La iniciativa -uno de los principales planes de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y resistida por la izquierda mexicana- pasó ahora a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo espera poder aprobarla antes del domingo que viene, cuando termina el período ordinario de sesiones. La controvertida norma recibió 95 votos a favor de las bancadas del PRI y el PAN y 28 en contra del PRD y el Partido de los Trabajadores (PT).

Antes de la votación, el senador del PRI René Juárez Cisneros manifestó que lo que estaba en juego era "la responsabilidad histórica" de convertir al sector en "palanca del desarrollo nacional" y "aumentar la renta petrolera en beneficio de los mexicanos". La reforma, que modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, recibió cambios de último momento que introdujeron el PRI y el PAN en el dictamen para permitir que las empresas mineras que operan en el país -en su mayoría canadienses-, puedan explotar el petróleo y gas, asociados a los yacimientos de carbón u otros minerales que formen parte de la concesión que se les haya asignado, consignó el diario La Reforma.

Los cambios al artículo 27 posibilitan la celebración de contratos de riesgo, incluidas concesiones con compañías petroleras internacionales, y los del artículo 28 eliminan el carácter estratégico a la refinación de petróleo, la producción de gas y la generación de electricidad. En el artículo 25 se crea un nuevo estatus para Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que pasan de entidades paraestatales a "empresas productivas del Estado".

Si la ley es aprobada tal cual salió del Senado ambas empresas competirán por los contratos con las trasnacionales, y para ello deberán demostrar en un plazo de 90 días que "cuentan con las capacidades técnicas y financieras y de ejecución necesarias para explotar y extraer los hidrocarburos de forma eficiente y competitiva". Se estableció que a más tardar en dos años Pemex y CFE deberán reconvertirse en "empresas productivas del Estado", cuyos titulares podrán ser libremente removidos por el presidente de la República.

El PRI asegura que la reforma es "visionaria", "valiente" y "legítima", e "indispensable para modernizar a México". En tanto, la mayoría de los senadores del PAN respaldaron la iniciativa, pero otros, como Javier Corral, se opusieron por considerar que iba "en sentido contrario" a lo acordado en materia energética en el Pacto por México, que ya perdió a uno de sus tres signatarios, el izquierdista PRD.

"Lo que mal empieza, mal acaba", lamentó la senadora del PRD Dolores Padierna, una vez conocida la aprobación en general de la polémica reforma sin que, a su juicio, hubiera suficiente discusión en las comisiones del Senado. David Monreal, del Partido del Trabajo, por su parte, lamentó que la reforma no haya superado "algunas de las pruebas que la democracia participativa directa ha diseñado para modificar aspectos fundamentales de la Constitución, como la consulta popular, el plebiscito o el referéndum".

El PRD, el mayor partido de izquierda de México, apuesta a la celebración de una consulta popular en las elecciones de 2015 para revocar la reforma energética, dado que carece de los votos necesarios para detenerla en el Legislativo.