A decir verdad, la ciudad de Buenos Aires en los últimos años no ha sido pobre en acontecimientos y “accidentes” que nos ponen frente a una realidad que, creo, debemos pensar como precariedad. En general, este término ha sido asociado a la precariedad laboral, a las condiciones de pobreza. Pero debemos ampliar las situaciones que englobamos bajo este término y, a la vez, mostrar las relaciones entre ellas. Se trata de pensar la precariedad como un rasgo que atraviesa una multiplicidad de situaciones cotidianas donde se instala la incertidumbre como horizonte.

El neoliberalismo como momento de destrucción de lo público y desguace del Estado fue un modelo que arrojó a vastos sectores de la población a condiciones de vulnerabilidad por la pérdida del empleo y del valor de sus ingresos. Pero existe otra dimensión de la precariedad, quizá más invisible, pero tan estrechamente vinculada con la destrucción del Estado como la anterior, y que parece no ser objeto de políticas tendientes a ponerle fin. Incluso no se ha colocado aún como tema de la agenda pública. Cromañón fue uno de esos acontecimientos que logró en su momento colocar el debate acerca de la ausencia del Estado como agente regulador y las múltiples maneras en que corrupción, negligencia de funcionarios e intereses privados, se mezclan. Pero existe otra serie de hechos, también con víctimas fatales, que dan cuenta de esta precariedad vinculada con la falta de controles y regulaciones imprescindibles para garantizar horizontes de certidumbre.

Los derrumbes en distintos barrios, que se vienen sucediendo hace por lo menos cuatro años y que mostró en Villa Urquiza una de sus versiones más dolorosas, no son accidentes. Son hechos que se producen por ausencia de controles efectivos y de dispositivos diseñados para evitarlos. Eso es una tarea básica del Gobierno de la Ciudad que la gestión actual parece no poder garantizar o quizá no querer hacerlo. Con esa ausencia de controles, algunos pocos ganan, pero la mayoría perdemos. Esta problemática debe formar parte de una agenda de seguridad ciudadana, porque el sentimiento de inseguridad y desprotección no sólo se vincula con el delito, sino también con estos hechos que muestran la fragilidad de una institucionalidad que no es capaz de producir horizontes de previsibilidad e instala la precariedad de la vida como certeza.

Pensando en soluciones, las comunas pueden sernos útiles. Entre sus facultades está la fiscalización y el poder de policía de las normas de uso de los espacios públicos, del suelo, de las obras y proyectos que tengan impacto comunal, con un cuerpo de inspectores y con la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y el control de los asuntos públicos.

* Presidente de la Comisión de Descentralización de la Legislatura porteña (Proyecto Sur).