17:15 › GRECIA

Huelgas y privatizaciones en el futuro griego

Mientras que los sindicatos convocaron a una huelga general de 48 horas para los días 6 y 7 de noviembre contra las nuevas medidas de austeridad que el Gobierno acordó con el FMI, la Unión Europea y el Banco Central Europeo, el primer ministro conservador Antonis Samarás consiguió que el Parlamento, con algunas diferencias en el bloque oficialista, aprobara de un plan para facilitar las privatizaciones de activos públicos.

Una portavoz de la confederación sindical GSEE, que agrupa a 1,5 millones de trabajadores del sector privado, confirmó la convocatoria y se espera que se una al paro la confederación ADEDY, que representa a medio millón de trabajadores del sector público.

Estas dos confederaciones también han llamado a participar hoy en una protesta contra las medidas de austeridad, además de haber convocado otra huelga general para el próximo 14 de noviembre, cuando se realizará una jornada de movilización en todo el continente europeo.

Samarás anunció ayer haber llegado a un acuerdo con la troika internacional sobre el nuevo paquete de ahorro, algo que hoy fue desmentido por un portavoz de la Comisión Europea. Pero se sabe que el acuerdo incluirá recortes presupuestarios por valor de 13.500 millones de euros, la mayoría de los cuales se aplicarán en el presupuesto de 2013, y una serie de reformas estructurales.

En ese sentido, el Gobierno griego logró hoy del Parlamento la ratificación de su plan para facilitar las privatizaciones de activos públicos, aunque en la votación se reveló que no hay consenso sobre el tema en el seno de la coalición gobernante.

La legislación aprobada este miércoles elimina el porcentaje mínimo de capital que debe tener el Estado en las hasta ahora empresas públicas y amplía hasta los 99 años el periodo en que se puede dar la concesión de un bien público a empresas privadas.

Además, otro artículo votado hoy permitirá que la decisión de las privatizaciones pueda ser tomada por TAIPED -un organismo estatal de funcionamiento independiente- sin necesidad de recibir el visto bueno del Parlamento, algo que exigían los socios progresistas del Gobierno, los partidos Pasok y Dimar.

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La legislación aprobada elimina el porcentaje mínimo de capital que debe tener el Estado en las hasta ahora empresas públicas.
 
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