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El fiscal Hugo Celaya, que interviene en el juicio oral por el crimen de Juan Manuel Canillas, secuestrado y asesinado en el 2002, solicitó ayer la pena de reclusión perpetua, más la accesoria por tiempo indeterminado, para el acusado Raúl Ezequiel Monti. La sentencia se dará a conocer el viernes.
En su alegato ante el Tribunal Oral Criminal 1 de San Isidro, la fiscalía consideró que hay elementos para condenar a Monti por los delitos de “robo doblemente calificado por haber sido cometido en poblado y en banda y por el uso de armas, privación ilegal de la libertad calificada por las agresiones, en concurso real con homicidio calificado por alevosía, ya que fue cometido a traición y sobre seguro”. La familia de Canillas, representada por el abogado Alejandro Vecchi, también pidió para Monti la pena máxima prevista por el Código Penal. Además, Vecchi denunció que Monti dio un documento de identidad falso al identificarse verbalmente el primer día del juicio, ya que no posee DNI ni se conoce su partida de nacimiento. Según corroboró la Justicia, el DNI que dio pertenece a otra persona. La defensa de Monti, en tanto, solicitó su sobreseimiento por entender que la prueba colectada en su contra fue incorporada irregularmente y no sujeta al Código de Procedimiento Penal bonaerense. Con ese argumento, comparó el caso con el juicio por el atentado a la AMIA, acusación que fue rechazada por la fiscalía.
El juicio pasó ayer a un cuarto intermedio hasta el viernes a las 10, cuando el tribunal anunciará su veredicto. “Juan Manuel Canillas bajó del auto sin escapar, porque ya estaba muy golpeado y quebrado psicológicamente, y de manera traicionera le pegaron un balazo por la espalda”, afirmó el fiscal Hugo Celaya. El acusado –continuó– “tuvo intervención en el hecho” y hay “una prueba inapelable” –puntualizó– que es la huella que quedó en el estéreo del automóvil de la víctima. “El disparo efectuado a Juan Manuel Canillas no fue sin intención, sino que tenía una significación. A partir de ese momento todos los ciudadanos de la zona norte sabían que había una banda que mandaba en la zona y que quien no cumplía era castigado”, concluyó el fiscal.
Canillas fue secuestrado el 13 de julio de 2002 en la Capital Federal. Los secuestradores lo obligaron a comunicarse con su familiares para que fueran juntando dinero para su rescate. Cuando llegaron a su casa, en el barrio de Núñez, golpearon a su padre, porque les daba poco efectivo. Cuando cobraron el rescate, se llevaron a la víctima y lo fusilaron a pocas cuadras de allí, en Vicente López.