SOCIEDAD › GARRé ORDENó REABRIR LOS SUMARIOS CONTRA OCHO POLICíAS INVOLUCRADOS EN LA LLAMADA MASACRE DE POMPEYA

Un dictamen para dar vuelta una injusticia

El Ministerio de Seguridad ordena reabrir los sumarios. En el caso, Fernando Carrera fue condenado a treinta años. El informe sostiene muy fuertes sospechas sobre el armado de la causa por parte de los policías, falsos testimonios y no relevamiento de pruebas.

 Por Carlos Rodríguez

Por decisión del Ministerio de Seguridad Nacional, ocho policías que en enero de 2005 integraban las brigadas de las comisarías 34ª y 36ª de la Policía Federal, serán sometidos nuevamente a un sumario administrativo, para analizar las conductas que tuvieron en un hecho ocurrido en el barrio de Pompeya el 23 de enero de ese año. Por el caso, conocido como la Masacre de Pompeya, fue condenado a treinta años de prisión Fernando Carrera, un vendedor sin antecedentes penales que con su coche, un Peugeot 205, atropelló y mató a tres personas y produjo lesiones graves a otras cuatro, luego de ser perseguido y baleado por los policías de las dos brigadas. Los uniformados argumentaron que Carrera poco antes había protagonizado un asalto a mano armada y que por esa razón lo perseguían. La ministra Nilda Garré dispuso “dejar sin efecto el sobreseimiento provisional” otorgado a los policías en su momento y ordenó “avanzar en la formulación de los correspondientes reproches administrativos”, en razón de las “graves faltas advertidas” en el accionar de los uniformados durante la instrucción de la causa. Entre los involucrados hay un comisario.

Esas anomalías podrían llegar a demostrar que es cierto lo que alegó Carrera en el juicio oral donde fue condenado, en el sentido de que no sólo es inocente respecto del robo que se le adjudicó –fue absuelto de esa acusación– sino también del triple homicidio y las lesiones múltiples por los que fue condenado, dado que –afirma– atropelló a las víctimas luego de que los policías lo hirieran de manera tal que se desvaneció y perdió el control del vehículo que manejaba, antes de que se produjera la tragedia. Dos de los 18 disparos que presentaba el auto conducido por Carrera habían ingresado por detrás del vehículo, lo que confirmaría su versión de los hechos. Lo curioso es que los policías que lo persiguieron niegan haber disparado mientras lo seguían y que sólo lo hicieron luego de que el auto se detuviera y quedara frente a frente con el móvil policial. Uno de los policías cuya actuación es cuestionada hizo disparos con una pistola de su propiedad cargada con balas “semiencamisadas” (de punta hueca), cuyo uso está prohibido para agentes de la fuerza de seguridad (ver nota aparte).

La defensa de Carrera cree que, a partir del dictamen de la ministra Garré, podría llegar a modificarse la condena, teniendo en cuenta que el texto de la resolución ministerial, al analizar punto por punto las declaraciones de los policías y de algunos testigos civiles, pone en duda la versión oficial que indica que el hombre condenado fue perseguido y baleado porque antes había disparado en contra de los móviles policiales. La resolución ministerial le ordena al Departamento Investigaciones Administrativas de la Federal que reabra la investigación que involucra al entonces jefe de la comisaría 34ª, comisario Daniel Enrique Villar, quien estuvo desde el principio a cargo del procedimiento policial, en razón de “las graves faltas advertidas en la debida recolección de los elementos probatorios necesarios para la acreditación de cuanto en verdad aconteciera en la emergencia”. El oficial Villar se encuentra hoy en disponibilidad porque presentó un pedido de retiro voluntario.

