las12

Viernes, 22 de agosto de 2014

ADOPCION

Deseos que arrasan

Dos matrimonios, empresarios y profesionales del corazón sojero de Santa Fe, están detenidos por la desaparición de los hijos mellizos –un varón y una nena– de una mujer de muy escasos recursos económicos que los denunció por habérselos robado. Que ella había prometido entregárselos fue lo que alegaron a su favor los acusados, como si los bebés fueran un objeto que puede prometerse o entregarse. Esta historia urgente, porque todavía no se sabe dónde están los bebés, devela una práctica socialmente tolerada en nombre del amor filial y de las dificultades que se supone existen para adoptar. Pero lo cierto es que la adopción existe para asegurar el derecho de niños y niñas a tener una familia, y no para calmar el deseo de los adultos de convertirse en madres o padres aun a costa de la legalidad y de la supresión de identidad.

 Por Sonia Tessa

“Me robaron a mis bebés, eran mellizos, y me dijeron que habían nacido muertos.” La denuncia de Liliana Montenegro, una mujer de 39 años que vive en Zavalla, una pequeña localidad a pocos kilómetros de Rosario, prendió la mecha. Los principales acusados son una pareja de empresarios de otra ciudad, Casilda, muy cerca de ahí, en pleno corazón sojero de la Argentina. Hoy con prisión domiciliaria, los imputados son los dueños de una empresa de emergencias médicas, una funeraria y un cementerio privado. Los otros dos imputados son la hermana de esta mujer y su esposo. Ante la jueza Mariela Minetti, ellos se defendieron: dijeron que habían conocido a la denunciante cuando estaba embarazada de cinco meses, que ella les había prometido los bebés. De hecho, en el allanamiento a su casa, se encontró una habitación acondicionada para recibir a dos niños. Según contó a Las 12, Liliana los quería bautizar como Aurora Alexia y Valentín Alejandro. Pero no aparecen. Ese es el desvelo de las fiscales Marianela Luna y Lorena Aronne, que los buscan en dos provincias del país, con la colaboración de la Tropa de Operaciones Especiales de la policía de Santa Fe y la Dirección de Trata de Personas. La pareja acusada puso al descubierto una práctica tan naturalizada como común: el pacto con alguna mujer –siempre pobre– para la entrega de un bebé. Que puede ser legalizado a través de una guarda directa, trámite vigente en algunas provincias argentinas, o quedar en la clandestinidad, a partir de una partida de nacimiento que ubique a los “adoptantes” como padres biológicos.

Prácticas tan naturalizadas y aceptadas que cualquiera conoce por lo menos a una pareja que lo haya hecho. Que haya ido a Misiones, a Corrientes o a Chaco a buscar un bebé, al que trajo sin muchos trámites. Por eso, cuando la ex mujer de Jorge Rial, Silvia D’Auro, dice que “los hijos adoptivos por lo general creen que son robados” como una explicación a su insólita teoría de que tienen tendencia a “robar”, los repudios ante tanta discriminación no alcanzaron a tapar una marea subyacente entre personas adultas que no saben cuál es su origen: en la Argentina se estima que hay unos tres millones de personas a quienes les han sustituido la identidad. Es un delito penal que se naturaliza bajo el paraguas protector del amor. Los hijos son mercancías que tienen mujeres pobres y desean otras en mejor posición económica. Legalidad e ilegalidad bailan una danza sinuosa en una sociedad que mira para otro lado para evitar poner el nombre correcto: apropiación de bebés. Que la prédica de Abuelas de Plaza de Mayo ayudó a desnaturalizar pero no descorrió del todo, al punto que la modificación de la Ley del Banco Nacional de Datos Genéticos en 2009 excluyó los análisis desvinculados de delitos de lesa humanidad.

Los argumentos suelen ser la dificultad de adoptar un bebé en la Argentina. El problema es el paradigma. “Nuestro lema es que buscamos familias para los chicos que no la tienen”, suma Santiago Lemos, director del Registro Unico Provincial de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de la provincia de Santa Fe. La adopción es un derecho del niño, la niña o el adolescente a tener una familia, no al revés. La realidad desmonta fácilmente el discurso sobre la dificultad para adoptar: están en este momento en busca de familias que quieran prohijar a niños mayores de 10 y 12 años, y también a grupos de hermanos cuyo vínculo debe ser protegido, como indica la ley nacional 26.061, más conocida como la ley nacional de infancia.

