“El objetivo central de toda esta movida es el empleo.” La definición es del jefe de Gabinete, Sergio Massa, y también del ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Obviamente va en línea con lo que repite la presidente Cristina Fernández de Kirchner: “Tenemos que afrontar la crisis manteniendo los niveles de productividad y los puestos de trabajo”.

En la Casa Rosada sostienen que muchas de las medidas que se tomaron fueron la consecuencia de escuchar los pedidos que les llegaban de distintos sectores empresarios para tener de dónde agarrarse y de algún modo canjear esos beneficios por el mantenimiento de los puestos de trabajo y el blanqueo de los empleados en negro.

El Gobierno tomó como suyas las ideas que le parecían razonables y, además, viables. “Ahora esperamos que ellos cumplan”, sintetizó un alto funcionario.

La idea de apurar la batería de acciones, inédita en el kirchnerismo que nunca fue afecto a los “paquetes de medidas”, sino más bien a las modificaciones graduales, se debe también a que algunos índices encendieron las luces amarillas antes de tiempo. “No vamos a dejar que la crisis nos estalle en las manos, por eso tomamos decisiones que tienen que ver con el presente, pero sobre todo en prevención del futuro”, le dijo a Página/12 uno de los funcionarios más cercanos a la Presidenta.

“Lo mismo hicimos con el sistema previsional. Adelantarnos para que después no tengamos que salir a apagar incendios a último momento y sin haber previsto los recursos”, ejemplificó.

Respecto de las medidas en sí, en el Ministerio de Trabajo recuerdan que el sistema de reducción de aportes les dio muy buenos resultados cuando buscaban incentivar que los beneficiarios de los planes Jefas y Jefes de Hogar pasaran al empleo privado en blanco.

“Nosotros ya veníamos desplegando acciones para evitar despedidos, incluso dando subsidios por cada trabajador a empresas en crisis. Pero ahora que profundizamos la ayuda a los empresarios, también queremos como contrapartida aprovechar la ocasión para aumentar el empleo registrado”, explican en el Gobierno.

En ese concepto se estructuran muchas de las medidas, ya que para acceder al blanqueo de trabajadores en negro o al incorporar nuevos trabajadores, los empresarios se eximen del 50 por ciento de aportes en el primer año y del 25 por ciento en el segundo año.

El recurso de darle beneficios excepcionales a los empresarios para los diez primeros trabajadores que blanqueen se debe a que nada menos que el 86 por ciento de las empresas en la Argentina (es decir 470.000 empresas) cuentan con una dotación de menos de diez empleados, y entre ellos siempre hay varios en negro. Incluso hay empresas que trabajan absolutamente en negro. Si blanquean a sus empleados acceden a créditos blandos, pero en contrapartida entran al sistema formal, con todo lo positivo que esto implica.

Al parecer, los anuncios no terminaron el martes. En los corrillos de la Casa Rosada se dice que podría haber algunas nuevas medidas complementarias, aunque no de tan alto impacto. “Algo más puede haber, pero no todos los días vamos a crear un nuevo ministerio o abrir la repatriación de capitales”, dijo con humor un funcionario tratando de bajar las expectativas.