SOCIEDAD › RECIBIO LA CONDENA MAXIMA CUANDO TENIA 17 AñOS, PERO NUNCA FUE ASISTIDO POR UN DEFENSOR

Con perpetua y defendido a sola firma

En Santa Fe detectaron el caso de un menor de 18 condenado ilegalmente a perpetua. La Procuración, que dirige a los fiscales, pidió la condena, mientras que la defensa, a la que también dirige, jamás apareció. El caso llegó a la Corte Suprema.

 Por Horacio Cecchi

Cinco años después del fallo Maldonado (2005), por el que la Corte Suprema consideró que las penas aplicables por delitos cometidos por menores de 18 años nunca pueden ser equiparables a las condenas a adultos, y mientras el país se enfrentaba a un proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (que actualmente se encuentra en la Corte IDH) por cinco casos de adolescentes condenados a perpetua, la ignota jueza de Santa Fe Ana Elvira aplicaba perpetua a Diego Cabrera por un delito cometido cuando éste tenía 17 años. Para peor, como parece habitual en buena parte de la Justicia santafesina, Cabrera sólo conoció a su defensor oficial por la firma estampada en el expediente. Ayer, la Corte Suprema de la Nación aceptó un recurso de queja in pauperis presentado por Cabrera. In pauperis significa que el propio interesado lo presenta, lego en la materia, precisamente por carecer de abogado.

El 20 de septiembre pasado, el defensor oficial de Bell Ville, Córdoba, Jorge Perano, entrevistó a Cabrera (ahora de 22 años), detenido en la cárcel de Cruz del Eje, también Córdoba, por pedido de la Defensoría General de la Nación, a la que había llegado la información de un caso (otro) de un adolescente condenado a perpetua a principios del mismo mes.

“Me dijeron, esto es la perpetua, firmá; y nada más. Nunca supe ni me dijeron que se podía recurrir”, le dijo Cabrera a Perano, tal como cita en su escrito al que tuvo acceso Página/12. Cabrera había sido condenado como coautor de un homicidio en Coronda, Santa Fe, en agosto de 2007. La actividad de su defensor oficial de aquel momento, Claudio Ibarra, fue arrasadora: firmó la declaración indagatoria de Cabrera. No se sospecha otra intervención.

Según Cabrera, él conducía el vehículo en el que secuestraron a la víctima, pero el control de la situación la tenía su tío, Cristian Rodríguez, de 24 años, quien estaba armado y decidió que se trasladaran hasta un descampado, donde hicieron bajar al hombre y le disparó “porque les había visto la cara”. Según Rodríguez, su sobrino le disparó pese a estar al volante, cuando la víctima lo atacó con un matafuegos y Cabrera, para defenderlo, disparó. Los peritajes le dieron la razón al chico, ya que la víctima tuvo todo ese tiempo las manos atadas a la espalda, el matafuegos no tenía rastros ni la cabeza de Rodríguez tampoco.

Sin embargo, se realizó un careo, en el que Cabrera aceptó la versión de su tío y cargó con toda la culpa que lo transformó en el autor de los disparos. Antes de iniciar el acto, la jueza de menores de 1ª nominación de Santa Fe, Susana Giordano de Bilich, ahora propuesta como camarista, aceptó que Cabrera dijera que “pese a no encontrarse presentes mis progenitores, ni la Sra. Asesora de Menores ni mi defensa técnica, quiero decir que estoy dispuesto a someterme a careo”.

La siguiente aparición de la firma de un defensor en el caso ocurrió en febrero de 2010, simplemente es para anunciar que la defensora Valenti no podía hacerse cargo del caso en reemplazo de Antonio Martínez, que hasta esa fecha no apareció ni siquiera con su firma. El 1º de junio de ese año, la jueza Ana Elvira dispuso condenarlo a perpetua aplicando curiosamente la Convención de los Derechos del Niño, artículo 37 inciso a). Y también curiosamente fundamentando en el voto en minoría de Carmen Argibay, en el fallo Maldonado, en el que la Corte Suprema, por mayoría, ordenaba la no aplicación de condenas de adultos a menores de 18. La jueza consideraba que la readaptación de Cabrera no había surtido efecto y, por lo tanto, debía condenarlo por incorregible. La readaptación, claro, la tuvo que hacer cuchillo en mano y espalda contra la pared en una cárcel de mala muerte.

Cuando en septiembre pasado, dos años después de la condena, el defensor de Bell Ville se acercó a la cárcel de Cruz del Eje para escuchar a Cabrera, se enteró de que nadie lo había asesorado, y ni siquiera le habían explicado que se podía pedir la revisión de la perpetua. El caso fue trasladado desde la Defensoría General de la Nación al defensor general de Santa Fe, Gabriel Ganón, quien interpuso un hábeas corpus ante la Corte santafesina de inmediato.

Recién entonces, la Procuración de Santa Fe, que hace el papel esquizofrénico de dirigir las fiscalías y pretender dirigir las defensas (según la vieja usanza), intervino del mismo modo en que ya lo había hecho en otros casos en los que acusó al defensor general de defender demasiado, tal como informó este diario a mediados de septiembre. La Procuración rechazó la participación de Ganón por invadir jurisdicción del “defensor natural” del joven Cabrera, que a esa altura ni la firma conocía de su defensa. Y presentó un pedido de reducción de condena (no de revisión del fallo). La Corte provincial, que en el rompecabezas santafesino milita en el campo de una acusación que defienda (el mejor sistema para subrayar el papel escénico de los pedidos de condena y reducir los efectos de las leyes garantistas), rechazó el hábeas corpus presentado por Ganón.

La efectividad de la defensa en manos de un jefe de fiscales se evidencia hasta en el lugar de alojamiento de Cabrera. Con familia en Pergamino, fue trasladado de Coronda a Cruz del Eje, que se encuentra más cerca de Catamarca y a más de 650 kilómetros de la ciudad bonaerense. Cabrera presentó por sí mismo su caso ante la Corte Suprema nacional. Ayer, el recurso fue recibido.

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La Corte Suprema ya consideró que las penas a menores de 18 años no son equiparables a las de adultos.
Imagen: Ana D’Angelo
 
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