Los policías que, junto con Villar, volverán a ser sometidos a sumario administrativo son el subinspector Jorge Daniel Chávez (hoy inspector en la comisaría 32ª), el principal Héctor Alfredo Guevara (subcomisario en la comisaría 13ª), los sargentos Jorge Omar Roldán (sargento primero en la División Robos y Hurtos) y Pedro Daniel Penayo (igual grado en la comisaría 32ª), y los cabos Leoncio Gustavo Calaza (cabo primero en la División Robos y Hurtos), Miguel Arias (baja otorgada el 5 de julio de 2011) y Carlos Alberto Kwiatkwoski (cabo primero en la División Servicios Especiales). La notificación fue dirigida por Garré al jefe de la Federal, comisario general Enrique Rubén Capdevilla.

La resolución, a la que tuvo acceso Página/12, está fechada el 23 de febrero de este año y se consigna que “de la compulsa” del expediente referido a la llamada Masacre de Pompeya se advierten “las mismas falencias que han sido advertidas en otras ocasiones respecto del proceder del Departamento de Investigaciones Administrativas” de la Federal. El hecho se produjo pasadas las 13 horas del 23 de enero de 2005, a partir de una denuncia que se presentó en la comisaría 48ª, por un robo ocurrido en Barros Pazos y Murguiondo, en el barrio de Mataderos.

El Comando Radioeléctrico alertó a varios móviles. El hijo y la mujer del hombre que había sido objeto del robo informaron que los autores fueron dos y que habían efectuado disparos intimidatorios. Los autores del asalto, según la primera versión, escapaban en un Palio de color blanco. Luego, a partir de nuevos testigos, se dijo que era un Peugeot 205, del mismo color. Así fue que se inició una larga persecución de la que participaron varios móviles policiales. Los que finalmente intervinieron fueron los de dos brigadas de las comisarías 34ª y 36ª, que estaban esperando al auto sospechoso en la esquina de Centenera y avenida Sáenz.

Luis Ríos, testigo presencial del hecho, comentó frente a las cámaras de la TV que desde los autos policiales dispararon con “una itaka” contra el auto de “los sospechosos”, tal como dijo, aunque en el Peugeot 205 sólo iba Carrera. Ríos, en su declaración, si bien habló sobre la peligrosidad “de los delincuentes”, también cuestionó el accionar policial dado que “no podemos arriesgar la vida de dos mil personas que compran acá en Pompeya”. La cita textual, en el informe ministerial, tiene relación con lo que dice el artículo 3 del Código de Conducta para funcionarios policiales, en el sentido de que “podrá usarse la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida en que lo requiera el cumplimiento de sus tareas”.

Garré citó también una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de diciembre de 1990, que recomienda “en la medida de lo posible” utilizar “medios no violentos” y que se haga “uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente necesario para proteger una vida”. También se mencionó la existencia de órdenes reservadas que establecen la prohibición de “efectuar disparos contra vehículos en movimiento para forzar su detención” y que el “caso de fuga no justifica el uso de armas”. El dictamen sostiene que las pericias balísticas acreditaron la presencia, en el Peugeot 205, de “dos rastros de impactos” de munición que ingresaron “del exterior hacia el interior, de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda y en forma descendente”. Lo extraño es que “ninguno de los integrantes de las dos brigadas (...) dio cuenta de la producción de esos disparos”. Tampoco se hizo “ninguna diligencia tendiente a procurar rastros de lo ocurrido durante la persecución”. Hay un testigo presencial de esa parte de los hechos (su testimonio apareció en la TV), pero “no fue allegado ni a la instrucción judicial ni al juicio (oral), ni hay constancias de que se hicieran en el lugar gestiones para recibir su testimonio ante la autoridad, ni respecto de ningún otro ocasional testigo” de esa secuencia, señala el informe ministerial.

El sargento Juan Antonio Leyes, en el juicio, aseguró que recién al otro día lo enviaron a recoger testimonios y que lo hizo sólo en las cercanías de la Iglesia de Pompeya, donde tuvo su punto final el incidente. En el informe de Garré se resalta que lo señalado trasunta “las graves fallas con que actuó la comisión policial que arribara al lugar casi inmediatamente”.

