Llorenti, embajador de Bolivia ante la ONU, encabezó la apertura de la primera sesión de trabajo. Minutos antes, en el inicio de la discusiones, el diplomático boliviano fue elegido presidente del Comité ad hoc de la Asamblea General que llevará adelante las conversaciones destinadas a elaborar la convención.

La resolución aprobada el 9 de septiembre “marca un antes y un después en el debate” de la comunidad internacional, afirmó LLorenti y planteó la necesidad de “crear un marco jurídico que facilite la reestructuración ordenada de las deudas soberanas” que a su vez “permita restablecer la viabilidad y el crecimiento equitativo” de los países.

“Es de especial importancia que haya una solución eficaz, completa y duradera al problema de la deuda de países en desarrollo” a fin de posibilitar su “desarrollo inclusivo”, agregó el diplomático, quien se desempeñó hasta los primeros días de enero como titular del G77+China, y tuvo a su cargo la presentación de la moción impulsada por el grupo a partir del caso argentino.

La primera de lo que serán tres jornadas consecutivas de trabajo en la sede de la ONU contó hoy con la exposición del exministro de Economía colombiano y actual profesor de la Universidad de Columbia, José Antonio Ocampo. El experto señaló que “la reestructuración de deuda es un mecanismo esencial para el funcionamiento de todas las economías modernas” que viene siendo aplicado desde hace muchos años, pero que ahora plantea una cuestión principal dada “por los problemas creados por las decisiones de los tribunales de Estados Unidos”, como se dio en el caso argentino, “que crearon grandes obstáculos a una de las reestructuraciones más exitosas de la historia”.

Durante la reunión, la Argentina presentó su propuesta para el establecimiento de un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de deudas soberanas. Comprende el establecimiento de un Mecanismo de Reestructuración de Deuda Soberana y la constitución de una Comisión de Supervisión integrada por tres Estados que participarían de forma voluntaria, lo que permite el compromiso de la comunidad internacional en aspectos claves del proceso de reestructuración de deuda soberana.

En el texto, la misión argentina ante la ONU explicó que "la falta de un adecuado marco legal multilateral para procesos de reestructuración de deuda en el sistema financiero internacional permitió que un pequeño grupo de fondos altamente especulativos y litigioso tramaran estrategias abusivas a fin de colectar beneficios extraordinarios, al bloquear esfuerzos legítimos de Estados soberanos para encontrar soluciones eficientes, equitativas, legales y sustentables a sus crisis de deudas".

Entre otros beneficios, sostuvo la delegación, un nuevo marco legal garantizaría la uniformidad de criterio y sus resultados, en un proceso más predecible y legalmente seguro para los Estados que reestructuren su deuda, para sus acreedores y para la comunidad internacional.

El planteo argentino establece un período de tiempo máximo durante el cual el proceso de reestructuración debe ser completado, para asegurar una rápida solución; obliga a los Estados a cumplir con los principios y reglas establecidos en el marco legal que de otra manera sería voluntario; y facilita medidas cautelares que detienen ("stay") procedimientos jurisdiccionales, según el texto oficial.