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Fútbol, contenidos y derechos audiovisuales

Tomando en cuenta los anuncios sobre transmisiones del Campeonato Mundial de Fútbol y el aporte de la Televisión Digital Abierta, Diego Rossi subraya la importancia de lo hecho y reclama nuevas políticas de Estado para garantizar la eficacia de la inversión en la materia.

 Por Diego Rossi *

La transmisión del Campeonato Mundial de Fútbol 2014 retoma desafíos para una política pública del audiovisual que garantiza acceso, gratuidad y alta definición en casi todo el país, mientras ocho de cada diez hogares pagan TV por cable o satelital.

La información oficial indica que “Fútbol para Todos será el único medio de la televisión abierta argentina que transmitirá todos los partidos de la próxima Copa del Mundo, y los mismos podrán disfrutarse, gratuitamente y en alta definición, a través de las pantallas de la TV Pública y DeporTV, señales 23.02 y 24.01 de la TDA”, ya sea en directo o en diferido.

Catalizador de nuestras pasiones por excelencia, el fútbol es una “actividad de interés relevante”, según la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y recibe la inversión de recursos públicos para facilitar su recepción gratuita por diversos soportes.

Dado que un 82 por ciento de los hogares son abonados a la TV por suscripción y que la mayoría se ha demostrado favorable a la estatización del Fútbol para Todos, asumimos que en términos generales al Estado se le agradece haber librado a los argentinos de la mensualidad premium o pay-per-view del fútbol, aunque eso no conlleve cortar con el abono básico.

¿Quiénes deberían pagar para ver TV?

El Estado viene realizando inéditos esfuerzos para el acceso ciudadano y la diversificación de contenidos (series de ficción, películas, documentales, producciones con visión federal y otros materiales que no lograron llegar a pantallas masivas).

Mientras algunos se apresuran a declarar la debacle de la Televisión Digital Abierta (TDA), recién se cumplen cuatro años de su comienzo, y sabemos que el pasaje de analógico a digital en la TV de cualquier país tiene plazos no menores a ocho o diez años.

Convergen varias cuestiones: en primer lugar, la dependencia estructural basada en las redes de TV con centro en Buenos Aires, que condenaban a “los del interior” a ver uno o dos canales, con producciones de Capital transmitidas en diferido.

En tal sentido, el lugar configurado para el espectador-consumidor ante la oferta audiovisual ha sido tanto o más cultural que el atesoramiento de ahorros en dólares.

Desde 2010, la TDA desarrolló rápidamente antenas e infraestructura para cubrir hoy al 85 por ciento del territorio y más del 90 por ciento de la población, junto a nuevas señales. Pero la difusión de la TDA con criterio de política social (reparto gratuito de 1.500.000 decodificadores a sectores vulnerables y entidades sociales, instalación de antenas, etc.) confundió en su validación el criterio de accesibilidad con el efectivo uso de los dispositivos, los contenidos y el recambio de televisores. Ciertas formas clientelares de distribución de los “decos” y algunos fallos técnicos de recepción son factores que inciden en los presumibles bajos índices de audiencia, como también el ninguneo de los medios dominantes a las nuevas señales y a la TDA en general.

Quizá fueron subestimados los hábitos culturales que naturalizaron el pagar-abono-para-ver, especialmente con un modelo de inclusión económica que permite a vastos sectores destinar sin dudar más de 200 pesos mensuales para cubrir sus “necesidades básicas de consumo audiovisual”, TN y Tinelli incluidos.

Ahora, frente a la convergencia de servicios, personas de todas las edades también eligen contenidos a través de conexiones a Internet: ya sean servicios de pago como Netflix o Spotify, pero también YouTube, los sitios por fuera de los derechos de propiedad intelectual, y los programas desenganchados de la grilla de las pantallas.

Es bueno que se garantice la visualización del Mundial en forma gratuita a través de la TDA.

También resulta necesario consagrar jurídicamente los principios de neutralidad de la red, para la circulación de una producción diversa y plural y el acceso digital con equidad.

Pero sobre todo, aplicar políticas de Estado para evitar oligopolios que cambian de formas y se suceden unos a otros. El audiovisual como verdadera industria demanda la identificación y regulación de excedentes extraordinarios en la cadena de valor (hoy son “los exhibidores que se la llevan”, a costa de las inversiones públicas o de quienes invierten en el desarrollo de contenidos y/o redes de comunicación).

Actualizar las formas de subsidiar y garantizar programas nacionales por muchos años más será el mejor de los esfuerzos para desterrar el derrame de las soluciones del mercado, en pos de una redistribución inteligente y eficiente de los recursos que genera y banca la sociedad argentina toda.

* Docente-investigador, Facultad de Ciencias Sociales UBA. @diegodrossi

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