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La primera convocatoria para que los vecinos puedan discutir el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires se lanzó en junio de 2002, en plena efervescencia de las asambleas vecinales, pero la historia se había empezado a escribir mucho antes. La propuesta había nacido de varias organizaciones intermedias, como el Instituto de Estudios sobre Estado y Participación, de ATE, que bregó por la inclusión de esta figura en la Constitución de la ciudad, junto con Poder Ciudadano y otras asociaciones.
La propuesta tenía antecedentes exitosos, como el que venía desarrollándose en Porto Alegre desde fines de la década del 80. En Buenos Aires, el proceso se inició con la inclusión de esta herramienta en la Constitución de la ciudad (artículo 72). La Carta Magna porteña exige la sanción de una ley reglamentaria, que nunca se sancionó. Por eso, el gobierno porteño implementó el sistema a través de una resolución.
La experiencia inaugural fue entre junio y julio de 2002, cuando se debatió un “Plan de Prioridades Barriales” para ese año, en la que participaron unos 4500 vecinos, que establecieron 338 prioridades barriales, de las cuales se ejecutó el 80 por ciento, según informó a este diario el secretario de Descentralización y Participación, Ariel Schifrin.
En julio se inició la segunda etapa: el debate para elaborar el Presupuesto Participativo 2003. Entre julio y agosto se realizaron 43 foros barriales, de los que participaron 9450 vecinos. En setiembre se hicieron los plenarios de delegados con los secretarios de cada área de gobierno. El resultado fue la inclusión de 189 prioridades presupuestarias en el presupuesto de este año, que fueron aprobadas, sin objeciones, por la Legislatura.
El control sobre la ejecución de estos proyectos está a cargo de un consejo provisorio, un órgano integrado por 43 vecinos votados por cada uno de los foros barriales, 10 representantes del gobierno y cuatro delegados de las ONG y entidades vecinales.