Por siete votos contra dos, el Consejo aprobó la elevación del expediente al proceso de juicio político, que podría derivar en su destitución definitiva del cargo por las causales de "mal desempeño de sus funciones".

La jueza había sido beneficiada ayer con una "probation" para hacer tareas comunitarias y evitó el juicio oral por los delitos de amenazas y discriminación contra las empleadas de tránsito.

El juicio político estará a cargo del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que quedará constituido el próximo viernes cuando se sorteen sus integrantes, que serán tres abogados, tres legisladores de la ciudad y tres jueces, uno de ellos del Tribunal Superior de Justicia local. Lo primero que deberá decidir el Jurado es si suspende a Parrilli en su cargo hasta la realización del juicio, para lo que tiene un plazo máximo de 90 días.

A favor del juicio político votaron los consejeros Mauricio Devoto, presidente del cuerpo, Liliana Blasi, Nélida Mabel Daniele, Eugenio Cozzi, María Teresa Moya, Gabriel Eduardo Vega y Julio De Giovanni, en tanto el juez Horacio Guillermo Aníbal Corti y el consejero abogado Juan Pablo Mas Velez se inclinaron por aplicarle a la magistrada una sanción disciplinaria.

El Consejo designó a Vega como fiscal acusador ante el Jurado.

El plenario del Consejo realizó hoy una sesión especial para tratar el caso de Parrilli, que duró dos horas y en la que confirmó el dictamen que la comisión de Disciplina y Acusación aprobó la semana pasada: enviar a juicio político a la jueza por mal desempeño de sus funciones, al considerar que los hechos afectan la investidura que un magistrado debe tener.

El 15 de septiembre Parrilli, titular del juzgado penal, contravencional y de faltas 28 de la Ciudad, fue grabada por una cámara en la playa de infractores ubicada en el cruce de 9 de Julio y Sarmiento, mientras insultaba a dos empleadas cuando había ido a retirar su vehículo trasladado hasta allí por mal estacionamiento.

"Todas morochas, ni una rubia contratan", gritó la jueza a las empleadas a las que calificó de "tontitas" y amenazó con meterlas presas, al tiempo que se jactó de que nunca pagaba las multas.

Por el hecho, Parrilli fue denunciada ante el Consejo y acusada penalmente por el ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, Guillermo Montenegro.

En la causa penal, el fiscal Angel Carestia pidió el juicio oral y público contra la magistrada, pero el juez contravencional Norberto Circo aceptó la probation que presentó Parrilli.

La jueza deberá hacer tareas comunitarias en Cáritas, cumplir la suspensión para conducir vehículos durante un año y medio y pagar un resarcimiento de 5000 pesos para cada una de las damnificadas, Rocío Gómez y María Itatí Albe.

El fiscal Carestia apelará la aceptación de la probation ("suspensión del juicio aprueba") a la Cámara Penal, Contravencional y de la Faltas que podrá confirmarla o rechazarla y ratificar el juicio político.