El paradigma de los derechos se choca muchas veces con la masa de discursos que forman el “sentido común”. ¿Por qué las parejas con enormes deseos de tener hijos o hijas no podrían darles un futuro “mejor” que aquellas madres que “no pueden criarlos”?

Esta forma de “adoptar” que sería más “rápida” que la inscripción en el Registro Unico de Padres Adoptivos donde hoy hay 7100 aspirantes a convertirse en la familia que alguna niña o niño está necesitando. No cualquier niño o niña: de los postulantes, sólo el 26 por ciento está dispuesto a adoptar niños y niñas mayores de 6 años, y apenas el 1,25 por ciento de los niños, niñas o adolescentes que tengan más de 12 años. Si tienen algún tipo de patología, los porcentajes caen rotundamente.

Las guardas directas son convalidadas muchas veces por jueces de Familia. En los Tribunales de Rosario, la gran mayoría de las adopciones se hacen por este sistema, que está prohibido en otros lugares del país, como la provincia de Buenos Aires (sin ninguna excepción) y Misiones, con las excepciones de parentesco o lazo afectivo entre la familia adoptante y el menor. Así es como está previsto, además, en el artículo 611 del proyecto para el nuevo Código Civil, elaborado por la comisión que presidió Aída Kemelmajer. Además, la Dirección Nacional de Registros Unicos de Adopción (Dnrua) rechaza estas entregas directas por “vulnerar los derechos de niños, niñas y adolescentes”. Al mismo tiempo, una página web promueve la adopción por entrega directa, portal.redargentina.com.

Está, además, el oscuro territorio de la clandestinidad: esos nacimientos que no pasan por los juzgados, que se inscriben como hijos biológicos de personas distintas de sus gestantes y en que la búsqueda de registros es más dificultoso. La proliferación de ong de personas que buscan su identidad biológica habla de un interrogante abierto. Programas de televisión donde madres buscan a sus hijos, cedidos o arrancados en algún momento, o hijos que buscan a sus progenitores expresan lo mismo: el “deseo de tener un bebé” arrasa con límites legales y hasta éticos.

Los mellizos no aparecen

El delito que se sigue cometiendo a cada momento es que los mellizos dados a luz en la clínica Julián Moreno de Casilda, el domingo 13 de julio, no aparecen. “Ya pasó más de un mes, cada vez es más difícil que me los devuelvan”, dice Liliana Montenegro, con lágrimas en los ojos.

La casa de Liliana, de ladrillos huecos color naranja, con una ventana y una puerta tapadas con cemento, tiene algunas chapas a modo de galería. El piso es de tierra. En el mínimo espacio donde hay una mesa, algunas alacenas y una cocina, se sienta Liliana para contar su historia. Cuenta que su primera intención fue hacer la denuncia en la comisaría de Zavalla, una pequeña ciudad ubicada a 23 kilómetros de Rosario, pero le dijeron que “no, que estaba loca”. Cuenta que tuvo que cambiar de celular porque la escuchaban. “Al ratito de cortar me aparecía toda la conversación”, y también acusa al intendente comunal, Ignacio Mujica, tanto como a la directora del Samco, Patricia Camia, por haber hecho el nexo con las personas que le robaron sus bebés. “Andrea (el nombre de la principal acusada) siempre vino a mi casa, decía que ellos me iban a ayudar, que no me preocupara, que me ayudaban de corazón. Comentó que ella no ovulaba hacía cuatro años, pero no me dijo que ella quería el bebé. Sí dijo que tenía otras familias que querían bebés y una sobrina en Alemania”, sigue su relato. “Ellos nunca me dijeron nada”, asegura sobre la supuesta entrega del bebé. Liliana cuenta que ese domingo, a la tardecita, vinieron a buscarla en una “chata” y le dieron una pastilla, que supuestamente era para los pulmones. Está segura de que era el domingo, porque el día anterior había festejado el cumpleaños de su nieta. En la clínica Julián Moreno la bajaron en silla de ruedas e hicieron el parto. “Yo estaba como dopada. Lloraba mucho uno de los bebés, no me di cuenta si era la nena o el varón. Ella le apoyaba la pera y yo le pedí que me lo diera pero me dijo que no, que era de ella. Después habló algo por teléfono y cuando cortó le dijo al marido: Listo Ger, vamos. Se los llevó envueltos en una campera. Pero estaban bien, porque les dijo el médico”, va desgranando la historia de su parto.

