"Lo único que se ha podido comprobar en forma fehaciente fue la ocupación del Parque Indoamericano y que éste pertenece al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (…), que el 6 de diciembre hubo un desalojo y que el 8 hubo una nueva ocupación violenta", sostuvo la jueza Lara.

Al hacer una breve justificación del veredicto, cuya lectura completa se realizará el 10 de noviembre a las 9, la magistrada remarcó que el reclamo por el derecho a la vivienda estuvo presente en todos los testimonios y sostuvo que "existe una falta de políticas públicas que garanticen este derecho, que debe ser atendido, debatido y resuelto por las áreas de Gobierno que corresponda como forma de prevención".

En referencia al derecho de protesta, indicó que "no se pone en duda el valor de éste sobre todo para los sectores más marginales, pero esto no puede ser una carta blanca para cometer delitos (…) lo que sucedió en el Indoamericano constituye el delito de usurpación, pero no se han dado pruebas para ponerlo en la cabeza de Pérez Ojeda y Nardulli".

El Parque Indoamericano fue tomado la noche del 6 de diciembre de 2010. En un intento de desalojo, durante la represión de la Policía Federal y la Metropolitana, fueron asesinados Bernardo Salgueiro, de 22 años, y Rosemary Churapuña, de 24. Unos treinta jefes y oficiales de ambas fuerzas cuentan con falta de mérito y están siendo investigados por esa causa.

"Este es un triunfo popular, pero es parcial porque todavía siguen impunes los asesinatos de los compañeros del Indo, entonces nosotros seguiremos luchando hasta que haya justicia", sostuvo a la agencia Télam Nardulli tras conocer la sentencia. En tanto Pérez Ojeda añadió: "Esta sentencia es una victoria de todas las organizaciones sociales para que sigamos reclamando por nuestros derechos, porque lo que se intentó con nosotros fue dar una lección para que la gente no se organice y no reclame por sus derechos".

"Nos sobreseyeron dos veces y la fiscalía siguió insistiendo. Fueron cuatro años de mucho sufrimiento, de mucho dolor para nuestras familias. Y lo peor es que nada ha cambiado en nuestra villas, siguen sin estar urbanizadas, los nenes siguen contaminados, no cumplen con la ley de urbanización que había para la villa 20 y nadie está en el banquillo por eso", sostuvo Pérez Ojeda.

En la denuncia inicial por la causa de usurpación también se incluía a Alejandro Salvatierra, delegado de Villa Soldati, Noemí Ruejas y Berta Revilla, del barrio Los Piletones, y Antonio Chancalay, representante de la Villa 20. Salvatierra y Ruejas evitaron el juicio con un acuerdo en el que se comprometieron a realizar tareas comunitarias (una probation), en tanto que Revilla y Chancalay fueron sobreseídos en la etapa sumarial.

"Nosotros no aceptamos la probation porque era traicionar a la familia de los compas asesinados, era aceptar que habíamos cometido algún delito, y nosotros no cometimos ningún delito. Sólo somos culpables de habernos solidarizado con los que menos tienen, de asumir un compromiso con ellos", sostuvo Nardulli ante el tribunal antes de conocer la sentencia, visiblemente emocionado.

Afuera, una nutrida movilización convocada por la Corriente Clasista Combativa (CCC) y por el Frente Popular Darío Santillán festejaban el veredicto en la esquina de Tacuarí e Hipólito Yrigoyen y reivindicaban las absoluciones como "una victoria popular".