CIUDAD › EL PASE A LA JUSTICIA FEDERAL DE LA CAUSA POR LA MUERTE DE PICHóN

Sospechas de intervención policial

En la audiencia de ayer, la fiscalía
coincidió con la defensa en que es un
caso de posible desaparición forzada.

 Por Lorena Panzerini

Un testimonio clave y otros elementos, avalan las sospechas de los abogados querellantes en la causa por la muerte de Gerardo "Pichón" Escobar, acerca de su presunta estadía en la comisaría 3º, una semana antes de ser hallado sin vida en el río Paraná. El dato se dio a conocer ayer, durante la audiencia de apelación para insistir con el pedido de que la causa pase al fuero Federal, y sea investigada como desaparición forzada de persona. Ayer la Fiscalía coincidió con la querella (que representa a Luciana Escobar, hermana de la víctima), en que "hay elementos" para el cambio de competencia, por "sospechas" de intervención policial. Los defensores pidieron que se rechace el planteo. En tanto, la jueza Georgina Depetris escuchó a las partes y este lunes dará a conocer su resolución. Por tratarse de una apelación, la magistrada limitió el debate a lo tratado en la audiencia de primera instancia, donde el juez Luis María Caterina rechazó el pedido. Los abogados defensores fueron los primeros en reclamar esa cuestión, para que no se hable de las nuevas pruebas. En tanto, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación incorporó un amicus curiae a la causa.

Al inicio, el abogado Guillermo Campana hizo un racconto de los hechos, y dijo que, en teoría de la querella, tras salir del boliche y ser golpeado por el patovica Cristian Vivas, Escobar fue "levantado por un móvil policial", cuestión que negó la defensa de los imputados. En tanto, Salvador Vera se refirió a la legislación nacional e internacional sobre desaparición forzada, y remarcó que para ello alcanza con que haya "motivos razonables que hagan sospechar de la participación policial".

Vera reveló el testimonio que brindó una persona que estuvo detenida en la comisaría 3ª, el día que a Escobar se lo vio por última vez salir del boliche La Tienda, de Tucumán al 1100. "La madrugada del 14 de agosto, según este testigo, se ingresó a una persona que fue golpeada, y desde entonces cambió la actitud de los efectivos de la seccional con un `engome' (término usado por la jerga para dar cuenta de restricciones a los internos), y cuando los presos preguntaron a qué se debía, los efectivos respondieron que era a causa del `quilombo que tenían por lo de Escobar'", relató. Otro elemento tiene que ver con que "el geo﷓posicionamiento de dos móviles de la comisaría 3ª no reporta información, pero tampoco se habla de desperfectos. Tardaron dos meses en entregar ese informe y resulta que no arroja datos", se quejó Vera. En tanto, un tercer elemento incorporado tiene que ver con que tres testimonios dieron cuenta de que existía "un acuerdo de los dueños del bar con la seccional 3ª y gente del Comando Radioeléctrico, que estaba autorizado de manera institucional para esa mecánica y la gestión de seguridad del local". Al respecto, Campana agregó, al terminar la audiencia, que "hay varios testimonios que indican que muchas personas eran detenidas en la comisaría 3ª, los días de apertura de boliches. Eran arrestadas, golpeadas y luego liberadas sin dar cuenta a las autoridades judiciales".

De todos modos, los abogados no pudieron explayarse sobre estos temas ante la jueza, porque los defensores objetaron rápidamente la incorporación de pruebas que no estuvieron presentes en la audiencia de primera instancia, en los que debían basarse para apelar. Sucede que aquella audiencia, en la que se rechazó el pase de la causa al Federal, se desarrolló hace dos meses y hoy las pruebas son más sólidas, sobre la sospecha de intervención de la policía.

Así también lo indicó la fiscalía, representada por Rafael Coria y Marisol Fabbro, quienes adhirieron al planteo de la querella, lo que "sorprendió" a los defensores, según expresaron. Coria recordó en el momento de la primera audiencia "no se configuraba otro delito", pero aclaró que "ello se consideró sin perjuicio de lo que podía pasar en el avance de la investigación. Ahora, eso varió y las pruebas cambiarían la calificación legal", dijo. Así, consideró que ahora "corresponde" pasar la causa al Federal. Sin embargo, tampoco pudo exponer los fundamentos ya que estaban basados en elementos nuevos que no podían mencionarse. Más tarde, Coria se refirió a esos nuevos datos, que ponen en grado de "sospecha" una participación policial en una "alta probabilidad".

En tanto, se indicó que si la jueza llegara a rechazar el planteo de la querella, ahora apoyado por la fiscalía, y determinar que no hay desaparición forzada, deberá volver a hacerse la presentación en primera instancia, donde sí se permitirá llevar todo el material que consta en el expediente.

Gerardo "Pichón" Escobar tenía 23 años y era jefe de cuadrilla de la Dirección de Parques y Paseos de la Municipalidad de Rosario. La madrugada del 14 de agosto estuvo en el bar La Tienda hasta las 5.45, cuando las cámaras de seguridad lo enfocan. De ahí va hacia calle Sarmiento, y otros jóvenes que salían del bar dijeron que vieron que era golpeado. La fiscal Fabbro recordó que las filmaciones muestran que primero el patovica le pisó la mano, luego le dio golpes de puño y rodillazos. Luego se ve que lo arrastran fuera del cuadro de la cámara. La tarde del viernes 21 de agosto, su cuerpo apareció flotando en aguas del Paraná. Días después, la autopsia reveló una "sobrevida" de alrededor de seis horas. La incógnita es dónde estuvo el joven en ese tiempo, antes de llegar al río.

En la causa, están imputados Cristian Vivas y los policías acusados de encubrimiento Luis Alberto Noya y Maximiliano Amiselli. También

César Ampuero y José Luis Carlino.

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Los abogados y los familiares de Escobar tras la audiencia que pasó a cuarto intermedio.
Imagen: Andrés Macera
 
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