Esta historia fue la que escucharon las fiscales Aronne y Luna. Ellas allanaron el sanatorio y otros cuatro lugares. También pidieron el examen de un médico forense. Entonces imputaron a cuatro personas. Andrea N. y su pareja, Germán S., los dueños de la casa donde se encontraron elementos para mellizos, así como Mariana (hermana de Andrea) y su esposo, Luis, que es médico. A todos la jueza Minetti les dio prisión domiciliaria y a los hombres, salidas laborales. Según el relato de Liliana, Mariana y Luis estuvieron durante el parto. “A ellos no los conocía, los vi en el parto y después, durante el reconocimiento de personas.” Liliana afirma que fue golpeada por la policía y recibió amenazas. “Hay muchísima plata de por medio y yo no tengo nada, soy pobre”, dice Liliana. Cuenta que iba a vender un caballo para pagarse los pasajes a Tucumán, donde vive su mamá, que prometió ayudarla con sus mellizos y también con Guadalupe, su nena de seis años. “Tuvo que venir mi hermana Roxana, por lo mal que estoy”, dice. En un momento, las dos hermanas lloran. Los acusados afirmaron ante la Justicia que habían perdido todo contacto con Liliana antes del 13 de julio.

La denuncia de Liliana nació con una contradenuncia del jefe comunal de Zavalla, Ignacio Mujica. El intendente de la localidad de 5000 habitantes contó que ella le dijo que los mellizos nacieron muertos. En la comuna, incluso, ponen en duda que Liliana haya estado embarazada. “Quiero ver un análisis de sangre o una ecografía que indiquen que estuvo embarazada. Es imposible que con cicatrices de otras cesáreas haya tenido gemelos por parto natural”, afirma con contundencia la directora del Samco de Zavalla. En su indignación, afirma que ella conoce a Andrea –la acusada– pero nunca fue el nexo. Sin embargo, la propia acusada dijo en la audiencia imputativa que, ante la promesa de entrega de los bebés, habían ido juntas con Camia a pedirle al intendente que le construyera una casa a Liliana.

En cambio, Liliana muestra una foto de celular en la que está embarazada, con la panza bien arriba, y vuelve a llorar. “Ahora hasta dicen que no estuve embarazada”, subraya.

Las fiscales buscan a los bebés

“Cualquier afirmación en este momento es prematura, sí te puedo decir que tenemos elementos objetivos de prueba que dicen que hubo un embarazo, hubo un parto y que estos bebés nacieron. Adónde, cuándo y quién los tiene no podemos especificarlo”, afirma Aronne mientras su colega, Luna, suma: “Cuando hablo de pruebas objetivas hablo del informe de un médico forense, que revisó exhaustivamente y que dictaminó de esta manera”. Para aventar las dudas, dicen que “hay certificación y constancias de atención por el embarazo en el año 2014” en centros de salud pública. Pero les sorprende que el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, uno de los principales de la provincia, no haya proveído la historia clínica.

Ese hospital es clave porque allí –cuenta Liliana– la llevaron después de tener a sus hijos, ya sin ellos. Dice que entró dopada y con un ataque de presión, que le dejó “el cuerpo muerto”. “Los bebés existen pero no sé qué nombre les han puesto. Nosotros somos pobres, me entendés. Si sos pobre como nosotros, todo va a quedar en la nada”, apela Liliana, mientras desgrana otros detalles.

Para las fiscales, lo más importante es “encontrar a los bebés recién nacidos”. “Entendemos que todo esto se dio en la clandestinidad, fuera del marco de cualquier norma o protocolo hospitalario”, afirman y enumeran las pruebas que consiguieron. “Cuando ordenamos la detención de las cuatro personas imputadas, lo hicimos en base a elementos objetivos. Teníamos una denuncia de la madre, dos informes del médico forense, y un informe de una junta psiquiátrica, y ya teníamos cuatro allanamientos, se recabaron cámaras fílmicas. Esta decisión se tomó sostenida en que hubo un embarazo reciente, un parto, aunque no se podía precisar la fecha. Eso fue lo que nos dijo el médico forense que hizo el examen, teniendo en sus manos toda la información que le aportamos, le hicimos los estudios a la señora Montenegro en la Maternidad Martin, el médico forense tuvo en sus manos ecografías, hizo todo un examen clínico, primero y después fue cotejado con los análisis y otros estudios que él mismo ordenó. Con eso y las constancias que había volvió a dictaminar sobre el parto”, indicaron. El énfasis de las fiscales se debe a las dudas que se vienen sembrando sobre la denunciante, tanto en voz baja como en voz alta.

