EL PAíS › OPINION

El Estado en cuestión

 Por Mario Wainfeld

La encendida (y previsible) defensa oficial a Romina Picolotti vino en combo con un frontal e inesperado cuestionamiento al diario Clarín y al periodista Claudio Savoia. Alberto Fernández no ahorró palabras, habló de “terrible operación”, “barbaridades” y hasta “imbecilidades”. Más allá de desbordes que pudieron derivarse de hablar sin leer, la presentación estaba calculada, tanto que fue acompañada de transparencias que sintetizaban el texto de la nota de tapa dominical del matutino o graficaban los argumentos del jefe de Gabinete. En la escena, curiosamente, faltó un elemento imprescindible, un vaso de agua que Fernández pidió a poco de comenzar, dando cuenta de que la procesión iba por dentro. La secretaria de Medio Ambiente estaba a su lado.

Fernández rebatió las críticas al número de designaciones realizadas por la secretaria y a las respectivas remuneraciones. Su punto central es que la nueva gestión necesitaba de personal idóneo y confiable. Agregó data respecto de la calificación profesional de muchos de los incorporados.

Lugares comunes: Ese aspecto del debate es un punto razonable del Gobierno respecto de una serie de lugares comunes que fueron muy repetidos en la cobertura mediática. Nadie lo expresa con esas palabras pero, a la luz de numerosos reproches leídos y oídos desde el domingo, puede inferirse que el Estado no debe incorporar cuadros, no debe pagarles razonablemente y (ya que estamos) no debe proveerlos de buenas computadoras. Ese imaginario, que nadie aplicaría a empresas privadas, tributa a la ofensiva antiestatal y antipolítica que asoló a casi todo el mundo durante décadas. La inconsecuencia se torna intolerable cuando, por añadidura, cada vez se le piden más prestaciones al Estado.

La acción del Estado es compleja y conflictiva, en muchos casos supone contender con las indómitas fuerzas del mercado. Las cuestiones de medio ambiente suelen ser un ejemplo clavado de ese antagonismo, el capitalismo tiene un sesgo predatorio que sólo la acción pública puede mitigar. Quienes defienden derechos corporativos disponen de importantes medios materiales y alistan elencos bien ensopados, consustanciados con sus intereses. Para poder articular con ellos y eventualmente fijarles límites son necesarias dotaciones si no iguales, parejas.

Signo pesos: Es frecuente decir que los funcionarios deben cobrar bien para ponerlos a cubierto de tentaciones de corrupción. El razonamiento peca de ingenuo y de insuficiente. Ninguna cifra vacuna a los ambiciosos contra la voluntad de tener más. Y, en puestos relevantes, jamás un ingreso por derecha tiene equivalencia con lo que se podría conseguir por izquierda. El mejor motivo para pagar buen dinero es el de incentivar a personas calificadas a asumir los costos y los riesgos de la función pública. En Argentina mucho se ha hecho por bastardear esa evidencia, los políticos de carrera no están exentos de encubrirla con pretextos o, al menos, de no tomar el toro por las astas. Sincerar esa polémica es una necesidad que nadie emprende del todo.

Otro tanto puede decirse de los modos de reclutamiento de personal del Estado. El esquema vigente es pésimo, enmarañado e imposible de sustituir de la noche a la mañana. Los gobiernos (incluido el actual) son muy remisos a ampliar el número de administradores de carrera. Los hay, mucho más que hace dos décadas, pero siguen siendo escasos en relación con los requerimientos siempre crecientes.

Un esclerosado régimen legal de la función pública fuerza a variados simulacros: se retacean las incorporaciones de personal a planta supuestamente para ahorrar. Los que ya están no suelen estar supeditados a pruebas periódicas de capacitación. El abanico de situaciones de los estatales es gigantesco y, en casi toda la casuística, insatisfactorio. Va desde quienes gozan de una estabilidad muy amplia hasta quienes son “contratados” cuasi vitalicios, con pactos que burlan las leyes laborales y licuan sus derechos. Ese panorama desolador no se reparará de un día para el otro. En el demasiado prolongado ínterin es un remiendo aceptado acudir a instituciones como “el decreto 1184” o los contratos “PNUD”. No son ilegales, son imprescindibles, son herramientas precarias que habría que ir eliminando homeopáticamente. Sólo un émulo pleno de Alvaro Alsogaray podría (sin ruborizarse) mocionar que se lo haga de un día para el otro. Si se apelara a esa cirugía mayor, el Estado no podría cumplir sus funciones básicas.

Revisar el dogma: El peine fino sobre la gestión de Picolotti, desde luego, sigue siendo un tópico interesante, sobre todo si se lo desbroza de prejuicios. El cronista no se interna en la discusión acerca de la idoneidad de sus colaboradores, en la justeza de su número o en la calidad de sus gestiones individuales. Se confiesa incompetente para tamaño detalle. Pero sí cree, contra un dogma predicado en exceso, que para cumplir sus deberes la secretaria de Medio Ambiente necesita tener más recursos humanos y materiales. La decisión de la Corte Suprema que le impuso una serie de deberes respecto del Riachuelo es histórica, carece de precedentes. Los severos reclamos del tribunal no van en pos de un saludo a la bandera, sólo pueden ser satisfechos si otro estamento del Estado tiene con qué. El entredicho del río Uruguay es otra cuestión de Estado inédita, muy peliaguda, muy por encima de la capacidad de una burocracia diseñada en otra era.

Contragolpe: Con dos mujeres de su gabinete en la mira, justo cuando se lanza la candidatura a presidenta, el Gobierno contragolpeó en un caso. No fue el de la funcionaria más importante sino, seguramente, la de aquella que mejor puede defender.

El estilo de la presentación de Fernández fue áspero. Sobraron expresiones despectivas para el periodista Savoia, autor de la nota que detonó el cuestionamiento a Picolotti. Lo cortés no quita lo valiente, se puede controvertir un artículo sin menoscabar a su autor.

También es una costumbre infausta (para nada monopolio del oficialismo actual) incursionar en las intenciones de la supuesta fuente de una información para descalificar el fondo de la cuestión. Lo central respecto de una investigación con impacto no es, jamás, el móvil de su fuente sino la veracidad o pertinencia de su contenido.

También fue inusualmente frontal la crítica al diario Clarín. Un postulado pragmático aconseja no enfrentar un multimedia en tiempo de campaña. Néstor Kirchner, el estratega de la movida de ayer, lo conoce y lo desafió. Habrá qué ver cómo sigue la historia en términos políticos y periodísticos.

Las peripecias son atrayentes, seguramente más que estudiar a fondo qué Estado se quiere, cómo deben reclutarse sus funcionarios o cuál debe ser la estructura de la administración pública. Son temas centrales, muy previos a la aparición de Picolotti en escena, pero un poco áridos para atraer al ágora mediático. Lo puede testimoniar el ministro Fernández, cuya conferencia de prensa, en plena Casa de Gobierno, fue desamparada por todos los medios electrónicos cuando empezó la lectura de la sentencia por el asesinato de María Marta García Belsunce.

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