18:36 › "JUSTICIA LEGíTIMA"

"No vamos a reformar ninguna constitución"

La Presidenta anunció que enviará al parlamento una serie de proyectos para "lograr una justicia democrática, no corporativa ni dependiente de los factores económicos", entre ellos el que propone que los miembros del Consejo de la Magistratura sean electos a través del voto popular. Cristina también anunció que se pondrá en debate la creación de nuevas cámaras de Casación en todos los fueros y la modificación de las condiciones para acceder al Poder Judicial, incluso mediante sorteo público. Además, la mandataria pidió el acceso público a las causas de cada juzgado y a las declaraciones juradas de todos los funcionarios de los tres poderes del Estado.

En el tramo final del discurso de inauguración de las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa, Cristina sostuvo que el eje del primero de los proyectos es la “representación popular en la totalidad de los integrantes” del Consejo de la Magistratura. “Los jueces, abogados, académicos y científicos tienen que ser votados por sus conciudadanos, en absoluta regla con lo que expresa la Constitución”, dijo la mandataria, quien agregó que “el constituyente delegó en el Poder Legislativo la forma y el número de esos consejeros. Hay que darle a ese organismo una representación popular en la que la sociedad se vea reflejada y representada”.

Además dijo que es necesario crear las cámara de Casación en lo Civil y Comercial, en lo Contencioso Administrativo y en lo Previsional y Laboral, como una tercera instancia que “aligere y pueda darle mayor transparencia al sistema”. También remarcó el interés de “democratizar el acceso al sistema judicial”, para que pueda ingresar “todo ciudadano que reúna requisitos y apruebe el examen correspondiente, a través de un sistema de sorteo público”. “Ingresar al Poder Judicial no debe ser un privilegio”, enfatizó.

Asimismo la Presidenta planteó que debe haber Registro de causas y publicidad de acceso a la información para que “cualquier ciudadano sepa cuáles son las causas que tienen los jueces y cuánto tiempo están”. Explicó que “con un sistema de software se debe poder establecer un sistema transparente”, y subrayó que “a los políticos nos cuentan las costillas, y está bien, porque estamos en el Poder Público, pero el Poder Público son los tres poderes, y los tres deben la misma transparencia”.

Por otro lado explicó que la ley para que los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias ya fue sancionada, la 24.631, por lo que aclaró que es una “decisión que deberá tomar el Poder Judicial”. “Técnicamente ya hay una ley que ha sido objeto de interpretación constitucional, la última palabra la tiene la Corte Suprema, y es la única que puede modificar su propia jurisprudencia”, informó la jefa de Estado, quien aclaró que lo enfatizaba para "evitar malos entendidos y que nadie se sienta presionado”.

Cristina indicó que enviará al Congreso de la Nación un proyecto para reglamentar las medidas cautelares que, señaló, “se han transformado en una verdadera distorsión de derecho, una fuente de injusticia, ya que detienen la administración de la Justicia sin discutir la cuestión de fondo”. Recordó los casos de Gendarmería y Prefectura, “un negocio formidable de algunos jueces subrogantes que dictan miles de cautelares y luego se declaran incompetentes”.

También recordó que fue un juez subrogante quien dictó una medida cautelar contra las antenas de TDA y después se declaró incompetente. “Tiene que haber una reglamentación, no una eliminación de las cautelares”, subrayó: "Tienen que volver a su verdadera funcionalidad dentro del sistema jurídico argentino”.

Además anunció una Ley de Responsabilidad del Estado, con el objetivo de que el “Estado no sea tratado igual que un particular”. “Necesita otro tratamiento, no privilegiado, pero tampoco castigado”, dijo y explicó que las relaciones que regula el Código Civil y Comercial, actualmente en debate, son entre privados o con el Estado como actor de derecho privado.

Finalmente anunció la Ley de Transparencia del Poder Público, para que se garantice el acceso público a las declaraciones juradas de los integrantes de los tres poderes del Estado. “Salvo la mía, nadie puede conseguir la declaración jurada de nadie”, manifestó la mandataria, y criticó que “es selectivo el conocimiento publico y el acceso a esas declaraciones”.

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