CIUDAD

Miles de casas cerca del remate por deudas de agua

Son más de 8 mil usuarios que fueron intimados por la empresa Aguas Provinciales actualmente en liquidación. Quieren que una ley provincial frene las acciones que van del 1998 a 2005.

Exactamente 8.875 usuarios rosarinos fueron demandados judicialmente por Aguas Provinciales S.A. (hoy en liquidación). Esto se desprende de un informe realizado por la Comisión Especial del Agua del Concejo Municipal, en base a datos aportados desde los Juzgados de los Tribunales Provinciales, donde alertan sobre los juicios seguidos por la ex prestataria, desde 1998 hasta el 2005, por cobro de pesos. La preocupación radica en que el 65 por ciento de ellas se encuentra en "riesgo cierto e inminente de remate judicial, restando solo la designación de martillero y fijación de la fecha de subasta". Para el concejal del ARI, Nire Roldán, una de las medidas que se podrían adoptar para frenar las demandas sería que la Legislatura o el Estado provincial "mediante un decreto o una ley, declaren de utilidad pública y sujeto a expropiación los créditos. Con ese solo concepto, en términos técnicos, se frenarían las ejecuciones". El edil señaló que "es un tema muy fuerte y muy preocupante, tanto es así que 5.775 de esas viviendas están en esa situación, y solamente una cuestión de procedimiento hacen que estén allí las causas todavía sin ir al martillero, y proceder a la fijación de fecha de subasta".

Nire Roldán explicó ante la consulta de Rosario/12 que desde la Comisión habían solicitado informes a la justicia provincial, al gobierno de la provincia y al Enress, para conocer la nómina histórica de juicios iniciados en esos juzgados por la ex concesionaria Aguas Provinciales de Santa Fe S.A. y APSF en liquidación; tras los numerosos reclamos e inquietudes que había recibido por intimaciones de pago efectuadas a vecinos de la ciudad de Rosario. Luego del relevamiento, Roldán manifestó que "la totalidad de los juicios lo hemos presentado hoy (por ayer) en el Concejo Municipal, para que mediante un decreto, el Ejecutivo Municipal se lo envíe al gobierno de la provincia. De esta manera se tomaría alguna medida concreta tendiente a dar una respuesta objetiva a ese problema".

Según el concejal del ARI, una medida concreta sería "entender que en el marco de la concesión de servicio público, los créditos tomados por los titulares de la empresa en su momento son totalmente intransferibles. Planteando la intransferencia congelaríamos la posibilidad de que estudios jurídicos que compran el paquete acreedor pudiesen ir sobre los ciudadanos".

Roldán agregó que "otra medida, de fuerte contenido social, sería que la provincia comprara el paquete acreedor -que es lo mismo que harían los estudios jurídicos que están llevando a cabo los reclamos- con una negociación a mucho menor precio, y establezca desde allí una modalidad de condonación de deuda para aquellos actores a los cuales se considere que la deuda es ilegítima porque la empresa incumplió con las obras; es decir, si el servicio no se prestó, mucho menos el ciudadano, al que no le prestaron un servicio de agua potable, tenga que estar pagando, inclusive con su inmueble, este tipo de cuestiones".

El concejal sostuvo que "la segunda posibilidad sería en los casos donde las deudas estén prescriptas y vencidas, y la tercera opción los ciudadanos que han tenido casos sociales, y que muchas de estas causas están allí metidas. En algún momento el subsidio del estado provincial les pagaba la obligación con Aguas; cuando perdieron esa posibilidad entraron en juicio. Se trata de viviendas de personas con poca capacidad adquisitiva que tienen que afrontar esta situación y no tienen cómo defenderse. La mayoría de los casos que están en Tribunales son de ciudadanos que no se han defendido acorde a derecho".

Del total de los juicios, 7.050 fueron iniciados en los Juzgados de Ejecución Civil y Comercial, y en los Juzgados de Distrito Civil y Comercial mil ochocientas veinticinco 1.825. Cabe señalar que los Juzgados de Ejecución actualmente tienen competencia en asuntos de montos inferiores a $ 3500, y los Juzgados de Distrito para montos superiores.

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El concejal Roldán, de la Comisión Especial del Agua. La suma reclamada superaría los 26 millones de pesos.
 
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