SOCIEDAD › UN DEBATE SOBRE QUIéN INVESTIGA LAS MUERTES POR EL TEMPORAL EN LA PLATA

Lo mejor para opacar, una polémica

El juez de Garantías Guillermo Atencio busca desplazar a Luis Arias, del fuero contencioso-administrativo. Atencio sostiene que el número de fallecidos no importa. Detrás de la polémica, la tradición policial de ocultamiento de pruebas de la Bonaerense.

 Por Horacio Cecchi

La polémica sobre a qué juez corresponde investigar la cantidad de muertes por la inundación en La Plata, si al juez de Garantías Guillermo Atencio o al juez en lo Contencioso-administrativo Luis Arias, se trasladó sobre los dos jueces protagonistas impulsada, curiosamente, por el primero de ellos. “La cifra ya está como para que la responsabilidad penal sea la misma y para que la responsabilidad política sea la misma, por eso no entiendo la discusión sobre el número de fallecidos, a no ser que sea una discusión extrapolítica, es decir que tienda a posicionarse mejor políticamente”, dijo Atencio. Arias respondió que no se dedicaba a “politiquería” sino a cumplir su trabajo, y agregó que era erróneo suponer que ambas investigaciones se superponían, ya que se investigaba el mismo hecho pero tenían puntos de vista diferentes según el fuero de cada uno. La polémica interpares se desató luego de que el periodista Horacio Verbitsky publicara los esfuerzos del sciolismo por apartar a Arias y al defensor oficial Julián Axat de la denuncia de éste y la investigación de aquél sobre la cantidad de muertes realmente ocurridas, y recordara que Atencio tiene pendientes tres juris de enjuiciamiento que el poder político mantiene cajoneados.

Atencio cuestionó ayer la discusión en torno de la cifra de fallecidos a causa del temporal en La Plata. “El número es suficiente”, sostuvo, para que haya responsabilidad “penal y política”. Atencio concentró la utilidad del conocimiento de la cantidad de fallecidos en un dato con fines penales y lo enmarcó en un hecho meramente delictivo.

En su primera presentación, Axat pretendió demostrar que “el conteo de las víctimas es secundario, lo que importa es el derecho de la gente a conocer-saber lo ocurrido; la información del Estado en una catástrofe debe propender a no infligir mayores confusiones a la población, evitar suspicacias”.

Según Atencio, hay “52 fallecidos” a causa de las inundaciones y “33 que han sido inhumaciones sin intervención de la Justicia”, por lo que se investigan las causas de las muertes e insistió con que “no hay ninguna razón de que se intente ocultar fallecidos” y aseguró que “a los efectos penales y políticos el número es lo suficientemente contundente como para que las dos responsabilidades tengan que ser puestas de manifiesto”.

Arias respondió que no hace “politiquería” y agregó que es falso que las dos investigaciones se superpongan. Es el mismo hecho pero son distintas responsabilidades. Atencio está investigando un estrago doloso culposo, nadie dice que esto es irregular, pero lo que Atencio esconde, no dice, miente, es que esto no invalida que otros magistrados investiguen otro tipo de responsabilidades.

“Yo tengo una competencia constitucional para investigar al Poder Ejecutivo por sus acciones y omisiones, por su ilegalidad, yo no hago justicia penal, no me puede atribuir competencia”, dijo Arias y aclaró que tenía “potestad y jurisdicción para poder investigar al Poder Ejecutivo. Si encuentro delitos, mientras investigo, hago la denuncia penal.

Citando el libro Poder Judicial y Dictadura, de la antropóloga María José Sarrabayrouse de Oliveira, Axat recordó la gestión de inhumación de los cuerpos durante la dictadura, cuando “extendían certificados de defunción y ordenaban la inhumación de cadáveres de personas detenidas-desaparecidas, por orden de las fuerzas militares-policiales, y sin la intervención competente. Buscaban fraguar casos de tortura y ejecución sumaria, certificados como ‘muertes por paro cardiorrespiratorio no traumáticos’, cuando lo que existía era un tiro en la nuca. La cultura tánato-policial y la judicial están intactas en este sentido. Buscan no judicializar casos de muerte dudosa”.

Cuando durante una catástrofe el circuito burocrático entra en crisis y “un sistema policial entrenado históricamente aumenta el nivel de opacidad, máxime si prima el criterio delictivo de muerte traumática-no traumática, en lugar del sanitario-epidemiológico-accidentológico”, sostiene Axat.

“Para la ley penal, da lo mismo que se produzca una muerte o más de una”. No lo dijo Axat, ni Arias. Lo aseguró Atencio.

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La Morgue depende del ministro de Seguridad y Justicia Ricardo Casal, que negó la entrada a Arias y Axat.
Imagen: Télam
 
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