SOCIEDAD › POR HOMICIDIO CULPOSO, EN EL CASO DE TRES MUERTES EN UN GERIATRICO

Funcionaria macrista procesada

El juez entendió que Vanesa Berkowski, ex responsable del área de Fiscalización y Control, actuó con “desidia” al permitir el funcionamiento de un geriátrico no habilitado. También está procesado el dueño de la clínica.

La ex responsable de Fiscalización y Control del gobierno porteño Vanesa Berkowski fue procesada por tres muertes y 20 intoxicaciones sufridas en 2009 por ancianos internados en un geriátrico no habilitado. Berkowski, quien renunció a su cargo en 2011, a un año del derrumbe en el boliche Beara, era responsable de un área similar a la que ocupaba Fabiana Fiszbin, la funcionaria condenada y detenida por la tragedia de Cromañón durante el gobierno de Aníbal Ibarra. “El propietario de la clínica (Humberto Oscar) Velázquez ya tiene su procesamiento por homicidio con dolo eventual confirmado por la Cámara, por lo que en 20 o 30 días su caso posiblemente sea elevado a juicio. En el caso de Berkowski todavía no hay un plazo estimado”, explicó en diálogo con Página/12 el juez Juan Ramos Padilla, responsable de la instrucción. El procesamiento de Berkowski, ex titular de la Dirección de Fiscalización y Control, es por “triple homicidio culposo y lesiones dolosas”, e incluye un embargo por 200 mil pesos.

Las imputaciones se originaron en una intoxicación ocurrida a 23 personas, en tres casos con consecuencias fatales, entre el 16 y el 17 de noviembre de 2009, en la clínica para la tercera edad Santa María de los Buenos Aires, un geriátrico que funcionaba en Almagro. En la causa ya se encontraba procesado por “triple homicidio y daños en la salud reiterados en 23 casos detectados, todos ellos por dolo eventual”, Humberto Oscar Velázquez, dueño del establecimiento. El procesamiento también fue dispuesto por el juez Ramos Padilla, quien lo complementó con un embargo de 300 mil pesos, porque consideró que Velázquez “previó que podía matar y finalmente mató. Sólo con su asentimiento, su indiferencia y hasta su temeridad, la situación que imperaba en la clínica podía mantenerse”.

En esa instancia de la instrucción, Berkowski, responsable de la Dirección de Fiscalización y Control del gobierno porteño, había sido beneficiada con el dictado de la “falta de mérito”, porque su declaración indagatoria abrió una línea de investigación que el juez profundizó a lo largo de los últimos meses.

“Muchas veces se dice que la ausencia de un efectivo control, la corrupción o la desidia administrativa generan muertes. A mi juicio, estamos frente a uno de estos casos, con ese resultado lamentable”, escribió Ramos Padilla para explicar los motivos del procesamiento de la ex funcionaria Berkowski.

“En esta conjunción de temeridad de uno (Velázquez) e incumplimiento propio del cargo (Berkowski) se produjeron los desgraciados sucesos, que eran previsibles y que cualquiera de ellos pudo haber evitado si hubiera actuado como la sociedad les exige a quienes ocupan cargos de responsabilidad”, señaló el magistrado. El procesamiento incluye un embargo por 200 mil pesos.

Las intoxicaciones se produjeron entre el 16 y el 17 de noviembre de 2009, luego de que los ancianos comieran arroz con pollo “en mal estado o contaminado por la mala conservación y manipulación llevada a cabo por el personal” de la cocina. Desde entonces, en la clínica la investigación detectó problemas en la instalación eléctrica, un grupo electrógeno fuera de funcionamiento y el ascensor con mal funcionamiento, faltante de válvula de seguridad en la cocina y un sistema de evacuación de gases y ventilación deficiente. Además, en el lugar había tres heladeras “cuyas temperaturas para la conservación de alimentos no son las que exige el Código Alimentario”; en la despensa se guardaban productos vencidos y la higiene en general era defectuosa.

La funcionaria Berkowski renunció a la Dirección de Fiscalización y Control en agosto de 2011, sospechada de formar parte de una red de corrupción para anticipar el cronograma de inspecciones o evitar la visita de los inspectores a cambio de dinero. La causa, investigada por el juez Ramos Padilla, se sustenta fuertemente en 1200 horas de escuchas telefónicas que aún continúan siendo analizadas.

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La clínica Santa María de los Buenos Aires, donde se produjeron las intoxicaciones en 2009.
 
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