SOCIEDAD

Protestas y represión en la reapertura del casino

Los trabajadores despedidos intentaron impedir el ingreso de los empleados. Fue apedreada una combi e intervino la Prefectura: hubo cuatro heridos y un detenido. Los huelguistas acampan en la puerta.

Ayer el casino flotante de Puerto Madero reabrió sus puertas, pero por la tarde en la sala de juegos no había jugadores y sí unos 150 empleados de los 2500 que trabajan allí. Tras la apertura, dispuesta por el juez federal Norberto Oyarbide, más de cien trabajadores cesanteados, acompañados por sus familiares, trataron de impedir el ingreso del personal. Allí, la Prefectura Naval hizo un vallado humano para “garantizar el libre acceso” al casino, que terminó en una enfrentamiento con los manifestantes, cuando ingresaban dos combis al predio. Tras los disturbios, que dejaron al menos cuatro heridos y un detenido, los empleados hicieron una asamblea en la que decidieron que acamparán en las “inmediaciones del casino a la espera de una convocatoria para negociar, sin negociación no nos movemos de acá”, señaló a Página/12 Nicolás Elguero, delegado de los trabajadores.

Los incidentes comenzaron poco antes de las 14, cuando el Casino de Buenos Aires se preparaba a reabrir sus puertas. Desde las 13 habían ingresado a las salas de juego trabajadores trasladados en dos combis. Cuando se disponía a entrar un tercer vehículo, en el cruce de la avenida Rawson de Dellepiane y Costanera, algunas piedras impactaron en el transporte. Los manifestantes negaron haber sido los causantes del lanzamiento de piedras y lo atribuyeron a “infiltrados vestidos de civil”. Así, una empleada que viajaban en una de las combis debió ser trasladada al Hospital Argerich. Desde la compañía precisaron que 150 trabajadores cumplieron sus labores, mientras otros 100 regresaron a sus casas, dado que no pudieron ingresar.

En tanto, la gerenta de Marketing de Casino Buenos Aires, María Laura Ríos, dijo que “el casino está en funcionamiento, pero con los pocos trabajadores que pudieron ingresar”. Además, aclaró que “funcionará en las próximas horas aunque no esté el 100 por ciento de los empleados”. Hernán Lopatka, uno de los trabajadores despedidos, dijo que los incidentes comenzaron “por la represión” de la Prefectura, que avanzó “sin aviso previo” para desbloquear el tramo del camino en el que los ex empleados obstruían la circulación de vehículos.

Con banderas y cánticos, los trabajadores del casino se habían concentrado en la entrada del casino flotante luego de marchar desde Plaza de Mayo, donde realizan un ayuno desde los últimos días de 2007, para tratar de impedir la reapertura de los barcos casino. “La empresa sigue ratificando los despidos y dice que va a discutir caso por caso. Eso no lo aceptamos. Exigimos la reincorporación de todos los trabajadores”, indicó a este diario Juan Raña, otro de los delegados.

En un comunicado de prensa, el secretario general del Sindicato de Juegos de Azar (Aleara), Daniel Amoroso, dijo que “este accionar de un grupo de no más de 40 personas demuestra la forma de actuar de los violentos, que son los mismos que, desde hace dos meses, impiden que 2500 empleados puedan trabajar normalmente”. El delegado Elguero fustigó al gremialista PRO: “El no nos apoyó nunca”. La mayoría de los trabajadores del casino, unas 1500 personas, están afiliadas a Aleara y denuncian que este sindicato no los apoya en el conflicto que se inició por demandas salariales y reducción de horas de trabajo.

Todo comenzó el 9 de noviembre último, cuando se produjo un enfrentamiento entre miembros de dos gremios en pugna por el encuadramiento de trabajadores: Aleara y el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). Luego de los incidentes, la empresa que explota los juegos de azar en las dos embarcaciones ancladas en la Dársena Sur de Puerto Madero a la altura de la avenida Brasil despidió a más de cien empleados. El 12 de diciembre, la jueza Servini de Cubría clausuró el casino flotante hasta que se resolviera el conflicto entre los trabajadores despedidos, la empresa y los dos sindicatos y ordenó un vallado perimetral, que ahora fue levantado por decisión de Oyarbide, que subroga a la magistrada.

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Manifestantes se enfrentaron con la Prefectura.
 
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