En este punto se recuerda que el Código Procesal Penal impone a la policía “cuidar que los rastros materiales que hubiera dejado el delito sean conservados y que el estado de las cosas no se modifique hasta que lo disponga la autoridad competente”. Esto significa “hacer constar el estado de las personas, de las cosas y de los lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, exámenes técnicos y demás operaciones que aconseje la policía científica”. En la causa, además, el juzgado había ordenado que se recibiera “declaración testimonial a testigos presenciales del hecho”.

El dictamen agrega que Carrera, en su declaración indagatoria, tanto en la instrucción como en el juicio, dijo que cuando llegó al cruce con avenida Sáenz observó que era perseguido por un Peugeot 504 oscuro, sin ninguna identificación policial, como ocurre con los autos de las brigadas, y que desde su interior “un sujeto desaliñado, de barba y con pelo largo” esgrimía “un arma de fuego que lo apunta”. Por eso dijo que “sintió que lo iban a robar” y aceleró su marcha por la avenida. Luego escuchó detonaciones y sintió “un golpe fortísimo en la cara”, a consecuencia de uno de los disparos, que le atravesó la mandíbula.

El testigo Rubén Oscar Maugueri declaró ante la TV que vio al conductor del Peugeot 205 (Carrera) “sacar su mano armada y disparar tres o cuatro tiros contra el personal policial”. El testigo, sin embargo, luego “no mantuvo esa versión” y aseguró que sólo había escuchado “disparos que según entendía provenían del auto que había chocado”, el de Carrera. Maugueri era en ese momento presidente de la Asociación de Amigos de la Comisaría 34ª y dueño del Corsa verde en el que llegó, al lugar de los hechos, el comisario Daniel Villar, en disponibilidad e investigado administrativamente por el hecho.

Otro testigo, Rubén Darío Villafañe, dijo primero que vio a Carrera “disparar tres veces”, pero en el juicio aseguró que “más bien escuchó un disparo que habría provenido del lado del auto” de Carrera, tal como se consigna en el informe del ministerio. Un tercer testigo, Gustavo Carlos Jarc, apareció primero sosteniendo la versión policial según la cual Carrera hizo disparos, pero en el juicio “dijo no saber de dónde provenían” los supuestos balazos. Otros seis testigos del juicio tampoco supieron decir desde dónde provenían los balazos que escucharon.

Los policías ahora cuestionados fueron los que aseguraron en el juicio que Carrera les había disparado. De todos modos, lo que sí se comprobó de manera fehaciente es que el Peugeot 205 en el que iba Carrera tenía “18 impactos” de bala, que correspondían a “disparos que podían provenir del ‘abanico’ policial” que había rodeado el auto del vendedor condenado a treinta años de cárcel. El dictamen recuerda que los balazos, desde adentro, que se adjudican a Carrera, podrían haber ingresado antes al vehículo “desde afuera (...) por el parabrisas”, que quedó pulverizado.

El caso fue tan dramático, que el sobrino de la persona que sufrió el robo en la zona de Lugano declaró en el juicio que “la tragedia ocurrida lo hacía sentir culpable, porque si él no seguía a los ladrones no hubiera pasado lo que pasó; que lo robado a su tío se recupera, pero las vidas perdidas y los accidentados no, y ello tal vez no hubiera pasado si (los autores del hecho) se hubieran escapado y listo”. El Ministerio de Seguridad sostuvo que se cuestiona, en el caso, “la utilización de autos ‘no identificables’” en el “cerrojo” policial, en la “persecución” y en el “tiroteo”. Las tres palabras, en el original firmado por Garré, son mencionadas con las comillas. Por todas esas razones, se ordenó al jefe de la Federal que reabra el sumario administrativo contra los ocho policías involucrados. Este informe, sumado a otro realizado antes por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, podría dar lugar a una modificación de la sentencia, que ahora se encuentra a consideración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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Entre las fuertes sospechas que impone el informe figura el que los policías no hayan entregado sus armas para peritar.
Imagen: DyN
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