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Los antecedentes de Brasil y Sudáfrica

En mayo de 2003 Brasil derrotó a Estados Unidos en la Organización Mundial de la Salud (OMS). La asamblea de ese organismo mundial aprobó una propuesta brasileña que favorecía el acceso de los países pobres a los medicamentos y ponía límites a las multinacionales farmacéuticas. La resolución adoptada pedía a los países adaptar sus legislaciones para aprovechar la flexibilidad contenida en el Acuerdo sobre Propiedad Intelectual y Comercio. Esto significa que, cuando razones de emergencia sanitaria así lo exijan, un país puede fabricar por su cuenta medicamentos ya patentados o bien importar copias de medicamentos patentados de países que los produzcan más baratos. La delegación estadounidense, en sintonía con la industria farmacéutica, priorizaba la defensa de los derechos de propiedad intelectual. Tres años antes, el gobierno de Brasilia había advertido al de Washington que no modificaría su ley de patentes. Sin embargo, en 2004, para evitar el colapso de su programa de distribución gratuita y universal de medicamentos contra el SIDA, el mayor del mundo, Brasil se vio obligado a no reconocer las patentes importadas utilizados para el control de esa enfermedad. Ya en 1996 ese país había dictado una ley por la cual el Estado producía ocho de los 14 antirretrovirales que se usan contra el VIH.

En Sudáfrica, la organización no gubernamental Campaña de Acción para el Tratamiento planteó una demanda judicial contra el gobierno por negarse a distribuir medicamentos gratuitos a madres infectadas con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), que produce SIDA. El 18 de abril de 2001 en ese país 39 compañías farmacéuticas retiraron la demanda contra la ley de medicamentos que impedía que los sudafricanos accedieran a esos productos. Ese país tenía entonces 4 millones de enfermos de SIDA, y según Onusida en 2001 murieron 2 millones de africanos. La epidemia de esa enfermedad colocó a todo el continente en las puertas de la catástrofe.

China reconoció hace poco la magnitud del problema y exigió rebajas del 90 por ciento a los fabricantes de antirretrovirales.

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