Para las fiscales, la disparidad de recursos es evidente. “Hicimos un allanamiento en la casa de dos imputados donde secuestramos muchísimas cosas para bebés, para mellizos, había personas implicadas y un reconocimiento de personas. Todos éstos son elementos objetivos suficientes para esta etapa de la investigación, que hay que profundizar. Siempre en busca de los recién nacidos”, dicen. Luna subraya: “La estructura laboral y económica de los actuales imputados significa un obstáculo, porque tiende a frustrar esta investigación”. A su lado, Aronne acota que existe “protección” a los acusados, que emplean a mucha gente de la zona. Apela a la lógica más elemental. “Para una maestra, darse cuenta de si una persona está o no embarazada puede ser más difícil, pero a una persona que tiene empresa de emergencias médicas, no creo que sea tan sencillo engañarla, por más deseo de maternidad o paternidad que haya”, apunta.

La denuncia de Liliana tuvo relevancia nacional y el Foro Infancia Robada de Santa Fe tomó cartas en el asunto. A través de su representante, Liliana Loyola será querellante en la causa. También la agrupación H.I.J.O.S. de Santa Fe se presentará como querellante en la causa. “Hay una estigmatización social muy grande porque ella es pobre y las personas imputadas son muy poderosas en la zona. Lo más claro es la evidente connivencia de Mujica con el poder económico. No hay ninguna razón para que la víctima esté mintiendo, si son sus hijos los que no aparecen”, dijo Lucila Puyol, abogada de esa organización.

Adopción a la carta

Que los acusados puedan alegar en su defensa la promesa de Liliana de entregarles el bebé tiene que ver con una costumbre aceptada y extendida. En la ciudad de Rosario, la mayoría de las adopciones se dieron por el mecanismo de guarda directa. Es decir que una madre biológica va ante el juez y dice que quiere entregar a su hijo a determinada pareja. “Hay dos grandes posiciones nacionales. Una dice que la adopción directa está en contra de la Convención de los Derechos del Niño, porque, entre otras cosas, se lo priva de su derecho a la identidad, con al resto de su familia biológica. Nosotros entendemos que la adopción directa en ciertas ocasiones muy controladas, que es lo que pasa en Rosario, no está en contra en la Convención”, expresa el juez de Familia Marcelo Molina. Para él, al menos en Rosario, “cuesta mucho pensar que el delito lo hagan a través de adopciones. Primero porque son muy pocas y además son gente de la zona, no vienen de Santiago del Estero. Nosotros tomamos algunos recaudos: exigimos que la mamá biológica esté representada por un abogado distinto de la mamá que quiere adoptar, los entrevistamos personalmente, hacemos evaluaciones psiquiátricas”, enumeró el magistrado. En cuanto a los mecanismos para evitar la compra de bebés, Molina acota: “Si la madre te dice que no le pagaron un centavo, no tenés mucho más para hacer. Se manda una trabajadora social a la casa, se intenta ver qué pasó con ella”. En estos casos, las personas adoptadas tienen el derecho a ver el expediente para conocer su identidad biológica, tal como está previsto en el artículo 328 de la ley vigente, la 24.779.

El 13 de junio pasado, la Dirección Nacional del Registro Unico de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Dnrua) se reunió con los representantes provinciales en cuestiones de infancia y niñez, justamente por fallos judiciales sobre entregas directas. El director del Dnrua, Gerardo Herrero, explicó que esos trámites “avalan y formalizan guardas puestas, que son aquellas que se realizan al margen del marco normativo vigente y que en la mayoría de los casos configuran una vulneración a los derechos de los niños, niñas y adolescentes involucrados”. Lo que salió del encuentro fue un “absoluto rechazo hacia este tipo de prácticas”.

Justamente, el artículo 611 del proyecto del nuevo Código Civil, aún no aprobado, dice que “queda prohibida expresamente la entrega directa en guarda de niños, niñas y adolescentes mediante escritura pública o acto administrativo, así como la entrega directa en guarda otorgada por cualquiera de los progenitores u otros familiares del niño”. La prohibición tiene dos excepciones. “La transgresión de la prohibición habilitará al juez a separar al niño transitoria o definitivamente de su guardador, excepto que se compruebe judicialmente que la elección de los progenitores se funda en la existencia de un vínculo de parentesco o afectivo, entre éstos y el o los pretensos guardadores del niño”.

