El defensor general solicitó que se apliquen "protocolos de actuación del Ministerio Público Fiscal, tendientes a recabar información de las personas antes de desalojarlas y que se exija al Gobierno de la Ciudad que se garanticen los derechos económicos y sociales de las personas involucradas como paso previo indispensable a cualquier medida policial".

De este modo, requirió que "se articulen instancias de diálogo y negociación entre el Gobierno de la Ciudad y los habitantes que eviten más peligro para vidas humanas y que tengan como eje central la resolución de la cada vez más grave problemática de la falta de vivienda".

Una presentación similar fue realizada por el Observatorio de Derechos Humanos (ODH) de la Ciudad para "preservar la vida, la integridad física y la salud de las personasafectadas". En su presentación, la ODH expresó: "Denuncia y repudia las muertes, la violencia y el accionar de las fuerzas de seguridad en contra de familias que tienen sus derechos básicos vulnerados y plantea la urgencia de trabajar en políticas públicas para solucionar los problemas habitacionales de esta ciudad"