De acuerdo con los cálculos del oficialismo, la Cámara baja convertirá en ley en las primeras horas de mañana el proyecto que declara de interés público la reestructuración de la deuda realizada en 2005 y 2010 y el pago soberano local, que contempla al 100 por ciento de los tenedores de títulos públicos de la República Argentina, en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables.

El debate fue abierto poco antes de las 14 por el presidente de la Comisión de Presupuesto, Roberto Feletti, quien pidió que haya "un voto masivo" para el proyecto "para preservar el proceso de reestructuración de la deuda realizado en el 2005 y 2010" y señaló que el endeudamiento que sufrió el país "fue un condicionante de la democracia". Además recordó que las reestructuraciones realizadas desde la restauración democrática generaron "un mayor endeudamiento" y terminaron siendo "un condicionante de las políticas públicas". "No hay ninguna duda -agregó Feletti- que este proceso de reestructuración de deuda permitió que ingresen el 92 por ciento de los bonistas" y que "liberó al Estado de la cadena de la deuda".

Previo al inicio de la sesión, el presidente de la Cámara, Julián Domínguez, renovó su pedido a la oposición para que acompañe la propuesta y señaló que el país está “ante un hecho que marca la agenda del mundo y la organización de los Estados”. Domínguez consideró que los legisladores deberán elegir entre la posición de los “buitres o la posición que la Argentina le ha planteado al mundo y que en el día de ayer logró el apoyo mayoritario en Naciones Unidas”.

El kirchnerista Eric Calcagno reivindicó la reestructuración de la deuda realizada en 2005 y 2010 y pidió “tener cuidado con los buitres de afuera, pero también con los caranchos mediáticos y algunos chimangos que andan por ahí, sin entrar en demasiada zoología política”.

Desde la oposición, el radical Enrique Vaquie, el massista Felipe Solá, el macrista Pablo Tonelli, el economista de Unen, Martín Lousteau, el socialista Juan Carlos Zabalza, y Claudio Lozano, de Unidad Popular, se pronunciaron con argumentos diferentes en contra del proyecto oficial.

Vaquie argumentó que la UCR se opone porque "es innecesario" y dijo que con esta iniciativa "le están haciendo un favor al Bony (Banco de Nueva York) y al juez (Thomas) Griesa". En tanto, Solá insistió con la necesidad de tratar el proyecto que presentó el Frente Renovador al considerar que "es una propuesta integral" que planea soluciones para que los bonistas "puedan cobrar", incluso que se incorporen aquellos que "no ingresaron en los canjes 2005 y 2010". "Aquí no están en discusión los canjes 2005 y 2010 pero tenemos que discutir el problema integral de la deuda fuera del lema Patria o buitre", agregó el exgobernador bonaerense.

Tonelli pidió que la Argentina cumpla con la sentencia del juez Griesa al afirmar que "acá lo que tiene que hacer el país es acatar el fallo porque eso es lo que impone el sistema jurídico internacional". A su turno, el economista del PRO Federico Sturzenegger dijo que el proyecto oficial "no resuelve el problema del default, no ayuda a los bonistas reestructurados -muchos de los cuales no pueden aceptar un canje de legislación- y pone en riesgo la reestructuración de la deuda 2005 y 2010".

Zabalza, poe su parte, reafirmó que su bancada está en contra del proyecto de pago soberano de la deuda y cuestionó que el gobierno "haya acepta la sede de Estados Unidos sin la participación del Congreso Nacional". En la misma sintonía se expresó en contra Lousteau (UNEN), quien consideró "innecesaria" la iniciativa porque el propio "contrato está facultado para nombrar otro fondo fiduciario" y "no resuelve el problema del bloqueo de los fondos de los bonistas reestructurados".

Lozano, de Unidad Popular, volvió a insistir en la necesidad de establecer "cuál es la deuda legítima", cuestionó que se "siga emitiendo deuda bajo legislación extranjera" y dijo que este conflicto "se puede solucionar convocando a una asamblea de bonistas".