Los comités de bioética están regidos por una ley de 1996, que establece que sus decisiones no son vinculantes, pero directores de hospitales que se oponen a la realización de abortos no punibles suelen apelar a sus veredictos, si coinciden con su posición, para obstruir la práctica. Pasó hace pocas semanas en el Hospital Meléndez de la localidad bonaerense de Adrogué, frente a un caso de un niña de 12 años, con retraso mental, que había sido abusada sexualmente. Primero un comité ad hoc, convocado de acuerdo con el protocolo de atención de estos casos vigente en la provincia de Buenos Aires, dictaminó que la discapacidad mental de la nena “no puede ser asimilable a la definición de ‘idiota’ o ‘demente’” que –en una redacción arcaica– establece el Código Penal en su artículo 86 inciso 2º, según informó a Página/12 María San Martín, responsable de prensa del Ministerio de Salud bonaerense, desde donde se siguió el caso, que en su momento no trascendió a los medios. A la madre de la niña, una mujer boliviana con escasa educación formal, con dificultades para entender el castellano, le transmitieron que no se recomendaba realizar el aborto. Según pudo saber este diario, el argumento que esgrimió el director del hospital, Juan José Colla Martinoia, fue que la práctica sería riesgosa para la niña y podía poner en peligro su vida, en función de que el embarazo llevaba 16 semanas. Entonces, la madre de la niña finalmente retiró el pedido del aborto no punible. El aborto en sí mismo no es riesgoso si se realiza en condiciones adecuadas como pueden hacerse en un hospital. A L.M.R., la joven de 19 años con un retraso mental que había sido también abusada sexualmente, en 2006, y cuyo caso llegó a la Suprema Corte de la provincia, el aborto se lo practicaron en la semana 20 de gestación, sin que su vida corriera riesgo.