En la ciudad de Buenos Aires hay tantas viviendas ociosas como familias en emergencia habitacional. El 80 por ciento de las nuevas superficies residenciales a construir se concentra en el 32 por ciento del territorio más rico del distrito. La situación deriva en un 70 por ciento de departamentos de-socupados en Puerto Madero o el 40 por ciento en Almagro.

El propio Mauricio Macri dijo en la apertura de las sesiones ordinarias en 2008 que “existe un déficit habitacional de, por lo menos, 300 mil personas”. Sin embargo, su gestión será recordada como la que dispuso más desalojos, la que acredita menor caudal de ejecución presupuestaria y la que eligió la vía represiva en el conflicto en el Parque Indoamericano.

El Ejecutivo local contó en 2010 con 269 millones de pesos, pero sólo utilizó 74 millones, un magro 27 por ciento. Según el Ministerio Público Fiscal, hasta julio de 2010 hubo 1206 denuncias de usurpación, a razón de tres por día, y se entregaron algo más de 5000 subsidios a familias desalojadas. El 71 por ciento de los acusados de usurpación no tuvo derecho a defensa y el 88 por ciento nunca recibió una notificación que le permitiera enfrentar el proceso penal. Si a esto se suma que la propuesta más relevante del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) fue el intento de vender 50 hectáreas del Estado porteño, queda claro que la política macrista en la materia consiste en expulsar a la población de menores recursos a sitios contaminados o sin servicios ni equipamientos sociales, en beneficio de los desarrollos inmobiliarios de viviendas suntuosas.

Prueba de ello es la total desatención de conjuntos habitacionales como Samoré, Piedrabuena y Savio. Así, proliferan asentamientos bajo autopistas o en terraplenes del ferrocarril y casillas de cartón, nylon o chapa, tendido eléctrico deficitario y riesgoso, acumulación de basura, desagües cloacales a cielo abierto, riesgo sanitario y suelos contaminados.

Como tantas promesas incumplidas por el macrismo, la Corporación del Sur preveía el inicio de la construcción de 680 viviendas durante 2010, pero ninguna comenzó. Y de las 926 terminadas, cerca de 700 fueron resultado del trabajo de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Periódicamente, despuntan noticias sobre el auge inmobiliario en el territorio gobernado por Macri. Pero la falta de una política de vivienda y el alza en el precio del metro cuadrado constituyen una sistemática transferencia de recursos destinados a los más humildes que favorece a los capitales inmobiliarios especulativos, deteriorándose incluso la situación de los sectores medios que no son propietarios.

* Legislador por Encuentro Popular para la Victoria.