angel Espósito por el asesinato de Walter Bulacio, que en junio de este año sobreseyó al policía Justo José Luquet por el asesinato de Marcelo Báez en el 2002 y que en el mismo mes inició un proceso por “daño contra la propiedad” contra Fernando Grenno, quien supuestamente escribió en una pared, el 1º de mayo del año pasado, “Aparición con vida de Julio López”.

Grenno, al igual que nosotros, esperaba y espera mucho más que el mínimo de nuestra democracia. Grenno representa a todos los que queremos que, más allá de la igualdad formal de la Constitución, todas las personas del país puedan vivir dignamente en una casa propia, alimentarse adecuadamente, trabajar en condiciones saludables y con una remuneración acorde, acceder a un sistema de salud y a una educación de calidad y, más adelante, ser dueñas de todo aquello que producen. Sin explotación, sin abusos, sin lastimar a nadie.

Pero siempre está la lacra del pasado, una caspa que no nos podemos terminar de sacar de encima, que nos obliga a reclamar por los derechos fundamentales de nuestra democracia, que nos hace volver 25 años para atrás. Que nos obliga a pedir que no sucedan cosas que no deberían suceder en un Estado de Derecho.

* Consejeros superiores de la UBA. También firman Hugo Yasky y Víctor De Gennaro (CTA), Andrés Tajer, Ariel Abad, Mariel Vigil, Ingrid Manfred y Carla Di Gregorio, Mónica López, Alejandro Castro, Stier Nicolas (consejeros directivos de la UBA).