18:53 › CONTRA EL “FACILISMO REPRESIVO”

Acuerdo para la seguridad democrática

Legisladores nacionales, organismos de Derechos Humanos y referentes académicos, gremiales y sociales presentaron en el Congreso un documento para sentar las bases de un "acuerdo para la seguridad democrática" que se propone una política alejada del concepto de "mano dura" para enfrentar la criminalidad.

El presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, explicó que el problema de la seguridad "se ha agravado con políticas fallidas e ineficaces" y destacó que la democracia tiene un "déficit" en el abordaje de esa problemática.

Salvo los diputados del PRO, la conferencia de prensa que se brindó en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados contó con la presencia de representantes de los principales bloques políticos. Además, el documento fue respaldado por los secretarios general de la CGT, Hugo Moyano; y de la CTA, Hugo Yasky.

El denominado "Acuerdo para una política de seguridad democrática" apunta a "sentar los principios básicos para la construcción de una política de Estado que dé respuesta a las legítimas demandas de la sociedad".

Los firmantes aseguraron en el documento su "preocupación por la reiteración de medidas autoritarias e ineficientes frente al delito y por la fuerte dosis de exclusión y violencia que domina el debate público".

Verbitsky destacó la presencia de reconocidos referentes de la vida pública en la conferencia de prensa para apoyar un decálogo para afrontar el problema de la seguridad para zafar de “la demagogia punitiva” que, dijo, elude encarar las cuestiones de fondo de la criminalidad.

"Las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática", se advirtió en el documento.

Sostiene, en cambio, que una política de Estado basada en principios democráticos "requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado".

El presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, a través de un comunicado, ratificó que "la primera obligación de la política respecto al problema de la seguridad ciudadana es hacerse cargo".

Destacó que "el Estado tiene la obligación indelegable de garantizar la prevención y represión del delito cuyos principales perjudiciales son los que menos tienen".

Entre los firmantes del Acuerdo se encuentran los diputados nacionales Ricardo Alfonsín (UCR), Ariel Basteiro (PS); Elisa Carca (CC); Victoria Donda (Libres del Sur); Claudio Lozano (Proyecto Sur), Eduardo Macaluse (SI), Martín Sabatella (Encuentro Democrático), Margarita Stolbizer (GEN), Remo Carlotto (FPV) y el senador Gerardo Morales (UCR).

También adhirieron Estela de Carlotto por Abuelas de Plaza de Mayo; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, HIJOS, el ministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, los especialistas en seguridad Carlos Arslanián y Marcelo Sain, entre otros.

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