CORREO

Campo

Las medidas de gobierno, cuestionadas por algunos sectores ganaderos, minoritarios, si se tiene en cuenta la cantidad de ellos respecto del total de productores, deberían ser vigorosamente apoyadas. La Sociedad Rural Argentina, CARBAP y otros, tienen además de sus reivindicaciones sectoriales, un deber social y una responsabilidad general que las obliga.

Las políticas de protección del consumidor, de control de precios, de retenciones a las exportaciones, de regulación del mercado, no sólo contribuyen a la redistribución de la riqueza, sino que protegen el derecho de todos. No es necesario pedir un flujo de fondos a algún dirigente de la Sociedad Rural para saber que la disminución en la producción de cabezas de ganado, del cual también tienen responsabilidad, no ha desmejorado sus ingresos, sino que por el contrario ganan más dinero. La defensa del lucro tiene un límite claro y el empleo de la mentira para mantenerlo e incrementarlo resulta odioso. Dos medidas tomadas por el Gobierno Nacional, dicen sobre aquella máxima que establecía que para mejorar la situación económica había que poner la manguera a chorrear hacia adentro: La primera, las retenciones son la forma que tiene el gobierno de restituir el desgaste producido en el consumo per capita. El año pasado fue el 6% inferior a 1998, esto significa que los asalariados y los indigentes pagan el superávit comercial; es claro entonces, el campo no paga la ayuda social, sino que más bien se ve beneficiado en recibir más pesos que antes. Nosotros queremos comer y Ustedes quieren saciar su codicia, vamos a ver quien aguanta.

José Ottavis

Juventud Compromiso K, Juventud Presente, Mup y Militancia Social


Revisión

He propuesto que el intendente ejerza las facultades que le confiere el artículo 7º de la ley Nº 11.583, por el cual los municipios pueden realizar la revisión técnica vehicular obligatoria de forma individual y/o concesionar a terceros la prestación de los servicios. Esto deberá realizarse mediante una convocatoria abierta y masiva, invitando a las compañías de seguro, a la Universidad Tecnológica Nacional Sede Rosario, a la Universidad Nacional de Rosario, a instituciones de educación técnica reconocidas oficialmente, al cuerpo de Bomberos Voluntarios y a toda persona física o jurídica interesada. Las compañías deberían realizar el control técnico como parte integrante de las condiciones generales de la póliza, con el mismo costo del seguro y bajo su responsabilidad. Y también deberían estar habilitadas para emitir la oblea oficial.

Jorge R. Boasso

Concejal

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