El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata dio a conocer la sentencia a cuatro y tres años de prisión, respectivamente, para los expolicías Bruno Trevisán y Jorge Rómulo Ferranti. Los hechos investigados ocurrieron en el año 1977, en el centro clandestino de detención conocido como “El Infierno”, de la localidad de Avellaneda. Por entonces, Trevisán y Ferranti se desempeñaban como jefe y subjefe de la Brigada de Investigaciones de la localidad de Lanús.

Los acusados fueron condenados por "delitos de lesa humanidad en el marco del genocidio cometido durante la dictadura cívico militar", según el veredicto que se leyó esta tarde en la última audiencia del juicio oral y público que se instruyó desde el 15 de mayo. El representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Hernán Navarro, y la abogada de los Iaccarino, Florencia Arieto, habían pedido 13 años de prisión para los dos expolicías bonaerenses. Los fiscales Hernán Schapiro y Gerardo Fernández pidieron 13 para Ferranti y 11 para Trevisán.

El tribunal -integrado por los jueces Carlos Rozanski (quien votó en disidencia), Pablo Vega y Pablo Jantus- fijó para el 10 de junio próximo, a las 16, la audiencia para la lectura de los fundamentos.

El caso Iaccarino es uno de los más emblemáticos entre los 141 que registró hasta ahora la Comisión Nacional de Valores (CNV) sobre empresarios desapoderados por la última dictadura. El 4 de noviembre de 1976, esta familia de La Plata, compuesta por un matrimonio y tres hijos varones, fue secuestrada en dos operativos simultáneos. En la capital bonaerense Dora Emma Venturino de Iaccarino y Alejandro; en Santiago del Estero, el padre Rodolfo Genaro y los hermanos Rodolfo y Carlos.

Los hermanos Iaccarino eran dueños de Constructoras Sureña Argentina SA, Ilumbras SRL, Ciatra SH, Industrias Lácteas Santiagueñas Sacifa, establecimiento agropecuario La Marta y MM El Milagro. Pasaron por ocho centros clandestinos, hasta que en "El Infierno" los llevaron al despacho del subjefe de la Brigada, Rómulo Ferranti, a reunirse con Bruno Chezzi y Vicente Antonio García Fernández, que estaban interesados en las 25 mil hectáreas que poseían en Santiago del Estero y en su avión Aerocommander Strike 500. A cambio de ello les ofrecieron anular una causa que les habían armado en el juzgado Nº 2 de La Plata. La transacción se llevó a cabo en el mismo centro clandestino. Chezzi y Fernández fueron al lugar con una escribana para suscribir la venta. El grupo Chezzi aparece entre quienes prestaban dinero a empresarios y con fuertes vínculos con el aparato represivo.

El fallo fue considerado "insuficiente" por los hermanos Carlos y Alejandro Iaccarino y por la fiscalía federal de juicio y la querella que representa a la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, quienes adelantaron que recurrirán la sentencia. El fiscal Hernán Schapiro dijo a Télam que las vejaciones "son una figura menos severa que la de tormentos en cuanto a su intensidad" y ratificó que la fiscalía "tenía una posición clara en cuanto a que los hermanos Iaccarino venían siendo torturados en el Coti Martínez y su estadía en la Brigada de Lanús era una prolongación de ese circuito de tormentos".

La condena fue calificada como "una injusticia" por Alejandro Iaccarino quien aseguró que no le encuentra explicación a la decisión de los jueces. "Como hombres normales y comunes vemos que hay una terrible injusticia que se da luego de haber presentado durante más de 30 años la prueba que hemos hecho y que es irrefutable", dijo luego de escuchar el veredicto que se dictó hoy en La Plata.

En igual sintonía se pronunció su hermano Carlos, quien aseguró que "uno espera que la justicia sea algo que tenga relación con el daño que hemos sufrido". "No me siento para nada identificado con que esto sea una solución a los daños que sufrimos y menos a la perdida de de mi hermano, mi madre y padre que durante más de 30 años sufrieron el silencio de los juzgados y, en estos últimos 10 años, vemos que se han quedado atrás con lo que uno esperaba", agregó.