SOCIEDAD › GABRIELA DURRUTY PIDIó QUE PROCESEN A LOFIEGO

"Los jueces deben cumplir con la ley"

La abogada querellante Gabriela Durruty, que representa a Adriana Beade en la causa Díaz Bessone, cuestionó que sólo Mario "el cura" Marcote fuera procesado por las violaciones que sufrió su mandante. "Brunato porque está prófugo, y la ley argentina no permite el juicio en ausencia, por lo cual deberá ser detenido para poder proseguir con la causa en su perjuicio. También en ese caso nos encontraremos con el escollo de los sobreseimientos dictados a favor de los civiles colaboradores, que seguramente invocará en su beneficio". "Tu Sam" Brunatto era considerado militante de Montoneros, aunque algunos sobrevivientes sospechan que siempre fue colaborador de la represión ilegal, o "infiltrado".

La abogada cuestionó que sólo se haya procesado a Marcote. "El pedido de la fiscalía (a cargo de Gonzalo Stara) incluía el pedido de imputación por abuso sexual también a Lofiego. Evidentemente Bailaque no considera que la conducta denunciada por Adriana sea violación", indica Durruty. En su declaración en instrucción, Adriana denunció que el torturador jefe del Servicio de Informaciones la vejó con un objeto.

"Sinceramente, esperamos que Bailaque cambie de parecer y se ponga a tono con la jurisprudencia nacional, que incipientemente se va ampliando en materia de violencia sexual, y la internacional, que es más que clara. Desde que los tribunales penales internacionales establecieron que estableciendo que los elementos objetivos del crimen de violación son la penetración sexual, incluso leve de la vagina o ano de la víctima por el pene del perpetrador u otro objeto utilizado por el perpetrador, así como de la boca de la víctima por el pene del perpetrador, u otro objeto y bajo coerción o fuerza o amenaza contra la víctima o una tercera persona".

Durruty subrayó que incluso la desnudez forzada fue considerada violencia sexual por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Ante denuncias tan claras, los jueces tiene la obligación de cumplir con el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos de investigar y sancionar bajo pena de hacer incurrir al Estado Nacional en incumplimiento con respecto a sus obligaciones con la comunidad internacional", subrayó la profesional, que integra el equipo jurídico de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticos.

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