En ese marco, el director del Registro Unico de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos de la provincia de Santa Fe, Santiago Lemos, afirma: “Tenemos una política fuerte contra las guardas directas porque vulneran el derecho a la identidad y también porque atenta contra los registros únicos”, indicó el funcionario. En Santa Fe hay 1273 inscriptos en ese registro, pero en este momento tienen dificultades para encontrar familias a niños de más de 10 años y a grupos de hermanos. “Vemos que hay muchas adopciones de gente que no está inscripta en los registros, o que si lo hacen, lo hacen con una inscripción posterior a otros incriptos”, afirmó el funcionario. Y subrayó: “Comprendemos que muchas personas que se inscriben lo hacen al principio con algún objetivo de adoptar bebés, por eso apuntamos a ampliar la disponibilidad adoptiva. Hemos notado que muchos aspirantes han ampliado la edad de los niños que podrían adoptar”.

El reino de la incertidumbre

Fuera del territorio sinuoso que son las guardas directas están las lisas y llanas sustituciones de identidad. En la Argentina proliferan las ONG integradas por personas que buscan su identidad biológica. Raíz Natal y Búsquedas Verdades Infinitas son sólo dos de ellas. Consideran que hay unos 3 millones de personas en esta situación. La directora de cine Alejandra Perdomo hizo un documental llamado Nacido Vivo, que recoge estas historias, así como el entramado social que las hizo posibles. “El espíritu del documental es hablar sobre lo naturalizada que está la práctica, lo instalado que está socialmente que cualquiera se quede con un niño e inclusive lo inscriba como propio”, dice la cineasta, que presenta decenas de testimonios en su película. “Está instalado que una familia, un matrimonio, una persona, al quedarse con un chico, hace un acto de bien”, señala Perdomo. Sobre las consecuencias en la adultez, apunta: “Siempre se habla de la niñez en la adopción, pero no del adulto que transita toda su vida con esta incógnita, y hablo en primera persona porque yo soy sustituida. Incluso, está tan instalado socialmente esto, que cuando manifestás que querés conocer tu origen todo tu entorno te cuestiona, te pregunta si estás disconforme con la crianza que recibiste”.

En la Ciudad de Buenos Aires, Mercedes Yáñez dirige la Oficina de Derechos Humanos del Registro Civil, única en el país, adonde concurren personas que quieren conocer su identidad biológica. “Si acá venía un adoptado legal, caían tres sustituidos. Esa es más o menos la proporción. No sólo atendemos a los nacidos de la Ciudad de Buenos Aires, sino que atendemos pedidos de todas partes del país y del mundo”, cuenta la funcionaria.

Para Yáñez, el Estado está “ausente”, por ejemplo, en los controles de la inscripción civil de aquellas personas con certificados de nacidos vivos.

La avidez por conocer su identidad tiene un correlato en el Banco Nacional de Datos Genéticos. “Cuando el Banco estaba abierto a la comunidad, vino una cantidad de población mucho mayor relacionada con otro delito, o con las dudas sobre su padre/madre o los dos progenitores, que los de lesa humanidad”, indicó la directora del Banco, María Belén Rodríguez Cardozo. “Tenemos 23.800 muestras en este momento, de las cuales 8000 son de lesa humanidad”, afirmó. En cuanto a las personas nacidas en el período de la última dictadura militar que se sometieron a análisis de ADN, “hay casi 5800 negativos”. Es decir, que no son hijos de desaparecidos. La funcionaria señaló que “no hay ningún organismo que centralice esas denuncias y que pueda actuar como banco”. Y consideró que “habiendo estructurado un banco, es absurdo no contemplar la cantidad de supresiones de identidad que existen”.

La doctora en Psicología Eva Giberti escribió el 25 de junio pasado en este diario: “Existe un universo, una población de adultos que, agrupados o en soledad, piensan cada día en quiénes serían si pudieran saber quiénes fueron y, a pesar del respeto amoroso que muchos de ellos guardan hacia quienes los criaron, no pueden menos que darse cuenta de que han sido víctimas”. Para ella, cabe preguntarse si al Estado le corresponde estar ausente del tema.

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