Podría decirse que el sillón vacante de la Procuración Penitenciaria tiene dueño. Dueña. Silvia Martínez, propuesta ayer por el oficialismo, recibió más de las dos terceras partes del voto de los senadores presentes, lo que le abre una rauda carrera hacia Diputados, donde nada hace suponer que la cosa vaya a variar. Hace unos días no podía preverse una carrera tan diáfana como la que realmente sucedió. En su contra tenía al grueso de las ONG más representativas en el tema carcelario, que impugnaban su candidatura por dudosa en la materia (había negado públicamente que en las cárceles federales existiera la tortura); a la UCR, que marchaba con su propio candidato, Francisco Mugnolo (actual procurador); y a la Coalición Cívica, que llevaba el propio, Ernesto Moreau. El reclamo de las ONG era transparentar la elección. Ayer ocurrió todo lo contrario. La UCR dio vuelta su posición, apoyó al candidato oficial por un acuerdo entre bambalinas y posibilitó de esa manera la media aprobación al cargo a la aspirante a defensora de presos y carceleros.

El cargo de procurador penitenciario es el primero que será elegido de acuerdo con el procedimiento previsto constitucionalmente. La intención de las organizaciones que desde hace años se dedican a cuestiones carcelarias es que tanto la elección del procurador como el control sobre el tratamiento a las personas privadas de libertad fuera transparente. En diciembre pasado, Página/12 publicó un informe realizado por el Instituto Gino Germani de la UBA en el que se revelaba que en las cárceles federales existía la tortura. Dos días después, la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación emitió un comunicado en defensa del SPF en el que, en pocas palabras, negaba la existencia de tortura porque, de otro modo, los jueces estarían enterados. En cualquier cursillo de derechos humanos se explica que la tortura existe porque los jueces la aceptan, la hacen posible o no la investigan.

Ocurre que la candidata oficialista proviene de la Comisión de Cárceles que había salido a la palestra a negar el informe. El 26 de agosto se realizó una audiencia pública en la Bicameral para que los tres candidatos recibieran las críticas pertinentes. El resultado fue escandaloso ya que las críticas fueron filtradas y diluidas, según denunciaron las ONG participantes, además de la oposición (UCR y CC), que sostuvo a rajatabla a sus propios candidatos.

“Esa reunión fue un escándalo –definió Juan Carlos Marino, radical y vicepresidente primero del Senado–. Vamos a mantener a nuestro candidato, que es Mugnolo”, les aseguró a representantes de las ONG que acudieron a consultarlo hace pocos días, preocupados por la designación. Dicho pero no hecho. Ayer, el radicalismo bajó la candidatura de Mugnolo y votó a favor de Martínez, que obtuvo así 43 de los 53 votos presentes. La UCR, a su vez, ubicó a Raquel Gass como adjunta (su conocimiento en materia carcelaria es haber sido encargada de protocolo en la Procuración) y se reservó el cargo de adjunto del defensor del Pueblo. Ayer Marino intentó explicar el porqué del abrupto giro de intenciones con un exabrupto bastante sugerente de lo poco que se sabe sobre las cárceles y sus órganos de control: cuando le tocó el turno, dijo que “la UCR bajó su candidatura y votamos al candidato oficial para mantener el orden institucional, porque cuando en su momento propusimos a Mugnolo, el PJ decidió apoyar nuestra propuesta”.

Nadie recordaba que Mugnolo fue designado por decreto por el entonces presidente Fernando de la Rúa, y fue reelecto en el cargo por una ley y no en una votación.